El liderazgo de la Concertación debiera explicarle a sus bases y al país el porqué -además de buscar la impunidad penal, moral y política de quiénes cometieron o encubrieron crímenes contra la humanidad, de acuerdo al Informe Rettig- sus gobiernos pretendieron distorsionar el hecho de que las instituciones armadas, el Poder Judicial y la derecha más afín a Pinochet le negaron validez a dicho Informe.
Recordemos que el entonces Presidente Aylwin le pidió “solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan participado en los excesos (sic) cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo” (Edgardo Boeninger.-Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 404). Frente a ello, el Ejército expresó que “en aras del prestigio y dignidad elementales de la institución, manifiesta su fundamental discrepancia con el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y le niega tanto validez histórica como jurídica” y que por lo tanto, “no ve razón alguna para pedir perdón por haber tomado parte en esta patriótica labor”; agregando desafiantemente que “el Ejército de Chile declara solemnemente que no aceptará ser sentado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados, por haber salvado la libertad y la soberanía de la patria” (La Epoca; 28-3-1991).
A su vez, la Armada descalificó también la generalidad del Informe “por su falta de rigor”, concluyendo que “dicho documento contiene diversas apreciaciones, incurre en distintas omisiones y formula determinadas conclusiones y recomendaciones con las cuales no es posible coincidir”. Además, objetó las propuestas destinadas a “reivindicar el nombre y la dignidad de los afectados a través de la perpetuación de sus nombres y recuerdo en monumentos, parques y otras efemérides (…) lo que podría contradecir esencialmente los conceptos de reconciliación, perdón y olvido que deberían caracterizar esta etapa del proceso histórico chileno” (La Epoca; 28-3-1991). Asimismo, tampoco pidió perdón a los familiares de las víctimas ni al país por el daño realizado.
Por otro lado, Carabineros descalificó más mañosamente el Informe al describirlo como “un intento serio, pero incompleto, para contribuir al establecimiento global de la verdad, sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en un período acotado”. Además, señaló que “no se puede obviar el mencionar que el informe pretende establecer ‘la verdad’ y bajo tal condición ha sido divulgado nacional e internacionalmente, provocando grave daño a las instituciones afectadas”. Cuestionó también diversas recomendaciones de la Comisión en orden a prevenir futuras violaciones que, “sin poner en duda sus buenos propósitos, significan coartar el accionar policial, especialmente el preventivo”. Entre ellas se refería a la de poner fin a la facultad de detención por sospecha, la de privar de todo valor probatorio las confesiones extrajudiciales y la de incorporar en los planes de estudios de Carabineros “asignaturas o contenidos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario”. Por último, en lugar de pedir perdón, señaló que “resulta poco objetivo, sesgado y difícil de aceptar que grupos violentistas y personas que cometieron reiteradas violaciones a los derechos fundamentales, que propiciaron en forma abierta la lucha armada en Chile, que alentaron la guerra de guerrillas y que pretendieron introducir en nuestro país el mayor cargamento de armas que se tenga noticia en América Latina, aparezcan hoy como víctimas inocentes de una represión que es presentada como inmisericorde y brutal” (La Epoca; 29-3-1991).
Por último, la Fuerza Aérea reivindicó “los ideales que inspiraron el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973” justificándolos en base al análisis de la polarización política previa que había efectuado el propio Informe Rettig. Además, de manera críptica señaló que “lamentamos hoy, como lo hemos lamentado siempre, toda pérdida de vida humana. Las víctimas civiles y militares de esta desafortunada etapa representan un testimonio de extremo sentimiento para nuestra conciencia, con las consecuencias de dolor que acarrea para una nación el abandono de una convivencia regida por la razón, que obliga al empleo de la fuerza” (El Mercurio; 9-3-1991). Y tampoco pidió ningún perdón ni a los familiares de las víctimas ni al país.
Increíblemente, el Presidente de RN, Andrés Allamand, expresó “que lo más destacable en las declaraciones de las instituciones armadas sobre el Informe Rettig es que se advierte una clara voluntad de reconciliación” (La Tercera; 30-3-1991). Por el contrario, el Presidente de la UDI, Julio Dittborn, afirmó que “el coincidente rechazo que provocó en el Ejército y la Marina el Informe Rettig evidencia que ese documento no representa la verdad completa y equilibrada acerca de los hechos acaecidos en el país, sino que constituye sólo una parte intencionada y superficial de ella, desfigurando la realidad integral”; concluyendo que tal informe “no es un documento adecuado para transformarse en la verdad común ni menos en la verdad oficial respecto a los problemas de derechos humanos vividos en el país” (La Nación; 29-3-1991).
La Corte Suprema sacó también un duro pronunciamiento en contra del Informe, acusándolo de “apasionado, temerario y tendencioso” y de ser el producto de una “investigación irregular y de probables juicios políticos, que termina por colocar a los jueces en un plano de responsabilidad casi a la par con los propios autores de los abusos contra los derechos humanos” (La Epoca; 16-5-1991).
Ante todo ello la reacción del Gobierno no pudo ser más insólita. Así, luego de un Consejo de Gabinete, el Ministro Enrique Correa declaró en su representación que “la verdad entregada por el informe sigue siendo una verdad incontrovertida” y que “consideramos que institucionalmente el debate ha llegado a su fin” (La Epoca; 29-3-1991). Y luego, en el Mensaje ante el Congreso Pleno del 21 de mayo, Aylwin señaló que “las observaciones y comentarios que a ese informe han formulado respetables instituciones y personas, no desconocen la verdad de los cruentos hechos que el mismo establece, sino que se refieren a las circunstancias en que ocurrieron y que podrían explicarlos” y, por tanto, que “la aceptación de esa verdad, compartida por la comunidad nacional, removerá un motivo de disputa y división entre los chilenos” (La Nación; 22-5-1991).
Es decir, el gobierno de la Concertación no solo consagraba una total impunidad penal, moral y política de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de la dictadura; sino que terminaba conformándose con el completo desconocimiento de la verdad y con la nueva afrenta pública a las víctimas y al país de que hacían gala varias de las instituciones que habían practicado, encubierto o cohonestado el terrorismo de Estado por más de 16 años…