Sergio Albornoz Matus es el nombre del joven de 14 años asesinado en dictadura a causa de un impacto de bala perpetrado presuntamente por Gustavo González Jure, actual general director de Carabineros. Por este motivo, el senador del MAS, Alejandro Navarro, afirmó que “ha habido una conspiración para ocultar un asesinato, ha habido suplantación, es decir se han constituido un conjunto de hechos, que de acuerdo a la propia legalidad de Carabineros darían para que los involucrados fueran dados de baja de forma inmediata o suspendido de sus funciones mientras dura la investigación”.
Sin embargo, Navarro confesó que contrariamente a ello, González Jure “ha procedido a querellarse en contra de un periodista que ha recibido fuentes reservadas de estos antecedentes. Todo indica que se debe investigar NO querellar. La denuncia es de la máxima gravedad”.
La investigación periodística de Patricio Mery relata cómo el 30 de agosto de 1988, Gustavo González Jure, por aquel entonces capitán de la 13° Comisaría de La Granja, presumiblemente disparó con un arma UZI para disuadir una muchedumbre que se manifestaba en contra de Pinochet, lugar en el que se ubicada el desdichado joven, Sergio Albornoz, quien según el informe Rettig, murió por una bala, víctima de la violencia política.
Pero hay más detalles no oficiales, pues en la misma investigación se explica cómo González Jure llamó aquella vez a su padre, el general González, para pedirle al subteniente (que en la actualidad es teniente coronel) Miguel Ángel Ortiz que se inculpara, a cambio de mantenerlo como ha sido hasta ahora en la institución, pero con una baja condena. Hechos que fueron memorados por el sobrino de Miguel Ángel Ortiz, el teniente de Ejército, Ignacio Avello Ortiz, en entrevista con Panorama News.
Ante estos antecedentes, el senador Alejandro Navarro denunció que “(Carabineros) no puede tener a González Jure al mando, mientras dure esta investigación. Porque los hechos acreditan de manera fehaciente que ocurrieron. Hay un principio de verdad, los denunciantes incluso, uno de ellos es teniente del Ejército, dan cuenta de una necesidad de investigar”.
Navarro explicó que “es imposible una investigación de Carabineros a su general director con éste al mando”. Y añadió que “esta situación es también política y el gobierno que nombró a González Jure no puede hacer vista gorda”. El Senador comentó que éstas son denuncias en las que si no se actúa con transparencia la institución se verá muy afectada. “No me cabe en la cabeza que el Presidente Piñera no fuera informado de esto antes de la designación”, aseveró Navarro, a lo que sentenció: “Ésta es responsabilidad del encargado de Seguridad Ciudadana y jefe político del gobierno ministro Rodrigo Hinzpeter. El Presidente no es el que chequea las informaciones de inteligencia”.
El presidente del MAS advirtió que “si el gobierno deja este caso al libre albedrío le va estallar en la cara. Estos dos últimos años no admiten errores menos de esta envergadura”, y dijo: “Solo espero que Hinzpeter no culpe a los fiscales o a los jueces de garantía, pues ellos no designan al general director de Carabineros”.
“No me extraña que esta investigación quiera ser ocultada”
El pasado 12 de octubre el general director de Carabineros Gustavo González junto a su abogado, el oficial Jorge Parra Aguilar, concurrieron hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para presentar una querella criminal por injurias y solicitar la pena máxima a ser aplicada en contra del periodista Patricio Mery. Lo que le significaría tres años de presidio y un pago de 150 UTM, sin considerar los gastos en defensa jurídica.
Para el 25 de noviembre estuvo calendarizada una audiencia en el mismo Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, cita a la cual Patricio Mery no asistió, porque no fue notificado nunca de esto. A consecuencia de ello, en 11 minutos el juez Jaime Fuica del Séptimo Juzgado de Garantía a través de un acuerdo con el abogado de Carabineros, Jorge Parra, pidieron detener inmediatamente al periodista.
Ante esta situación, Mery presentó un recurso de amparo preventivo junto a su abogado Rubén Jerez, del Departamento de DDHH de la CUT y el abogado James Mery-Bell, ambos que patrocinan esta causa, puesto que Mery no fue notificado de la audiencia realizada el 25 de noviembre.
Al Senador como a Mery le preocupa que “el recurso de amparo no se vea aún en la Corte. Lleva más de 48 horas y todavía no hay respuesta. Es una situación anómala, pues la justicia tiene 24 horas para verlo”. Navarro afirmó que “Patricio Mery ha seguido una investigación periodística que sólo debe ser desvirtuada o refutada con una investigación institucional y por los tribunales”.
“Ya pasaron los tiempos del silencio por miedo y la persecución a periodistas”, expresó el Senador a lo que consideró: “No me extraña que esta investigación quiera ser ocultada. La verdad ha estado oculta ya por más de dos décadas”.