“Una Ley Antidiscriminación comprensiva permitirá que la legislación chilena se alinee adecuadamente a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país”, señaló Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile, quien fue invitada, junto a representantes de otras organizaciones, a la discusión sobre la Ley Antidiscriminación en la Comisión Mixta del Parlamento.
Sin embargo, Ana Piquer señaló que “no nos satisface completamente el texto que está resultando de la discusión parlamentaria, pues es reducido e insuficiente para dar una adecuada protección contra la discriminación en Chile. El Congreso podría estar perdiendo una oportunidad de asumir su responsabilidad en el respeto y cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos asumidas por el Estado de Chile”.
“Los principales puntos de relevancia para Amnistía Internacional han quedado fuera de la tramitación legislativa y en su mayor parte no están sometidos a discusión de la Comisión Mixta, por lo que su mejora dependerá de los vetos presidenciales comprometidos por el Ministro Andrés Chadwick y su tramitación posterior” señaló Ana Piquer.
Amnistía Internacional ha reiterado en distintas ocasiones que esta ley debiera considerar medidas preventivas y la obligación del Estado de implementarlas. “Hacemos un llamado al Ejecutivo a incluir esto en los vetos; pues, el hecho que la ley se limite a establecer un recurso judicial para reclamar sobre actos discriminatorios, cubriría sólo parcialmente los aspectos garantizados por la normativa internacional en esta materia”, señaló Ana Piquer.
Otro punto que es importante incluir en la Ley Antidiscriminación son las categorías de sexo, orientación sexual e identidad de género. La inclusión expresa en esta ley colaboraría a su mejor protección. Esto debiera hacerse tanto en la protección general, como en la disposición sobre agravantes a la responsabilidad penal.
Amnistía Internacional valora profundamente el que se hayan incluido ambos puntos en la lista de categorías protegidas por el artículo 2 del actual proyecto de ley, lo cual ya ha sido aprobado por ambas cámaras. Esto está en línea con los compromisos adoptados por el Estado de Chile en el contexto del Examen Periódico Universal y las recomendaciones para Chile del Comité de Derechos Humanos.
Sin embargo, en caso de incorporarse una agravante penal por delitos cometidos con motivos discriminatorios – materia que sí está sometida a discusión de la Comisión Mixta – debiera incluir las mismas categorías protegidas por el artículo 2, incluyendo tanto la orientación sexual como la identidad de género. Esto es relevante destacarlo porque en el proyecto aprobado por el Senado, la identidad de género había sido excluida de las categorías protegidas por la agravante penal, lo cual resulta contradictorio considerando que la comunidad transexual y transgénero es una de las más vulnerables a delitos violentos en su contra.
Amnistía Internacional señala además que esta ley no debe establecer disposiciones que contradigan a la misma norma, o categorizar o calificar derechos a priori.
En el ejemplo relativo a los delitos sexuales en la disposición del inciso segundo del artículo 2 trasciende un prejuicio persistente respecto de las personas en razón de su orientación sexual, e incluirlo en una ley que busca evitar la discriminación en su contra resulta cuando menos contradictorio. Es lamentable que su inclusión en la ley haya sido aprobada por ambas cámaras y resulta valorable el veto propuesto por el ejecutivo para eliminarlo del texto legal, lo cual esperamos que se cumpla.
“Sin embargo, manifestamos también nuestra preocupación al hecho que ambas cámaras aprobó el contenido del inciso 3 del artículo 2, el cual establece en la práctica una suerte de jerarquización de derechos que podrían hacer que la ley se vuelva inaplicable. A juicio de Amnistía Internacional, el veto propuesto por el ejecutivo no es suficiente para resolver esta preocupación.”
“Es cierto que una ley no eliminará de la noche a la mañana la discriminación de que son objeto determinados grupos de personas. Sin embargo, contar con una ley completa, que incorpore los puntos antes indicados, permitirá que Chile avance hacia el cambio cultural necesario para erradicar la discriminación en el país; dando, además señales claras de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, concluye Ana Piquer.