Esta institucionalidad no da para más. Este navío de casco podrido hace agua por todas partes. Una de las pruebas más evidentes de la delicuescencia del sistema heredado de la dictadura y consolidado por la Concertación, es tener a Piñera como presidente de lo que queda.
La prensa y la TV lanzan una cortina de humo con falsos debates. Cientos de miles de jóvenes manifiestan en las calles por el restablecimiento de la autoridad pública en materia de educación, y la TV invita un par de empresarios a discurrir acerca de la legitimidad del lucro. Por su parte Piñera propone aumentar los presupuestos que van a parar a los bolsillos de esos mismos empresarios y, -en otro de sus célebres actos fallidos-, promete una repactación de la deuda que arrastran quienes se desangran para educarse. Hablar de repactación, sin tocar ni con el pétalo de una rosa un sistema financiero facineroso cuyo ejemplo prototípico es La Polar, merece un sicoanálisis o una terapia intensiva.
La Polar, en donde un amiguete de Piñera viene a reflotar el negocio, es calificada de “accidente”, de “anomalía” o de “error” por quienes regentan el bulín. Los mismos términos utilizados cuando Inverlink, otra eminente institución financiera, estafaba a medio mundo. El robo de información clasificada en el computador de Carlos Massad -presidente del Banco Central- por parte de Inverlink, fue minimizado por Alejandro Alarcón, ejecutivo de la Asociación Chilena de Bancos e Instituciones Financieras: “Inverlink no es sino un minúsculo error en el largo camino de Chile hacia el progreso” (sic). “Es un acontecimiento aislado que no afectará la imagen del sistema financiero”(resic). Este “minúsculo error”, que trajo consigo la dimisión de Carlos Massad y provocó un verdadero escándalo, fue descartado por el propio Nicolás Eyzaguirre, a la sazón ministro de Hacienda, quién lo calificó de simple “gota en el océano”. Enrique Marshall, patrón de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se refirió al tema diciendo: “Inverlink representa un problema operacional, no tiene nada que ver con la liquidez. Eso no afectará la notación del riesgo país.” “Minúsculo error”, “gota en el océano”, “problema operacional”, he ahí como funcionan las instituciones en Chile. Piñera o Lagos, ¿qué cambia? Ricardo Lagos declaraba en Estocolmo (junio del 2005): “Los empresarios creen que la transparencia de Chile es el capital más importante que tenemos.” En ese momento el embajador en Suecia, nombrado por el propio Ricardo Lagos, era Alvaro García, un gran “experto” en transparencia, alejado muy a propósito del territorio nacional con motivo de los procesos incoados en el marco del affaire Inverlink, en los cuales Alvaro García era uno de los inculpados.
Una trenza turbia, en la que es imposible disociar a los palos blancos de la Concertación de los empresarios de la Alianza, promueve la destrucción del medio ambiente para darle energía barata a la gran minería que practica el pillaje de nuestro Cobre. Los organismos públicos encargados de proteger nuestro patrimonio aprueban la ignominia votando a las órdenes de La Moneda.
Bachelet le aplicó la Ley antiterrorista a los comuneros mapuche, y ahora Piñera maquilla los procedimientos y continúa con la misma ignominia.
Esta institucionalidad ilegítima ya ni siquiera pretende representar a la sociedad que somete. ¿Quién se cree el cuento de que Concertación y la Alianza representan cada una a un 50% de los chilenos?
El problema de fondo no es la presencia de Lavín en el ministerio de Educación al que nunca debió llegar, como no lo es Piñera en La Moneda. El problema de fondo no reside en cuanto dinero remunera a los incompetentes patrones de los boliches educativos.
El problema de fondo es el desconocimiento de la soberanía popular, la eternización de una Constitución espuria e ilegítima que le asegura el poder a una autocracia deshonesta. El foso que separa a los electores de los designados binominalmente se ha transformado en una fuente de graves tensiones en nuestro país.
Si el pueblo, única fuente legítima de poder, único soberano, no puede ni expresar ni ver aplicada su voluntad ni por las urnas ni mediante manifestaciones pacíficas, ¿Entonces cómo? ¿Mediante la violencia? Eso es lo que parecen buscar la Concertación y la Alianza: la confrontación con el pueblo de Chile.
El país necesita instituciones reconocidas como legítimas por los ciudadanos. No un emporio dedicado a enriquecer a unos pocos a costa de la inmensa mayoría de la población.
Para recrear una dinámica democrática las instituciones no pueden ser “concedidas” por quienes usan y abusan del poder. La reconstrucción institucional debe emanar del único actor político reconocido y legítimo: el pueblo de Chile. Sólo una Asamblea Constituyente elegida por medio del sufragio universal directo puede responder a esta exigencia fundamental.
Para quienes rehusamos las opciones violentas y deseamos que la participación de los ciudadanos en la vida política marginalice a los extremos, la Asamblea Constituyente es la alternativa unitaria, constructiva y democrática a la desesperanza y al fatalismo.
Plebiscito ¡Ya!