El sistema político se encuentra en crisis después de tres décadas y el modelo económico impide, por las lógicas ideológicas del poder, que se realicen las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida de la sociedad civil, abatida por el encarecimiento del costo de la vida, el endeudamiento, y la subordinación de la que es víctima desde una constitución que no garantiza la participación ciudadana, legando la totalidad de las decisiones a las cúpulas que acceden a la administración del aparato del Estado, a través de una democracia representativa, donde los intereses de la ciudadanía entran en conflicto con las decisiones oficiales de las autoridades.
Chile es una empresa donde convergen las inversiones nacionales con la extranjeras, un escenario de negocios, con exigencias tributarias mínimas que les garantizan un paraíso del capitalismo para multiplicar sus fortunas, sin que este proceso beneficie a los gobernados, los que por antítesis, reciben bajos salarios, maltratos encubiertos, y una normativa que condiciona y somete su voluntad a los designios del dinero.
Sin duda, el desmantelamiento de la educación y la salud públicas, y la traslación de estas a los espacios del mercado, marcan un hito durante los años de dictadura, que tendrá consecuencias en los años posteriores a su ejecución. La municipalización de ambas realidades son el principio de su descomposición, instalando un sistema paralelo con mayores y mejores garantías, con la evidente intención de convertirlo en un prolífico negocio para el sector privado.
Así se va estableciendo un vínculo entre educación y negocio, la calidad se asocia a la capacidad económica de las familias para garantizar una buena enseñanza, por el contrario, quien no dispone de ingresos medios altos o altos, está condenado a una oferta educativa marginal proveniente de un Estado débil, displicente, que deja de desempeñar su rol de servicio ciudadano, preocupándose de administrar a través de su gestión y de su legislación, los diferentes conflictos sociales que pudieran empantanar el crecimiento económico de los inversionistas.
La estabilidad es un principio esencial para mantener el “orden” del modelo económico, reconociéndose unilateralmente, el derecho a cuantificar las riquezas de los grupos económicos en desmedro del trabajo humano de la mayoría, el que se desvaloriza permanentemente disminuyendo su acceso al consumo básico indispensable.
Alimentos, transportes, y viviendas de alto costo en relación a otros países latinoamericanos. Ingreso mínimo paupérrimo. El viejo concepto de la explotación se cierne sobre nuestras vidas, en un país que contextualizado por su crecimiento material, esconde la pobreza y la subsume entre resultados macroeconómicos y debates públicos que excluyen estos temas de la agenda pública nacional.
El lucro predomina como un derecho inalienable de los empresarios, desdeñando la idea de buscar un equilibrio que nos permita acceder a una mayor justicia social.. Vender con la mayor rentabilidad posible es un axioma esencial del neoliberalismo, y esto incluye a la Educación y a la Salud de todos los chilenos.
Las recientes movilizaciones estudiantiles reivindican el derecho a una educación gratuita proveniente del Estado, y de paso le recuerdan a este estamento, cual debe ser su rol en relación con la sociedad civil a la que gobierna. Recuerdo el viejo axioma del Presidente Pedro Aguirre Cerda, en la década del treinta del siglo pasado: “Gobernar es educar”, pero las autoridades actuales no comparten este principio humanista, quien no posea dinero suficiente no tiene acceso a la educación, salvo que acepte las reglas del juego, y gestione un crédito en el sector financiero y comprometa su vida y su futuro, arriesgando su escaso patrimonio ante la imposibilidad de emplearse en el raquítico mercado ocupacional, porque siendo objetivo, la relación oferta educacional versus mercado laboral es absolutamente incoherente y desproporcionada. Se obtiene un crédito endeudándose y luego nadie garantiza un espacio laboral digno y bien remunerado para cubrir el compromiso económico contraído. La mera acción en este sentido, nos sume en una inseguridad y en una inestabilidad de la cual nadie se hará cargo en los próximos años.
En síntesis, el país enfrenta una contradicción de fondo, la educación es un valor y un derecho que debe ser garantizado por los gobernantes de turno, y no un negocio para enriquecer a los empresarios que por extensión de sus empresas financieras y de manufacturas, instalan a diestra y siniestra Universidades y colegios privados.
La razón de fondo de las contradicciones que enfrenta nuestra sociedad es que los grandes empresarios, asumida la globalización capitalista, entienden que es insuficiente el solo manejo de sus negocios e inversiones, y por tanto, expanden sus tentáculos hacia el poder del Estado, al ejercer su control disponen del territorio nacional, de sus riquezas naturales, patrimonio de todos sus habitantes, en un espacio para privilegiar sus negocios individuales, de esta forma idean el proyecto Hidroaysen, para vender más energía y generar mayor rentabilidad para los inversionistas, sin que esta riqueza “chorree” al conjunto de la población.
No se requiere de mayor rigor analítico para responder a la pregunta de ¿por qué y para qué un millonario decidió presidir el país en la actual coyuntura, constituyendo un equipo ministerial y jefaturas con personas de grupos provenientes del poder económico nacional?.
Es evidente que aquellos que han pensado a través de la historia que el Estado debe descentralizar el manejo económico, radicando la acción en su totalidad en el sector privado, no pueden sentir y pensar que hay valores humanos que están fuera de cualquier criterio economicista, no está en su ADN el entendimiento que educar no es vender, que sanar a otro ser humano, es impropio de un negocio, el lucro en estos ámbitos es una inmoralidad, es una visión contraria a la ética humanista, y por tanto, la reacción natural de los afectados por esto tipo de modelo esgrimen con legitimidad, el derecho a una sociedad de características distintas a las que fueron impuestas a partir de la transición en la década de los noventa.
Chile empieza a cambiar, aún los poderes fácticos mantienen el control de los procesos y proponen solucionen que enmarcan con alambre de púa, el que salta la cerca es reprimido con eficacia, pero son tantos los presionan que la cerca se derrumbará, y cuando eso ocurra, será el inicio de un camino hacia una verdadera libertad.