Febrero 12, 2025

“Acuerdo Longueira” de pesca no asegura la recuperación de los recursos marinos

queremospescasustentable

queremospescasustentableEl acuerdo de fraccionamiento de las cuotas de pesca entre pescadores artesanales, industriales y el gobierno sigue generando reacciones. Amplios sectores sociales, comunidades costeras, parlamentarios, e incluso dirigentes de la pesca artesanal han cuestionado el acuerdo a puertas cerradas que busca suplantar la discusión pública que se debe dar en el Parlamento, informa el sitio Radio del Mar

 

 

 

Esta discusión debe dejar en evidencia los desastrosos resultados de diez años de privatización, que han provocado la destrucción de la mitad de las pesquerías chilenas, concentración económica, transnacionalización y el debilitamiento del sector pesquero artesanal y de las comunidades costeras.

 

El cuestionado acuerdo impulsado por el Ministro de Economía Pablo Longueira plantea que “el objetivo esencial de la Mesa es la consecución de la sustentabilidad de los recursos pesqueros del país para lo cual se comprometen a desarrollar un trabajo en conjunto para la recuperación de las pesquerías que se mantienen en estado crítico”. Sin embargo, en la mesa sólo se habló de fraccionamiento, o sea, se repartieron los pocos pescados que quedan.

 

ACUERDO NO ASEGURA SUSTENTABILIDAD
Para el coordinador de campaña de Greenpeace Chile, Samuel Leiva, se trata de “un acuerdo político y no vinculante con el trámite legislativo, es decir no obliga a ser respetado en el proyecto de la Ley de Pesca. Además, este acuerdo no asegura la recuperación de las pesquerías, la sustentabilidad de los recursos y el impacto social a lo largo del país producto de la crisis pesquera”.

 

En entrevista con Radio del Mar, Leiva planteó que la discusión debe “centrarse en cómo vamos a recuperar las pesquerías y asegurar la sustentabilidad de los recursos, más allá de quien se queda con la torta, que hoy parece más una sopaipilla”.

 

El funcionario de Greenpeace aseguró que “el fraccionamiento de las cuotas no es la discusión que desde la sociedad civil organizada, desde el punto de vista ambiental, queremos tener. Es por eso que nos reunimos el 20 de septiembre con el Ministro Pablo Longueira, y el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, para solicitar que se aplique un criterio de rendimiento máximo sostenible en las pesquerías bajo la nueva Ley de Pesca, para garantizar niveles sustentables de pesca y recuperar no tanto las pesquerías, sino la economía local y el puesto que Chile se merece como país pesquero, ponernos al nivel de la comunidad europea”.

 

“Chile no puede ver toda la administración pesquera desde la asignación de la cuota y quién la tiene, porque resulta una visión miope que no va a resolver actual crisis”, agregó Leiva.

 

CUESTIONAMIENTO AL CONSEJO NACIONAL DE PESCA
Samuel Leiva destacó además que “Greenpeace realiza una fuerte campaña por incluir el criterio científico de manera vinculante a la determinación de las cuotas, en el nuevo proyecto de la Ley de Pesca. El Consejo Nacional de Pesca lamentablemente ha sido incentivado siempre a aumentar las cuotas por sobre los niveles sustentables y la consecuencia es que más del 40% de las pesquerías se encuentra sobreexplotadas y un 20% con graves problemas de conservación”.

 

Explicó que “el criterio científico en la asignación de cuota aseguraría incluso mayores certidumbres pesqueras y podría recuperar las pesquerías para los que opinan que tienen derecho sobre la cuota y para los que quieren licitación. Obviamente el criterio científico le da certidumbre a las dos formas de asignación”, manifiesta Leiva.

 

CUOTAS LE PERTENECEN AL ESTADO
Respecto a la concentración de las cuotas de pesca en manos de siete familias que controlan la actividad pesquera industrial, Samuel Leiva afirmó que “Greenpeace respeta los derechos de pesca, tanto del pescador artesanal, como del industrial. Pero, nuestra posición es que ningún armador debería tener más allá del 1% de la cuota global, que ninguna empresa tenga el 20 o 30% de la cuota, eso es excesivo”.

 

“Además hay que priorizar la cuota sobre el armador que es también parte de la tripulación del barco, porque no queremos que un pescador tenga su oficina en El Golf”, dijo Leiva refiriéndose a uno de los barrios más adinerados del país.

 

“Nosotros reconocemos el derecho a pescar y es el pescador quien tiene que tener la cuota. No reconocemos de ninguna manera el que alguien por una asignación de cuotas por licitación o asignación directa asegure tener la propiedad de la cuota, la que le pertenece al Estado”, dijo Leiva.

 

PESCA DE ARRASTRE
El “Acuerdo Longueira” además tiene incrustado una serie de cuestionadas tratativas regionales. En el caso de la pesquería de merluza, por ejemplo y de manera singular dirigentes de la pesca artesanal y los grandes y tradicionales empresarios “por unanimidad acordaron establecer un 60% de la cuota global anual para la pesca industrial y un 40% para la pesca artesanal, manteniendo cada sector sus sistemas de pesca”. Es decir, aceptando que los industriales sigan utilizando las depredadoras técnicas de pesca de arrastre.

 

Frente a esta situación Samuel Leiva dijo desconocer este acuerdo. Agregó que le sorprendía esta situación puesto que la posición histórica de la CONAPACH ha sido en contra de esta destructiva arte de pesca.

 

“Greenpeace lleva a cabo una campaña en contra de la pesca de arrastre, que es uno de las principales problemas que aún se mantiene en la zona económica exclusiva de Chile por la flota nacional”, puntualizo el coordinador de campaña de la organización internacional

 

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