Gobernar es educar, afirmaba el presidente Pedro Aguirre Cerda, instaurando la obligatoriedad en la enseñanza básica pública. Corría el año 1938 y este radical de estirpe, defensor de los valores republicanos, demócrata de excelencia, profesor de Estado, perfilaba el desarrollo del país a partir de un proceso donde la calidad de la educación era el eje principal de su gestión como gobernante. Setenta y dos años después, Sebastián Piñera define a la educación “como un bien de consumo”, en medio de las movilizaciones sociales de mayor convocatoria en este siglo que exigen: educación pública gratuita y excelencia académica.
Dos maneras de entender la gestión del Estado, en este y en otros ámbitos, donde la función de gobierno se piensa desde las ideologías con acentos marcadamente antagónicos. Para el neoliberalismo representado transversalmente por el actual gobierno y sectores de la arcaica Concertación de Partidos por la Democracia, la gratuidad es incompatible con el capitalismo salvaje imperante desde la presencia de los Chicago Boy en los ministerios de Hacienda y Economía durante los años de dictadura.
Gradualmente fue desmantelándose el Estado de funciones vitales como la educación y la salud, y se procedió a su privatización en un alto porcentaje, convirtiéndolas en una extensión de los negocios del sector empresarial. El directorio de una universidad ofrece en el mercado educación, y cobra un arancel comercial a la masa de jóvenes que egresan de enseñanza media. Quien paga estudia, es la consigna, y partir de este raciocinio se derivan las formulas económicas de acceso a los estudios superiores: dos alternativas para las familias de ingresos medios, medios bajos y pobres, estos últimos concordantes con el salario mínimo.
La primera solución es acceder a un crédito en el sistema financiero con tasas de interés sustentadas en la usura, y endeudarse, sin tener la certeza de que una vez alcanzada una profesión específica, se podrá acceder a una fuente laboral. La razón es que el mercado nacional es insuficiente por sus lógicas de funcionamiento, de garantizar un mercado ocupacional de amplio espectro. Sin embargo y conscientes de esta realidad, permitieron la proliferación de universidades privadas y entregaron títulos profesionales a diestra y a siniestra. En síntesis, avalaron con su concepción economicista una situación de cesantía y endeudamiento que originó la crisis actual que enfrenta el país.
La segunda es el otorgamiento de becas a los estudiantes de bajos ingresos, que poseyendo condiciones académicas puedan recibir este beneficio para que puedan estudiar. La distribución de estas está restringida a un porcentaje, excluyendo a otros en condiciones similares lo que genera una discriminación negativa. La beca es una dadiva que en su concepción trata al que postula como un menesteroso, un amparado por el sistema, equivale en términos proporcionales a una residencia del Hogar de Cristo, donde llegan hombres y mujeres en situación de abandono en las calles a dormir y reciben como un valor agregado, un plato de sopa en la noche y una taza de café y un pan al desayuno, antes de ser desalojados para que deambulen por las calles sin destino ni futuro predecible. En consecuencia, la beca es una expresión de conmiseración del que la otorga y constituye una indignidad para el que la recibe.
Comprendiendo estos dos factores, los estudiantes paralizaron sus actividades y se volcaron en las calles, rompiendo con las lógicas del poder imperantes durante los últimos treinta años, y demandan: educación pública gratuita y de calidad. Emerge un discurso republicano, la voz de Aguirre Cerda en boca de una multitud. Cambio estructural del modelo, afirman. Y exigen del Estado el derecho a educarse, diferenciando a la educación de los negocios y el mercado. El Estado debe invertir y garantizar desde un punto de vista económico el acceso libre a la Enseñanza Superior a todos aquellos que posean la excelencia requerida.
“Nada es gratis en esta vida”, ha dicho Piñera, acentuando su lógica neoliberal, pero en el resto de América Latina, en Estados Unidos, están las universidades del Estado educando a miles de jóvenes en forma gratuita. Los valores humanistas en estos procesos enajenan al dinero situándolo en otros espacios del desarrollo nacional. La gratuidad es un derecho humano inalienable en la educación, dignifica a los estratos de menores ingresos, y sitúa de paso al Estado en el rol para el que fue concebido.
Por esta razón, la clase política, ajena a la pobreza real en que viven millones de chilenos, no escucha, hace oídos sordos, y busca soluciones en un contexto que se encuentra colapsado, porque el proyecto de municipalización de las enseñanzas básicas y medias empobreció los contenidos en el aula, profundizando la brecha entre ricos y pobres. El conocimiento se desvalorizó, y la dispersión social de la juventud la envolvió en un estado de ignorancia e inconsciencia durante largos años.
En la actual coyuntura se inicia un despertar, una toma de razón colectiva en torno al origen de sus precariedades, y reaccionan, protestan, se apropian de las calles para exigir justicia social, y el país tan renuente a levantar la voz para frenar los criterios legislativos anclados en una cultura que domina por el volumen de sus fortunas, se suma, adhiere a una posibilidad de cambios que de sostenerse en los principios que los motivaron, permitirá democratizar el país de manera más equitativa, y con una perspectiva de sustitución de las elites, para que las nuevas generaciones impongan un modelo de criterios más amplios y más humanos.