En los noventa las demandas sociales fueron, en gran medida, contenidas por los gobiernos de la Concertación con la ya célebre frase de “gobernar en la medida de lo posible”. Por otro lado, la ciudadanía ante la presencia del fenómeno del individualismo -como nuevo sujeto- y su estrecha relación con el mercado (y su alineación con éste) comenzó a ejercitar la desafección con el sistema político, especialmente con los partidos.
Sin embargo, hacia finales del 2000, han resurgido una serie de demandas sociales. Éstas no se realizan, como en antaño, por medio de los tradicionales partidos, sino a través de colectivos, llámese educacional, ambiental, regional, etc. Dichas demandas están recargadas de verosimilitud y legitimidad. Sólo los organismos más conservadores y reaccionarios, como “Libertad y Desarrollo”, han cuestionado estas demandas sociales. Esta última afirmación no es antojadiza, tanto Piñera como Matthei, por nombrar un par de caras visibles, han refutado, incluso públicamente, algunas tesis de LyD.
Son tan reales y duras las demandas de la ciudadanía que, como en el caso educacional, existe consenso sobre la problemática. La cuestión está en cómo enfrentar estos problemas sociales, económicos, culturales y qué recursos utilizar para financiarlos. Aquí es donde aparece la élite económica y, en no pocas ocasiones, abofetea con su poder.
Otra cuestión interesante, es que las demandas son transversales, ya no se trata de “pataletas de la izquierda” o “pataletas de la calle” (como señalará la columnista Pilar Molina en “Emol” el 26 marzo). Esto último es interesante, ya que una parte (por cierto menor) de la derecha política, ha debido sintonizar y sensibilizar con las demandas que tradicionalmente han representado sus contrarios. El caso de Aysén es un ejemplo. Es de esperar que continúe esta vinculación transversal, ya que, por otra parte, obligará a la política chilena, indiferente de su definición, a sintonizar con corrientes sociales nuevas y diversas.
Pero más allá de los puntos anteriores ¿Qué ocurre en nuestro país en términos de demandas? Desde un plano general, observamos la debilidad del sistema político chileno para enfrentarlas. Dicha falencia se explica, en parte, por el errático funcionamiento del aparato del Estado y a la acción del gobierno actual. Por ello, quienes intentan culpar sólo al gobierno de Piñera caen un error. Es muy probable que el gobierno de la Coalición -con su errónea práctica en la resolución de conflictos- esté contribuyendo a radicalizar el fondo y las formas de las demandas ciudadanas.
La cuestión es que las demandas, inquietudes y la práctica ciudadana van por delante del Estado. No estoy abogando, en caso alguno, la tesis del Estado ultra paternalista (que piensa y decide todo). Por el contrario, quiero recalcar que el sistema está peligrosamente atrasado, observando con una distancia no menor, como la sociedad en su conjunto exige -de forma espontánea y no institucionalizada- una urgente modernización.
Actualmente, está ocurriendo que, lo que es un derecho adquirido, consuetudinario, para la ciudadanía, no lo es para el Estado ni para el gobierno de turno. A modo de ejemplo, hemos adquirido en Chile el derecho, por ley, a divorciarse recién en el siglo XXI (la discusión duro cerca de 10 años en el parlamento) cuando el grueso de la sociedad chilena ya lo tenía asumido, legitimado y era una práctica frecuente, pero indebida frente al Estado (según consta en la propia Biblioteca del Congreso Nacional a mayo del 2004, fecha de la promulgación, éramos el único país del mundo sin dicha ley).
Por ello, es necesario leyes modernas y acordes al bienestar social. Se necesita que un Estado democrático, como dice ser el Estado chileno, sea erigido por una carta magna ad-hoc y no por una Constitución creada, diseñada y legitimada por militares y políticos admiradores de los regímenes autoritarios. Se necesita un código penal moderno, para que abusadores del poder, como Karadima en el ámbito religioso o “La Polar” en el ámbito del retail, reciban penas acordes al delito efectuado. Aunque suene triste, en nuestro país es peor delito robarse una gallina que cometer ilícito financiero, por que nuestro código penal (a pesar de las modificaciones) es del siglo pasado.
Necesitamos leyes que regulen la unión de los homosexuales. La ciudadanía salió en masa a apoyar estas reivindicaciones en las manifestaciones del 2011, pero el Estado chileno aún no regula esta realidad. Lo mismo ocurrió (y seguirá ocurriendo) con el tema ambiental y la política energética. Para que decir la discusión sobre el derecho al aborto.
En Aysén germinó una demanda de índole regional. Ha resurgido el descontento en Calama y no se extrañe si mañana germine en Arica o Valparaíso. Se ha potenciado, por años, un centralismo exagerado y dañino. No puede concebirse que las regiones ricas en recursos naturales, como las ciudades del norte, o ciudades-puertos como Valparaíso, no reciban recursos directos por sus potencialidades económicas.
Sobre estos últimos casos se repite la dinámica. Los intereses y necesidades de los ciudadanos van por delante del Estado y del gobierno de turno, lo que genera, además, el amparo de abusos laborales. Sobre esto último, y a modo de ejemplo (me llamó particularmente la atención), la ministra Matthei firmó a comienzo de este mes (marzo del 2012) un acuerdo de ley -que próximamente será ingresado al Congreso- para que las “Nanas” en Chile regulen su situación laboral, respecto de la cantidad de horas legales a la semana. Es decir, pasarán de 60 horas semanales -que era lo legal- a 45 horas. De aprobarse la iniciativa, se hará de manera progresiva, es decir, una vez aprobada la ley, en los próximos 3 años, se reducirá la cantidad de horas laborales hasta llegar a 45 horas (No sea que el sueldo de la “Nana” vaya a empobrecer las arcas familiares).
Podemos seguir ejemplificando con casos concretos, pero no es la idea, ya que seguirían apareciendo diversas demandas sectoriales igual o más abusivas. Este año en Chile será, quizás, un año duro. Esperemos que la violencia no sea un medio, pero se ha demostrado, lamentablemente, que sin ella, no existe presión, ni respuesta de las autoridades. No es políticamente correcto decirlo, pero ocurre.
Qué me hace pensar en ello? La evidente desigualdad y la profunda distancia entre un Estado petrificado y las demandas sociales en auge. La capacidad de reacción del sistema político chileno ante la dinámica (moderna) es lánguida. No olvidemos, o mejor dicho recapacitemos, que la desigualdad social es más violenta que cualquier protesta (el sueldo mínimo en Chile o las pensiones es un tipo de violencia no física a sus ciudadanos). Por ello, urge una reactualización, una reforma, una renovación, como quiera llamársele, al aparato del Estado para que, los gobiernos, sea cual sea su proyecto político-económico, responda de manera efectiva y legítima a las demandas de una sociedad del siglo XXI.
Mauricio Rojas Casimiro
Periodista y Doctorando Cs. Políticas