La crisis económica europea y estadounidense ya ha comenzado a tener sus efectos en la economía nacional. De partida, el ritmo de expansión del producto se ha reducido, así como el precio del cobre, variable clave para las finanzas públicas.
Un par de síntomas que se expresa ya como freno en los niveles de consumo, en una contracción del comercio exterior y, próximamente, tendrá consecuencias en el empleo. Todo ello sin considerar las posibles secuelas de un huracán financiero gestado en la banca europea, escenario en el que Chile, según ha advertido el FMI, se presenta como muy vulnerable. Las recientes rebajas a la calificación de varios países de la Unión Europea, entre ellos Francia, anuncian un empeoramiento del clima financiero, ello sin olvidar las catastróficas predicciones de un default en marzo de la economía griega.
El gobierno chileno no ha ocultado lo que es evidente: en una crisis global la economía nacional tenderá a contraerse, en caso de efectos menores, o a enfrentar grandes turbulencias, en la eventualidad de un cataclismo europeo. Pero aun cuando Hacienda haya anunciado que el país está preparado para enfrentar estos incidentes, del mismo modo como en crisis anteriores, esta vez la contingencia es muy diferente. El proceso de movilizaciones que abrieron los estudiantes a inicios del año pasado se ha traspasado hacia muchos otros sectores sociales, los que, ajenos a partidos políticos, expresan en la calle sus demandas. El mismo gobierno ha hecho públicas las estadísticas del malestar, cifrando en unas 2.500 las movilizaciones y acciones ciudadanas durante el 2011.
Las movilizaciones ciudadanas, de muy diversos orígenes y geografías, tienen sin embargo un hilo conductor: todas comparten un rechazo a un modelo económico que hoy, si bien no hace crisis en los dueños del capital y sus operadores, sí ha colapsado como modelo laboral, social y articulador de las relaciones económicas. Durante las décadas de desarrollo del modelo neoliberal el país ha conseguido elevar varias veces su producto per cápita para situarse a la cabeza de las naciones latinoamericanos, sin embargo los niveles de distribución de esa riqueza nunca en la historia económica moderna habían sido tan desiguales. Una cifra gruesa que hoy ya no consigue ocultar todo tipo de abusos y atropellos, desde la abierta colusión entre las empresas para acordar precios, tarifas y cuotas de producción, un sistema laboral propio del capitalismo del siglo XIX, amparado por los gobiernos que permite jornadas de doce horas promedio, a un modelo de pensiones privadas que conduce a la segura indigencia a la gran mayoría de los trabajadores. El ciudadano nunca había estado tan inerme ante el ubicuo poder de las grandes corporaciones y un cooptado poder político.
La población chilena tardó décadas en comprender el origen de sus sufrimientos. Ya no es la mala suerte, sino el efecto de un modelo diseñado para engrosar de forma abusiva las utilidades empresariales. Una conciencia ciudadana que se expresa hoy no sólo en un rechazo abierto al sistema económico, sino también, como expresan todos los sondeos de opinión, a toda la institucionalidad política. En Chile hay un rumor creciente, que tenderá a mutar en grito, que pide cambios estructurales.
El actual gobierno y la Concertación hoy en la oposición han debido absorber, pese a su tradicional apego al modelo político económico, esta nueva realidad, la que ha abierto un proceso que deberá conducir este año a cambios políticos y económicos. El nuevo discurso levantado hoy por la oposición, como también en el gobierno, es una evidente reacción al clamor social. El gobierno de Piñera, desbaratado y mareado, ha tenido que incorporar reformas políticas y económicas a la agenda pese al rechazo de los sectores más fundamentalistas de la Coalición. La propuesta de avanzar hacia una reforma tributaria, las críticas al actuar empresarial desde la cartera de Economía o los cambios al sistema electoral son una mínima respuesta a las demandas ciudadanas.
Los eventuales efectos de la crisis económica en el empleo, en una mayor inflación estimulada por un alza especulativa de los precios internacionales de la energía y los alimentos, en una caída de los salarios, serán combustible para la hoguera iniciada el 2011. Un clima social enturbiado aún más por estas consecuencias económicas y ante una institucionalidad política confundida, que debiera abrirse a más reformas, es oportunidad para que la ciudadanía organizada recupere algunas cuotas de poder.
Publicado en Punto Final