El liderazgo de la Concertación debiera explicarle a sus bases y al conjunto del pueblo chileno el porqué en sus veinte años de gobierno –además de desarrollar políticas que liquidaron todos sus medios escritos surgidos bajo la dictadura (Ver La Concertación debe explicaciones (XXI-XXV); y de impedir tenazmente la devolución de los bienes del confiscado diario Clarín (XXVI-XXX)- adoptó medidas cruciales para terminar con los canales de televisión que pudieran haber apoyado la implementación del Programa presidencial democratizador formulado en 1989.
En efecto, cuando asumió Aylwin en marzo de 1990, Televisión Nacional de Chile era un medio de comunicación que, de acuerdo a su status legal, respondía a las orientaciones gubernamentales. Por cierto, la dictadura lo había utilizado como un gigantesco medio de desinformación de la opinión pública y de propaganda para sus finalidades políticas, económicas, sociales y culturales. Pero además, la dictadura había tenido el respaldo del conjunto de los demás canales de televisión, en la medida que estos eran propiedad de universidades directa o indirectamente controladas por el Estado o de grandes grupos económicos.
Por tanto, el gobierno de Aylwin pudo haber utilizado TVN como un legítimo medio de comunicación que, en representación de la clara mayoría popular obtenida por la Concertación, hubiese respaldado la voluntad democratizadora de esa mayoría que –se suponía- quería interpretar aquella coalición política. En lugar de ello procedió a “neutralizarlo”, a través de un proyecto de ley –aprobado en 1992- que le dio a la derecha un virtual poder de veto en su dirección. Esto, bajo la figura de establecerlo como canal público y no gubernamental, que habría tenido sentido si Chile hubiera sido un país auténticamente democrático; pero que en los marcos del régimen autoritario vigente –con todas las instituciones heredadas de la Constitución del 80 y del conjunto de las leyes impuestas por la dictadura que estaban plenamente en vigor- significaba un verdadero suicidio político-comunicacional del nuevo gobierno… si es que quería realmente democratizar el país.
Además, al haber heredado el gobierno de Aylwin el control de la principal universidad pública del país –la Universidad de Chile-, la coalición gubernativa tenía también la posibilidad de utilizar su canal de televisión en función de un legítimo objetivo democratizador. No solo no hizo aquello, sino que fue totalmente cómplice de su venta a grupos económicos privados que –dado la crisis económica que sufría por la significativa baja de los aportes estatales a la Universidad de Chile que hizo Pinochet y que continuó Aylwin- se vio obligada a hacer la universidad en etapas y que culminó en enero de 1995.
Como los demás canales de televisión pertenecían a universidades que habían consolidado en los 17 años de dictadura estructuras internas hegemonizadas fuertemente por la derecha (la Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso) o a grandes grupos económicos (Megavisión y La Red); dichas actitudes de los gobiernos concertacionistas significaron que todos los canales de televisión quedaran controlados o neutralizados por la derecha y, por tanto, que ninguno apoyaría las demandas de la mayoría del país a favor de una real democratización nacional.
Por cierto que dada la trayectoria general de los 20 años de gobiernos concertacionistas (y que hemos visto de modo sintético a través de 30 artículos), esta subordinación a la derecha en el ámbito televisivo no debiera llamar mucho la atención. Sin embargo, para quienes mantenemos ideales de democracia y justicia social, nunca deja de doler…
Y esta subordinación llegó a grados casi increíbles en esta materia. Así, en determinado momento el entonces presidente Lagos nominó como directores, en representación del “mundo concertacionista”, a dos personalidades que tenían un sesgo más periodístico y artístico que político: Faride Zerán y Nissim Sharim; los que fueron aprobados por el Senado. Pero como ellos –y especialmente Zerán- tomaron en serio su rol de darle apertura y contenido crítico al canal, generaron una furibunda reacción de la derecha. Y derivada de esta reacción ¡Lagos les pidió la renuncia anticipada a todos los miembros del directorio, para lograr la salida de una directora que ni siquiera estaba en condiciones de influir decisivamente sobre TVN!
Dejemos que sea la propia Faride Zerán la que nos cuente la historia: “Cuando nos incorporamos al directorio, junto con Nissim Sharim, se intentaba romper con el esquema de cuoteos políticos. Nissim representaba un mundo artístico; y yo un ámbito cultural, periodístico y académico. Sin embargo, aquello fue solamente un buen deseo porque finalmente imperaron los operadores de los partidos políticos allí representados. Es decir, los de la UDI, RN y el PDC. Iba a ser una experiencia de ocho años, pero duró sólo cuatro; porque al cuarto año nos pidieron la renuncia a todos los miembros del directorio. Las malas lenguas dicen que era para sacarme a mí, porque ‘hacía ingobernable’ TVN, en tanto hice público una serie de debates que, según ellos, deberían haber quedado entre cuatro paredes… Eran debates respecto de temas que sí le competían a la opinión pública, en tanto estábamos hablando de líneas informativas, de censura, de líneas editoriales. Es decir, de una serie de elementos que en cualquier televisión pública de un país democrático son parte del debate ciudadano”. (Boletín Libertad de Expresión; Nº 13, Julio de 2008; Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile)
