El acuerdo alcanzado por La Polar y Fundación Chile Ciudadano en días pasados, hecho a expensas de los consumidores, ha puesto de relieve los grandes defectos que tiene el actual sistema para defender a los consumidores de los abusos del mercado.
El acuerdo implica que la compañía, acusada de realizar repactaciones automáticas, con grave perjuicio a los consumidores y de falsear burdamente su información contable, por más de diez años, y afectando también a los trabajadores afiliados a las AFP ha tenido facilidades y condiciones preferenciales al conseguir un acuerdo con Fundación Chile Ciudadano y SERNAC, en una operación de rescate inédita por la forma como se procedió. No se conocía de una organización que se dice defender a los ciudadanos, se prestara para una operación de este tipo, que de paso le aseguró cobrar 100 millones antes que los consumidores tengan alguna devolución. Felizmente la magistrada del primer Juzgado civil que lleva la causa rechazó este acuerdo extrajudicial que incluía un total de 800millones de pesos como costas , que dejaban de percibir los consumidores.
Esta situación tiene varios orígenes.
El más importante es que las llamadas demandas colectivas y los correspondientes juicios de indemnización en los tribunales civiles tiene una tramitación tan larga, que el primero de ellos, el iniciado por Conadecus por los cobros abusivos a las libretas de ahorro a la vista del BancoEstado va a cumplir ya 8 años y aún no está en tabla en la Corte Suprema para fallar un recurso de casación presentado por BancoEstado.
En esta misma materia, se ha hecho común que una vez presentada una demanda colectiva por uno de los habilitados legalmente , el Sernac o una Asociación de Consumidores.(AdeC.) , se sumen a la demanda cientos de demandas individuales, patrocinadas por abogados que buscan tener ingresos por costas .Con eso se desvirtúa el principio de la demanda colectiva que comprende a todos los afectados sin necesidad de hacerse parte; queda así la sensación, que las denuncias son un negocio personal de ciertos abogados y no un procedimiento legal de defensa de los afectados.
Pero no se puede dejar de mencionar, que la situación real de las AdCs. es realmente muy deficiente..
Por un lado, al modelo propuesto originalmente de tener algunas asociaciones grandes y especializadas se lo cambió a un sistema atomizado en que ya se acercan a 100 las instituciones habilitadas legalmente, aunque son muy pocas las que funcionan regularmente. Es urgente cambiar la ley a objeto que sólo se autorice una Asociación de Consumidores por región y no más de dos o tres en la RM.
La creación del Fondo Concursable que ha permitido sobrevivir a las AdC. tiene también grandes defectos. Permite a las asociaciones presentar proyectos que les financien las actividades adicionales a su existencia , pero no les financian su gastos operativos regulares , es decir , arriendo de locales , remuneraciones de profesionales , cuentas de comunicación , etc . Además la ley prohíbe el financiamiento por el fondo concursable de acciones para defender a los consumidores en tribunales mediante demandas individuales o colectivas, que es donde los consumidores enfrentan la mayor desprotección y desigualdad ante la ley. Debido a estas limitaciones, muchas Asociaciones se constituyen con el solo objeto de presentar uno o dos proyectos al año, y sus recursos se dedican principalmente a financiar el honorario de un directivo, que no realiza otra actividad en el resto del año.
Cabe destacar que la autonomía de las AdeC. q ue fuera garantizada por la ley que creó el Fondo y estableciera la prohibición de recibir donaciones vinculadas a proveedores de bienes o servicios, no está siendo respetada. Por una parte porque el Gobierno tiene una clara mayoría en el Consejo que administra el Fondo y porque también ha habido intentos de influir en algunas AdCs. mediante donaciones hechas directamente a sus directivos como personas, condicionando estos aportes a ciertas limitaciones en su funcionamiento.
Todo este panorama, indica la urgente necesidad de proceder a una revisión del sistema para superar las limitaciones que están directamente influyendo en la tardía defensa de los derechos de los consumidores y en el desprestigio de esta importante acción de la sociedad civil, que complementa el buen funcionamiento del mercado
*ex presidente y fundador de Conadecus.