El pésimo comportamiento ambiental de nuestro país, medido según indicadores políticamente neutros de contaminación y depredación natural, es reconocido internacionalmente. Y desde nuestra perspectiva, las condiciones de injusticia socio-económica del sistema neoliberal agravan la situación y determinan el carácter estructural de la crisis ambiental chilena.
Tanto las bases estructurales como las específicamente ambientales que han llevado a esta crisis han sido promovidas y establecidas a través de medidas y procesos desarrollados a espaldas de la ciudadanía.
La grotesca constitución pinochetista, la desnacionalización del cobre, la ley eléctrica y la privatización de las empresas del sector, el código de aguas, la ley de urbanismo y construcciones, la contra-reforma agraria y el despojo de tierras indígenas, el subsidio a las plantaciones forestales y muchas disposiciones determinantes de la insustentabilidad socio-ambiental de nuestro país fueron impuestas a sangre y fuego en plena dictadura militar.
Y durante nuestra pobre democracia, otras tantas decisiones públicas que han favorecido a las grandes corporaciones nacionales y multinacionales, en perjuicio de las comunidades y las economías y culturas locales, los ecosistemas y la biodiversidad, han contado con el apoyo y la subordinación prácticamente absolutos de la clase política, a través de los poderes ejecutivo y legislativo, y sin posibilidad alguna de una real participación popular.
Es el caso del “remozado” laguista de la constitución política, la ley ambiental y sus reglamentos, las normas de calidad y emisión, los planes de descontaminación, la privatización de las empresas sanitarias, la concentración de la propiedad de la tierra y los derechos de agua, las modificaciones a las leyes de pesca y acuicultura, los incentivos a la agroindustria, los monocultivos y la privatización de las semillas, las políticas y planes de uso de suelo y transporte urbano, la aprobación ambiental de cientos de megaproyectos insustentables en el territorio nacional.
No decimos que cada una de estas leyes o medidas tendría que haber resultado de una participación directa y vinculante de la ciudadanía, pero el que esta forma de participación no exista ni se promueva ha favorecido el relajo y opacidad de la clase política y el creciente distanciamiento entre sus decisiones y las aspiraciones sociales. Quizás la mayor expresión de esta brecha es la criminalización de las organizaciones y movilizaciones sociales y, de forma extrema, la oprobiosa y cruel ocupación y militarización del territorio mapuche.
Aunque respetable, de poco ha servido el lobby de algunas ONGs profesionales para incidir en procesos normativos o legislativos, el que de ninguna manera podría confundirse con participación social y no pocas veces ha ido en beneficio de intereses particulares, incluyendo el propio.
La aberrante aprobación de megaproyectos como el complejo hidroeléctrico Hidroaysén, la central térmica Castilla y la explotación de carbón en isla Riesco, en el contexto de un sistema energético completamente dominado en todas sus etapas por intereses de grandes corporaciones, ha evidenciado una vez más la urgencia de reformas estructurales en el sistema político-institucional en sectores de importancia estratégica como la energía. Sabemos que estas reformas no serán emprendidas por el gobierno o el parlamento, aunque sean fundamentales para la sustentabilidad, la equidad y la calidad de vida de la población.
Recientemente, mientras el gobierno de Piñera firmaba acuerdos con Francia y Estados Unidos para el desarrollo de la energía nuclear y completaba la enajenación de las empresas sanitarias iniciada por
La opción legítima y más efectiva para asegurar la soberanía popular es el plebiscito nacional, vinculante y con iniciativa ciudadana, que permitiría a la ciudadanía debatir ampliamente y decidir sobre los temas de mayor trascendencia nacional.
Por esto es que, junto a los estudiantes y otros sectores sociales, estamos levantando la exigencia de un plebiscito ciudadano, como instrumento de soberanía popular y -no de reemplazo, sino- de legitimación del propio sistema político.
* Miembro del Colectivo VientoSur y del Movimiento Amplio de Izquierda, MAÍZ