Después de saltos y perogrulladas el presidente Piñera dio, según El Mercurio del sábado, “un giro en la estrategia frenando la ofensiva en el Parlamento por cambiar el sistema binominal”. Era de suponer: ningún cambio o reforma que democratice el sistema político vendrá del Estado Neoliberal.
Las promesas de reemplazo del modo de escrutinio binominal, que favorece a los dos bloques políticos amantes del statu quo, se revelaron una farsa destinada a confundir a los movimientos sociales y a ganar tiempo (*).
Esta es, mejor dicho, la táctica del Gobierno. Ella cuenta con el silencio y la complicidad de todas las bancadas del parlamento binominal. El objetivo estratégico es mantener tal cual al régimen político; aplazar a las calendas griegas toda reforma que permita el acceso de nuevos referentes partidarios al Congreso. Las dos derechas quieren impedir un modo de elección proporcional mediante el cual los electores actuales y los cuatro millones de nuevos inscritos puedan escoger los candidatos de sus preferencias y sensibilidades.
En la nota mercurial puede leerse: “la necesidad de generar un amplio consenso político, y el alto quórum que se requiere para que sea aprobada fueron las dos razones (mejor dicho pretextos) que el Presidente Sebastián Piñera considera para no enviar este año al Congreso una reforma al sistema electoral binominal”.
Más claro echarle agua.
No obstante los datos evidentes de crisis de legitimidad del régimen político y la fatiga del sistema de partidos, Piñera opta, bajo presión de la UDI y con el beneplácito de RN además del silencio cómplice del concertacionismo, por profundizar la crisis de legitimidad y erosión democrática del régimen postdictadura. Situación que implica necesariamente gobernar con más represión y violencia policial. Es la llamada nueva doctrina del Orden Público.
En la práctica, desde un ángulo racional y en tiempos de déficit democrático y de supremacía de los Derechos Humanos y sociales y colectivos, muchas prácticas gubernamentales son generadas desde la matriz dictatorial heredada. La presencia de los hombres de Pinochet en el poder es la prueba más fehaciente.
La democracia que anhelamos es otra. Ella será el producto de luchas y transformaciones sociales y democráticas profundas. Ese Estado futuro, que debe proveer a la sociedad con bienes gratuitos y públicos como salud, educación, pensiones, salarios justos y poder a las regiones para resolver sus propios problemas regionales es un objetivo estratégico.
No se le puede pedir peras al Olmo. Este Estado que mantiene el orden actual de las cosas, que legisla cínica y hábilmente en el sentido de profundizar el capitalismo neoliberal, por su proceder y mecánica, es un instrumento de la clase dominante construido durante el régimen dictatorial y cuyo eje legal y normativo es la Constitución del 80.
Tanto los Gobiernos de la Concertación como el actual de la derecha empresarial han sido incapaces, porque no han querido, de operar los cambios necesarios que den garantías que los movimientos sociales del pueblo mapuche, ecologistas, regionalistas, anticapitalistas, sindicales y de las identidades sexuales expresen su voluntad de cambio y se representen en un parlamento democrático. Y en las circunstancias actuales, bloquear los cambios necesarios para eternizar el binominal es sinónimo de obstrucción política y de reacción conservadora a los cambios subjetivos y culturales ocurridos estas dos últimas décadas.
Y al oponerse el Gobierno a las reformas políticas más elementales es responsable de generar violencia estructural.
Corolario de lo anterior. Un modelo que concentra la riqueza y el poder político en una fracción social y en una elite de profesionales de la política es generador de desigualdades profundas y recurre a un sistema político excluyente para perpetuarse.
Ante tal situación de bloqueo político, la legitimidad de la lucha por las transformaciones sociales y por las reformas políticas mínimas -como un modo de escrutinio proporcional, elección de los intendentes, une reforma tributaria donde paguen los ricos, plebiscitos vinculantes y una Asamblea Constituyente- la tienen quienes detentan el poder constituyente. En otros términos, todos los ciudadanos, trabajadores, sectores políticos y movimientos sociales que luchan por desmantelar un sistema de dominación injusto, excluyente y cada vez más ilegítimo.
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(*) leer acerca del tema: http://g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=14298