El gobierno ha anunciado recientemente su voluntad por impulsar con mayor energía la explotación del litio en nuestro país. La fórmula propuesta consiste en contratos especiales que permitan el ingreso de capitales privados, nacionales o extranjeros, para la extracción de 100.000 toneladas metálicas –por proyecto- durante un período de 20 años con retornos económicos para el país, al menos evaluables, que no superarían los US$20 millones anuales.
Cabe destacar el hecho de que Chile actualmente concentra el 41% de la producción de litio y una cuarta parte de las reservas mundiales. Por otra parte, expertos indican que este mineral posee un carácter estratégico, ya que podría ser utilizado masivamente en la era post-petróleo en la industria automotriz y tecnología en general.
Una vez más el gobierno de Sebastián Piñera muestra su faceta que durante el 2011 fue tan criticada por la ciudadanía y los sectores políticos de oposición, a la vez que duramente castigada por la opinión pública. Esto es, poner los intereses de una minoría enriquecida groseramente por delante de los de todo un país repleto de necesidades.
A estas alturas ya es bastante conocido el debate en torno a los gigantescos recursos que el país pierde por entregar a agentes privados la explotación del cobre, principal fuente de ingresos del Estado chileno. ¿Por qué entonces se insiste en regalar a unos pocos lo que le pertenece a todos? ¿Queremos seguir hipotecando el futuro de las nuevas generaciones y de Chile en su conjunto?
Una política adecuada sobre el tema, considerando las optimistas proyecciones que se hacen sobre la rentabilidad que tendrá el litio en el mercado internacional, sería el desarrollo de una industria nacional asociada a la explotación de este mineral, que además permita poner valor agregado, a diferencia de la mayoría de los productos que exporta el país. Al mismo tiempo, sería necesario generar conocimiento a través de investigación de punta encabezada por científicos chilenos, dándole sentido de esta manera al impulso que el Estado le ha dado a la formación de capital humano de avanzada en universidades extranjeras en la última década.
En este esquema, es perfectamente plausible la participación de capitales privados y el establecimiento de alianzas estratégicas con universidades, centros de investigación y empresas. Sin embargo, esto no se ve por ninguna parte en los planteamientos del subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Por otro lado, seguramente se argumentará que no se dispone de los recursos necesarios para financiar la inversión y operación inicial –unos US$300 millones por planta- pero bien es sabido de las grandes reservas que tiene nuestro país en el extranjero, y de la buena calificación de riesgo de nuestra economía, que hacen viable y rentable invertir en esta industria energética estratégica en el desarrollo económico mundial.
Sería interesante que nuestras autoridades revisaran la experiencia actual de países como Argentina (poseedor del 20% de la reserva mundial de litio) donde no solo se está iniciando la producción local de baterías de litio orientadas al consumo interno y a la exportación, sino que además se propone crear un organismo similar a la OPEP (Organización de Países Productores de Petróleo) entre Chile, Argentina y Bolivia, para insertar convenientemente los productos en el mercado internacional y supervisar el control de los precios.
No se entiende cuando el gobierno anuncia, por un lado, que Chile está a un paso de alcanzar un nivel de desarrollo similar al de los países integrantes de la OCDE, y por otro, tomando medidas que profundizan nuestra matriz económica tradicional de exportadores de materias primas y productos agropecuarios. Cada día se hace más claro que su visión ortodoxa y sobreideologizada respecto de la economía se impone por sobre los intereses de la inmensa mayoría de los chilenos. Tenemos una oportunidad de que esto sea distinto y las movilizaciones sociales del 2011 así lo demuestran.
Movimiento Nueva Izquierda
Santiago, 13 de Febrero 2011