“Lo que tú no entiendes, es que aquí ha habido una guerra, y que si ellos hubieran obtenido la victoria estaríamos todos muertos. Pero ellos no triunfaron..”.(1) (Enrique Urrutia Manzano. Presidente Corte Suprema el día 11 de septiembre de 1973).
La mayor responsabilidad en el Poder Judicial no es producto de la casualidad. Son muchos los elementos, condicionamientos, y los actores que confluyen para que el resultado sea el que un determinado sector está interesado. Nadie llega a convertirse en el Presidente de la Corte Suprema sin conocer su recorrido funcionario, su trayectoria pública, y en la historia reciente se confirma que en Chile la mano de las Fuerzas Armadas está presente, y en ese trabajo sucio de amparar la impunidad, participan y conspiran actores muy relevantes en la política nacional, entre ellos… los presidentes.
“Todas estas personas deberían estar muertas”. (2) Israel Bórquez Presidente de la Primera Sala de la Corte Suprema a Andrés Aylwin mientras defendía un recurso de amparo, segunda quincena de octubre 1973.)
Demostrado está que desde el día 11 de septiembre de 1973 se inició una guerra NO en el sentido clásico del concepto. La defensa de La Moneda con armamento de muy baja capacidad para contrarrestar la embestida de tan pesado calibre de las FF.AA no es una guerra, es un presidente defendiendo su legitimidad histórica. Recordemos que los carabineros abandonaron la responsabilidad de defender el Palacio de La Moneda.
No es aceptable a la luz de la historia y del cobijo de la inteligencia, dar por correcto que los militares son los guardianes del alma de patria…filosofía cinco estrellas. En realidad estos no son más que mano de obra barata de los superiores intereses que están por sobre el bien común, todo el modelo económico y excluyente instaurado durante la dictadura, son la constancia de esta afirmación… lo inexplicable es su continuidad.
Lo sucedido en Chile fue una guerra de carácter unilateral. Los militares actuaron como un ejército de ocupación, era necesario castigar al sector mayoritario de la sociedad por haber intentado desestabilizar, el más que centenario sistema de explotación y desigualdades sociales. Las Fuerzas Armadas se toman por la fuerza el derecho de las armas destinadas para la defensa de un ataque exterior. Se trató de marginar para siempre a los pobres de sus derechos fundamentales y de recordarles que NUNCA MAS, un proyecto parecido o que tenga algo que ver con cuarenta medidas. Basta una mirada consecuente al Chile de las décadas de los cincuenta hacia delante, y la realidad nos pega el golpe del atraso del 80% de la población en el uso de sus derechos fundamentales. Los cuadros de analfabetismo, marginalidad bajo el imperio de los gobiernos de la derecha chilena, constituían una vergüenza para uno de los países con las mayores reservas de cobre del mundo, digamos… rico.
El día 17 de septiembre de 1973, se dicta decreto Ley N° 12 donde se cancela la personería jurídica a la Central Unitaria de Trabajadores.
La venganza y castigo social para los actores sociales del periodo 1970-1973, debería expresarse, y se expresó en destellos de exterminio, para cuyos efectos era necesario dotarse de cierta legitimidad. Los historiadores militares trabajaron y lo hacen siempre para fortalecer sus justificaciones. En el proceso de legitimación del golpe militar, también las Fuerzas Armadas encontraron su verdad histórica y apoyo social para justificar su amor patrio. No quedan muy lejos en el tiempo los discursos militares en el día de la bandera, cuando Jovino Novoa, Piñera, Coloma, Longueira, Lavín, Jaime Guzmán…se emocionaban hasta las lágrimas.
Decreto Ley N°35, con fecha 11 de octubre de 1973, dicta un aumento en cuatro horas la jornada laboral semanal, sin derecho a reajuste de los sueldos y salarios.
Nada más deleznable saber que entre los generales de la patria había quienes quebraron la confianza entregada por el presidente. Se debe decir que es el presidente quien designa a la más alta autoridad militar, por tener meritos y ser también leal al presidente. La historia militar y mercurial hacen el mismo recorrido, aportarán un inagotable listado de falsedades para vertirse de legalidad. Traidor es el alto mando militar de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto los actuales son los herederos de aquellas conductas desleales, por haber quebrantado la confianza y traicionado a un presidente democráticamente elegido.
La Corte Suprema de Justicia desde el mismo día 11 de septiembre, RENUNCIO a su derecho de ejercer su tuición sobre los Consejos de Guerra, abandonaba la vida de los ciudadanos dejándolos en un limbo jurídico, hasta ahora sin explicación aceptable, y que debe ser la historia y los ciudadanos los que pongan frente al espejo de la dignidad a los conspicuos judiciales. Hay que rescatar a los magistrados que fueron exonerados, a los que no aceptaron formar parte de los Consejos de Guerra. Existe abundante documentación que demuestra que no hubo debido proceso, y que las acusaciones formaban parte de todo un aparataje propagandístico. La Corte Suprema nunca dijo nada de los fusilamientos, ni hace referencias al estado de sitio o al estado de emergencia, silencio absoluto sobre las cárceles secretas y los campos de concentración.
Mucho más complicado es entender el mensaje que los jueces enviaban a la ciudadanía en aquellos días, cuando se dejaba actuar sin contrapeso a los encargados de concretar las prácticas del Terrorismo de Estado.
El general Pinochet gobierna con la legalidad del vencedor.(3) (Enrique Urrutia Manzano. Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Octubre 1973)
René Ballesteros Cárcamo, actual Presidente de la Corte Suprema, fue un actor en el proceso de condenar jurídicamente a los defensores de un proyecto que ganó en elecciones libres secretas e informadas, su derecho a intentar una mejor redistribución del ingreso, entre otros tantos asuntos.
René Ballesteros firmó algunas sentencias en Consejos de Guerra realizados en la ciudad de Osorno, donde no se han encontrado las evidencias que hicieron redactar condenas que llegaron hasta quince años de prisión. Hay que dejar constancia que ninguno de los procesados, por esta instancia militar jurídica tuvo un debido proceso, solo presunción, lo único real fue la condena.
“Tú no te das cuenta que los militares nos salvaron la vida…” (4) Enrique Urrutia Manzano. Presidente de la Corte Suprema. Septiembre de 1973
Rubén Ballesteros Cárcamo manifiesta que él ayudó a salvar vidas mientras permanecía como miembro de los Consejos de Guerra, no es creíble. También decía lo mismo el juez nazi Ronald Freischer mientras aplicaba la doctrina Sippenhaftung. La presencia de miembros del Poder Judicial, significaba dar la legalidad que los golpistas buscaban. Particularmente extraño resulta, cuando los recursos de amparo no eran acogidos, cuando se invocaba el “habeas corpus”, ese acto jurídico extremo e indispensable para llevar y salvar las vidas de los detenidos. La verdad histórica se sostiene cuando ante los miles de crímenes cometidos, la Corte Suprema… guardó silencio.
UN CASO/CONSEJO DE GUERRA/Valdivia septiembre de… 1973.
En el CONSEJO DE GUERRA que supuestamente se realizó en Valdivia y que condenó al fusilamiento a doce personas, NUNCA se han encontrado las actas de dichas sesiones. El abogado que asumiría la defensa Hernán Montealegre fue detenido unos días antes de que se inicie el supuesto Consejo de Guerra, y permaneció cerca de un año en prisión. La documentación, las copias de este proceso y las sentencias no pudieron ser halladas por el equipo jurídico que en 1990 elaboró el Informe Rettig. El abogado Andrés Aylwin concluye que este Consejo de Guerra nunca se realizó.
El Informe Verdad y Reconciliación recoge de manera mucho más concreta la inaceptable conducta de los tribunales de justicia, del cual Rubén Ballesteros era parte y actualmente la preside. Chile es un país eterno con impunidad ética y con impunidad política.
En los tribunales que juzgaron los delitos cometidos por los nazis, estaban los campos de exterminio como prueba irrefutable de la maldad, de la criminalidad que contó con el apoyo de millones de creyentes en aquella pesadilla.
Durante años las Fuerzas Armadas ocultaron los Hornos de Lonquén. Los Ministros de la dictadura negaban la existencia de los detenidos desaparecidos en las Naciones Unidas. Fue el trabajo consecuente de todos los que con profundo afecto guardaron la verdad histórica. Es aquello lo que permite considerarlo como ajeno de la imperiosa imparcialidad y ética, para administrar uno de los poderes del Estado.
Los tiempos han pasado y miles de procesos en los tribunales han demostrado que hubo criminalidad, delito, conspiración para la impunidad desde el primer día del golpe militar. Lo que no asombra, es saber que en algún momento después de 1990, alguna autoridad analfabeta, firmó el ascenso de un juez con el digito pulgar derecho lo que no fue capaz… de leer.
(1)(2)(4) Simplemente lo que vi. 1973-1990. Ed. LOM. Andrés Aylwin Azocar
(3) Por la fuerza sin la razón. ED. LOM. Colección septiembre. Manuel Antonio, Roberto y Carmen Garretón Merino.