El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país cómo, durante sus sucesivos gobiernos, TVN (junto con los demás canales de televisión) logró desinformar a tal grado al país que innumerables hechos de la más alta importancia, publicados por otros medios de comunicación o por libros de circulación nacional, pasaron prácticamente desapercibidos para el conjunto de la sociedad.
El denominador común de aquellos hechos –además de su alta relevancia- fue la incomodidad que su cabal conocimiento habría suscitado en los poderes públicos y fácticos; y concretamente en el liderazgo de la Concertación. Y lo más notable es que buena parte de ellos se mantienen virtualmente ocultos hasta el día de hoy.
Por cierto que se podrían llenar muchas páginas con su relato. Uno de los más trascendentes, como hemos visto, fue el regalo de la mayoría parlamentaria efectuado por el liderazgo de la Concertación a la derecha, a través de las reformas constitucionales concordadas con Pinochet en 1989. Y otro –por el gravísimo precedente que introdujo- fue el virtual desvalijamiento impune de La Moneda efectuado en los días previos al 11 de marzo de 1990 y que nos lo cuenta Rafael Otano en su libro Crónica de la Transición. Fruto del testimonio de Eugenio Tironi y Javier Luis Egaña –los primeros funcionarios del nuevo gobierno en posesionarse de la casa de Gobierno en la tarde del 10- Otano relata: “La primera impresión fue la de hallarse ante una aseada operación de tierra quemada. El espectáculo era penoso. Apenas había adornos, muchos cables estaban sin sus teléfonos, era notoria la ausencia de faxes, de computadores, de fotocopiadoras. Hasta los ceniceros habían sido barridos y no se diga nada de las marcas en las paredes y en los suelos, que delataban muebles sustraídos, cuadros y gobelinos ausentes o alfombras que habían volado. ‘Hubo mucho movimiento de camiones en las últimas noches’, reconocían algunos guardianes (…) Pero lo más inquietante era la ausencia de papeles y documentos (…) Una picadora de papeles perdida en un despacho, con pinta de haber sido sometida a horas extras de trabajo, resultó el mejor símbolo de un traspaso de poder con desvalijamiento y sin huellas. Incluso los autos de la Presidencia no eran tales y estaban a nombre del Ejército. Aylwin, al enterarse, se había enfurecido y amenazó con llegar al Congreso de Valparaíso en taxi el día de la asunción. Se logró un arreglo de última hora. Pero quedó el sentimiento en el personal entrante de que se les había tomado el pelo”. (Edit. Planeta, 1995, pp. 106-7)
También quedó prácticamente oculto el vergonzoso hecho de que el gobierno de Aylwin apelara en 1993 en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago favorable a la familia Allende, que le permitía recuperar los bienes existentes en la residencia presidencial de Tomás Moro al momento del golpe y que habían quedado bajo la custodia del Ejército. De nada valió la molestia que ello concitó en el presidente del PS, Germán Correa. Afortunadamente, la Corte Suprema confirmó por unanimidad dicha sentencia “que obligaba al Ministro de Defensa a restituir los bienes ya habidos y a tomar las medidas necesarias para encontrar los demás. La hija del ex jefe de Estado, Isabel, diputada electa, estimó que la familia ha recuperado un 20% de las pertenencias de la residencia (…) Continúan extraviados 62 pinturas, 53 huacos y cerámicas, tejidos, la biblioteca personal del político, las alfombras, los álbumes de fotos, los muebles, lámparas y electrodomésticos, entre otros enseres”. (El Mercurio; 12-1-1994)
Además, ha quedado virtualmente desconocido el bloqueo efectuado por el gobierno de Aylwin a los recursos económicos que el gobierno holandés había comprometido a los diarios y revistas afines a la Concertación; las discriminaciones en el avisaje estatal sufridas por dichos medios de parte de los sucesivos gobiernos de la Concertación; las graves transgresiones a la Constitución cometidas por varios de esos gobiernos respecto del caso Clarín; las diversas condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile por graves violaciones de estos derechos; las acciones u omisiones de los sucesivos gobiernos en perjuicio de la investigación y sanción de los asesinatos de Eduardo Frei, Carlos Prats y Carmelo Soria, y del asesinato frustrado de Bernardo Leighton; los bochornos internacionales sufridos por los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos al haber intentado designar o mantener como agregados militares a varios oficiales involucrados en graves violaciones de derechos humanos; las reiteradas manifestaciones que a lo largo de los años ha sufrido la Esmeralda al recalar en puertos europeos; y el apoyo brindado por el gobierno de Lagos al golpe de Estado que derrocó fugazmente a Chávez en Venezuela en 2002.
Por otro lado, ha quedado virtualmente desconocido el multimillonario préstamo efectuado por el Banco del Estado al Grupo Luksic para que adquiriera el Banco de Chile, a comienzos del gobierno de Lagos; los miles de millones de dólares que de acuerdo a diversas denuncias de expertos –nunca desmentidas- habría perdido el Estado de Chile durante los gobiernos de la Concertación, por los resquicios legales usados por las grandes empresas extranjeras del cobre para eludir impuestos; los gigantescos fraudes estadísticos que, de acuerdo a diversas denuncias de expertos nunca desmentidas, se habrían realizado con las encuestas Casen para distorsionar totalmente los indicadores de distribución del ingreso; el tratado minero chileno-argentino que genera condiciones legales excepcionales para explotaciones como las de Pascua Lama; los nueve millones de dólares que les otorgó el gobierno de Lagos a pretendientes de los bienes de Clarín, que habían sido desechados por el Consejo de Defensa del Estado en 1975 y finalmente por el tribunal del Banco Mundial en 2008; los más de siete millones de dólares recibidos por el Grupo Rocha en 2005 por créditos de Corfo a las Pymes provenientes de fondos del BID, de acuerdo al libro de María Olivia Monckeberg, El negocio de las universidades en Chile (Random House Mondadori, 2007, p. 117); y la ley aprobada a fines del gobierno de Bachelet que les concede una virtual privatización del mar a las grandes empresas salmoneras.
Por cierto, lo anterior constituye solo una pequeña muestra de cómo TVN –y el conjunto de los canales de televisión abiertos- desinformó a la sociedad chilena en los 20 años de gobiernos de la Concertación y continúa haciéndolo hasta el día de hoy.
