La Fundación Defendamos la Ciudad, en conocimiento de la renuncia de Fernando Echeverría a su cargo de ministro de Energía, informa que “este distinguido empresario es socio, entre otras, de la Constructora Echeverría Izquierdo, contratista de la empresa norteamercana AES Gener en su proyecto de energía Campiche, localizado en la comuna de Puchuncaví, el mismo que estuvo paralizado por un dictamen de la Contraloría y por un fallo de la Corte Suprema”.
Echeverría renunció a su cargo de M inistro de Energía a los pocos días de su nombramiento porque algunas de sus empresas estaban relacionadas con Enap y con la construcción de plantas de energía. El incidente ha sido calificado de “bochornoso” incluso por figuras del propio gobierno.
Patricio Herman manifestó al respecto : “Nosotros también somos transparentes y por ello le recordamos a la opinión pública que ese discutido proyecto energético de Campiche, que funcionará en base al carbón, se está ejecutando exclusivamente por la decisión que tomó un ex embajador de EEUU en Chile quien instruyó a las más altas autoridades del gobierno de Bachelet para que, modificándose la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, resorte propio y exclusivo del ministerio de Vivienda y Urbanismo, se permitiera la continuación de la construcción de esa planta localizada en un área verde de esa comuna. Debemos tener presente que este tipo de cambios administrativos en la regulación urbanística se hacen a través de simples Decretos Supremos y en este caso sus obedientes firmantes fueron Edmundo Pérez, en su condición de Vice presidente de la República y Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo.
En resumen, la empresa de Echeverría está haciendo un muy buen negocio construyendo la planta de Campiche gracias al gobierno anterior y debido a la impropia decisión adoptada por ex embajador Paul Simons quien, ejerciendo una posición dominante, vulnerando las prácticas del libre mercado y las directrices impartidas por la OCDE a sus países miembros, llamó por teléfono a La Moneda para que la institucionalidad chilena le solucionara el problema a una empresa de su país