El dictador argentino Jorge Rafael Videla, en el libro Disposición Final del periodista Cerafino Reato, confiesa, por primera vez, el por qué de la política de desaparición forzada de personas llevadas a cabo por su régimen:
“Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas ante la justicia, ni fusiladas, de manera que no fuera evidente, que la sociedad no se diera cuenta ni esto pudiera provocar protestas dentro y fuera del país”. Reconoce que esto ocurrió con cerca de ocho mil personas aún cuando los familiares de las víctimas y los organismos internacionales de derechos humanos consignan que en Argentina fueron eliminados por el régimen de Videla cerca de cuarenta mil.
Esta confesión del ex dictador, condenado por la justicia de su país a cadena perpetua, es significativa porque entrega la motivación de las dictaduras latinoamericanas para promover la desaparición forzada de personas. Da cuenta de que el desaparecimiento de personas no fue un exceso sino una política sistemáticamente planificada, selectiva, de quienes debían ser detenidos, torturados, asesinados y ocultados, negando que los órganos represivos los tuvieran en su poder e incluso montando, con los medios de comunicación que avalaron y fueron cómplices de esta política, operaciones distractivas, simulaciones de supuestos enfrentamientos, fugas al exterior del país, para ocultar los horrendos crímenes cometidos.
El desaparecido fue una categoría especial de la represión militar y hoy las motivaciones quedan al desnudo.
Las confesiones del ex dictador argentino son plenamente aplicables a la dictadura de Pinochet dado que se trató de una política diseñada por las dictaduras militares latinoamericanas, especialmente la argentina, brasileña y chilena, para impedir que la opinión pública conociera los crímenes que se cometían, para torturar sin plazos y en penumbra, para profundizar el terror en la sociedad y la angustia de los familiares que mantuvieron, en muchos casos por largo tiempo la esperanza que sus seres queridos estuvieran vivos, ocultos en algún lugar, transformados en rehenes del régimen de Pinochet.
El secuestro y la desaparición de una persona creó un estado psicológico especial. Mantener el terror y la angustia en el tiempo, asesinar sin tener que dar explicaciones sobre personas que el régimen no reconocía haberlos detenido, poder ocultar sus restos, trasladarlos, lanzarlos al mar, dinamitarlos, ocultar todo signo sin dar explicaciones, porque los embajadores de Pinochet afirmaban en la ONU, en los primeros años, que los desaparecidos no existían. Incluso, respecto de los primeros 119 desaparecidos la dictadura de Pinochet montó un operativo comunicacional nacional e internacional para demostrar que se trataba de personas que permanecían en la clandestinidad o que habían salido del país.
Los hombres del régimen militar que participaron de las masivas desapariciones de detenidos nunca han dado una explicación como la entregada hoy por el ex dictador argentino. Crearon un sistema de silencio cómplice, profundo, inexpugnable. Comprometieron a centenares de mandos militares en algunas de las múltiples etapas que significó secuestrar, torturar, asesinar y ocultar los restos y aún hoy, con Mesas de Diálogo de por medio, el Ejército de Chile nunca ha mostrado un real compromiso para averiguar y entregar el paradero y la suerte sufrida por los desaparecidos.
No hay duda que especialmente el Ejército chileno tiene una deuda con los familiares de los desaparecidos y con el país. Máxime cuando en el vértice de de la institución se mantuvieron , hasta hace pocos años y en plena democracia, oficiales que habían pertenecido a la DINA, que participaron directamente en alguna fase del delito o que conocieron de los hechos y callaron y de los cuales solo a través de las investigaciones judiciales recientes se ha podido acertar dicha participación.
Las investigaciones judiciales demostraron que la operación llamada “traslado de televisores”, es decir de restos de los desaparecidos, realizada en 1978, se produjo desde cuarteles, regimientos y fue hecha por militares que habían estado comprometidos, de una u otra forma, con el secuestro y desaparecimiento de personas y que se encontraban en servicio activo. Es , por tanto, imposible que en el Ejército nadie supiera nada sobre donde fueron llevados estos restos y sobre el registro de ellos, que era necesario manejar detalladamente para trasladarlos. Los mandos siempre han conocido el historial de los desaparecidos en Chile y los han mantenido oculto por decenios.
Las tenebrosas declaraciones del ex dictador Videla, donde se registra también el asesinato de niños y la entrega de pequeños nacidos de violaciones en los lugares de tortura en adopción a los propios militares, reabre este debate y hoy, que la transparencia es el elemento clave de la credibilidad de las instituciones, el Ejército chileno debiera abrir una investigación para dar con los restos o al menos reconstruir la información de que ocurrió con estos miles de chilenos y entregar a sus familiares una respuesta sobre sus seres queridos que fueron hechos desaparecer para ocultar todo rastro de los crímenes cometidos. Hacer verdad es clave no solo como recurso ético sino también como resguardo de los valores democráticos y de respeto de los derechos humanos. Si ello no ocurre, esta herida seguirá abierta para siempre.
*Ex Presidente de la Cámara de Diputados