La mayor complicación para el Ejecutivo en estos momentos sería la inflación, opinó Hernán Frigolett de Nueva Economía y sería lo que estaría incidiendo en el bajo apoyo al gobierno mostrado por la encuesta Adimark del mes de abril.
Para el economista, habría un “predominio de lo estructural por sobre lo coyuntural, ya que tal vez el panorama inflacionario sea un elemento clarificador al momento de entender el descontento social que causa perplejidad para el Ejecutivo, que observa buenos resultados en el contexto de resultados económicos y de incremento del empleo”.
Un ejemplo de esto sería el caso de Aysén, donde el costo de la vida irrumpe como el elemento en el eje del conflicto que se presenta como más agudo que en el promedio del país producto de la condición de aislamiento de la región.
Frigolett dice que “la inflación del año se explica por un conjunto muy acotado de productos alimenticios, y por la canasta de servicios regulados por el Gobierno y la presión ejercida por el sector regulado se mantiene constante a lo largo de 2011, y representa prácticamente el 40% de la inflación global acumulada. Sin embargo, al agregar la inflación que afecta a los alimentos, prácticamente el 80% de la inflación queda explicada, como también la sensación de disconformidad de la ciudadanía que obtiene sus ingresos del mercado laboral.
Incluso, en el caso de los alimentos, las variaciones de precio se han centrado en productos muy sensibles en la canasta de consumo.
Según información recogida del INE, son tres los productos alimenticios de consumo muy masivo (pan, carne de vacuno y las papas) que explican un tercio de la inflación en el grupo de alimentos que, agregada a la originada en productos regulados, explican casi 60% de la inflación del año 2011, con lo cual sólo 30 productos son los que castigan el presupuesto familiar.
Por otro lado, en el ámbito laboral los desequilibrios no sólo se refieren al nivel o la tasa de desempleo, sino que además se produce insatisfacción con las remuneraciones medias que se perciben como bajas en el contexto del empleo asalariado.
El economista, vislumbra que “el discurso empresarial que ha sido de contención de las compensaciones para preservar el empleo y por esta vía incrementar los ingresos de los hogares, ya no se sostiene tal como acontece con lo que se estipula en el convenio de cierre del conflicto de Aysén, cuando se genera una situación que reduce los precios de toda la canasta de consumo en la región, lo cual veladamente constituye un incremento de las remuneraciones reales a costo fiscal por la vía administrativa.
Frigolett expresa que “esta es la vía por la cual parece enfrentarse el problema salarial del sector público con propuestas realizadas silenciosamente con fórmulas tales como la de aplicar honorarios y contratas con compensaciones más elevadas y más aún, las propuestas de retiro que están en boga, realizan una mezcla entre pago de indemnización complementado con un cambio contractual con pago a contrata con mayor renta y aporte a los fondos previsionales.
“El esquema no es una solución estructural a la imposibilidad de retiro de la administración pública, y seguramente generará un foco futuro de resistencia y de movilización de los trabajadores”, añadió el economista.
En el ámbito laboral se visualizan dos problemas. Primero, el siempre se ha centrado en las rigideces de la ley laboral en términos de costos de despido debido a la indemnización existente, cuando en la práctica siempre es una negociación con alto costo para el trabajador y en segundo lugar, está la utilización de las retenciones previsionales para financiar el capital de trabajo de la empresa, y no se pone el énfasis en la expropiación de renta, que genera además un perjuicio patrimonial al fondo de retiro del trabajador, práctica que perdura en el tiempo y con una deuda previsional impaga que se incrementa sostenidamente.
Frigolett sostiene que “el sistema de seguro de desempleo también ha sido parte de una política laboral que no atiende a los trabajadores asalariados en forma integral, porque el Estado se autoexcluye del sistema que ideó para brindar protección social anticíclica, y sus formas contractuales están completamente al margen de lo que pregona como estándar para el sector privado”.
Finalmente, para el economista “hoy no se puede decir que en contrapartida se ofrece inamovilidad porque, las contratas y los honorarios son las formas contractuales predominantes en toda la institucionalidad fiscal”.