El martes 19 de junio, el gobierno anunció el ingreso al Congreso del proyecto de ley que reajusta el salario mínimo en un 5%, hasta $191.000, desde los $182.000 actuales. El envío de la propuesta se hizo pese a que la CUT había demandado $250 mil y a que, varias organizaciones políticas, habían señalado la necesidad de entregar un aumento sustantivo. Incluso, Renovación Nacional de la coalición de gobierno había propuesto llevar el salario mínimo a $ 200 mil.
Considerando el pobre incremento propuesto, los partidos de oposición en la Cámara de Diputados concordaron en rechazar la idea de legislar, lo que ha puesto al Gobierno en una difícil situación. Por primera vez en décadas se corre el peligro de que una administración no pueda hacer aprobar el tradicional incremento, pues requiere una mayoría de 2/3 en el Senado para revertir el rechazo en la Cámara de Diputados.
Varios problemas han quedado en evidencia. El primero, la existencia de fuertes diferencias de criterio al interior del Gobierno. La proposición gubernamental y la divergencia expresada por Renovación Nacional permiten observar las dificultades de la coalición de gobierno para concordar en la propuesta que se le hace al Congreso. Más aún, el Ministro Larroulet identificado con frecuencia con la UDI, ha tratado la proposición de Renovación Nacional como no seria. En segundo lugar, la propuesta gubernamental deja en evidencia la falta de conducción política en el Gobierno al verse permanentemente tironeada por los distintos actores que tienen influencia en la toma de decisiones. Pues no calza el aumento propuesto del salario mínimo, con la estrategia desarrollada de captar para la alianza gubernamental a los sectores más pobres del país. En efecto, la eliminación parcial del 7% de la contribución de salud de los jubilados, la universalización del postnatal y el bono recientemente anunciado no son consistentes con la magra propuesta de aumento de salario mínimo. Es probable que esta discusión incida negativamente en lo que parecía un quiebre de tendencia al aumentar, según la última encuesta, de Adimark la aprobación del gobierno entre los grupos “D” y “E”.
El traspié del Gobierno abre la oportunidad a los partidos de oposición representados en el Congreso Nacional de imponer al Gobierno un incremento significativo y acorde con una redefinición del salario mínimo y con una mirada de largo plazo. En relación con lo primero, el salario mínimo debe fijarse a partir de lo que la sociedad considera que debería ser el mínimo que un trabajador debería recibir. Se trata en consecuencia de una decisión política soberana que constituye una señal que obliga a las empresas y que orienta al resto de las decisiones del Gobierno y del Banco Central. Para el gobierno implica entre otras consideraciones, la necesidad de implementar políticas de apoyo a las empresas pequeñas que se vean afectadas negativamente por esta decisión. Para el Banco Central, implica neutralizar los posibles efectos inflacionarios de la medida indicada. En relación con lo segundo, la propuesta de la CUT no es sostenible. Sin embargo, si se toma en serio la desigualdad de ingresos y la desigualdad extrema de oportunidades que caracteriza al país, los partidos de oposición deberían proponer al gobierno concordar con el movimiento sindical un cronograma de aumento del salario mínimo para los próximos 3 a 5 años que lo lleve a los niveles reales que planteó la iglesia católica hace algunos años (el llamado salario ético que en pesos del 2007 alcanzaba a 250 mil pesos y que en la actualidad se ubica en torno a los 280 mil pesos) para lo cual el aumento en el presente año debería llevar el salario mínimo a una cifra de entre 200 mil y 205 mil pesos.
*Economista, investigador del Barómetro de Equidad