Las frías cifras no alcanzan a retratar con fidelidad el grado de injusticia existente en nuestro país. En el índice Gini, que mide la desigualdad de cero – no hay desigualdad – a uno – el máximo de desigualdad, Chile tiene un 0.5, uno de los países más desiguales de los integrantes de la OCDE.
El decil más alto tiene un ingreso setenta veces superior al decil más bajo. El ingreso en Chile está mal repartido y las grandes empresas pagan irrisorios impuestos si se tienen en cuenta sus rentabilidades. Un alto porcentaje de la recaudación tributaria se debe al IVA que, en general, desfavorece a los pobres; por último, quienes sufren los altos precios de los alimentos son los sectores populares, que gastan el 70% de sus magros ingresos en su manutención.
Ni la Concertación, ni muchos menos la Coalición por el Cambio han enfrentado seriamente esta insoportable injusticia, que proviene de la monstruosa desigualdad que, para combatirla, hay que tener cojones y algo de voluntad política para terminar con un sistema inaceptable.
Es tan claro el rechazo de la ciudadanía a la “vía chilena al neoliberalismo” que hasta El Mercurio, en su edición del domingo 19 de junio, aparece un estudio de la U. del Desarrollo – uno de sus antiguos directores era el ministro Joaquín Lavín – en cuyo titular dice lo siguiente: “los chilenos están pesimistas, desideologizados y desconfiados de sus instituciones”; al parecer, el Diario (EL Mercurio) consagrado al dios de los comerciantes y ladrones, acaba de descubrir la Meca.
Según la encuesta de esta universidad, el 77% cree que el prestigio de la autoridad de la iglesia católica ha empeorado; el 72%, cree que la justicia favorece sólo a los ricos; el 52% cree que el número de pobres ha aumentado; un 50% apoya a los movimientos ecologistas.
Mientras los militares, que atropellaron los derechos humanos están en cabañas de veraneo, los pobres están hacinados en cárceles sobrepobladas, hediondas y con ambiente inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos. Casi un 90 por ciento de los presos son hijos de condenados.
Nadie cree que los que llama “ladrones” la ministra Evelyn Matthei vayan a ir a la cárcel, pues todos sabemos que las penas para los estafadores de “cuello y corbata” son muy bajas o nulas; la mayoría son remitidas o sometidas al pago de multas irrisorias; no hay ninguna proporcionalidad en castigo a una persona que cometió un hurto, a un grupo de estafadores – como en el caso de La Polar, que repactó sin consentimiento de las personas, que ascienden a más de 400.000 deudores.
Quienes sufren con los temporales son, fundamentalmente, quienes viven en campamentos y mediaguas. Este gobierno ha demostrado, a pesar de contar con millones de dólares, una patética incapacidad para enfrentar el problema habitacional, que se arrastra desde hace mucho tiempo y que se ha agravado con el terremoto y maremoto del 27F.
Las epidemias, producto del crudo invierno, también la sufren los niños y los adultos mayores pobres, que deben ser atendidos en un sistema hospitalario, completamente incapaz de enfrentar una situación de urgencia. No es solución traspasarlos al sector privado, enriqueciendo a las clínicas privadas, sino que es urgente e imprescindible una revolución en el campo de la salud. No es posible que el per capita para ese sector siga siendo de menos 300 dólares, cuando debiera ser, al menos, de 1.000 dólares a 1.500 dólares.
No se puede enfrentar la desigualdad sin una radical reforma tributaria que signifique triplicar el royalty, no sólo para las mineras, sino también para el conjunto de las materias primas, asimismo aumentar el IVA a los productos suntuario, y eliminarlo de los productos de la casta básico, fundamentalmente el pan, la leche y otros artículos de primera necesidad. No veo por qué se subvenciona el precio de la bencina para los autos particulares y no se procede de igual forma con productos básicos, como los alimenticios; se podría aumentar al doble el impuesto a la renta de primera categoría y reducir el destinado a las Pymes, incluso, podría pensarse en premiar fiscalmente a aquellas empresas que contraten a más personas. Es evidente que un cambio tributario radical permitiría recaudar suficientes recursos para ser invertidos especialmente en salud, educación y vivienda.
Leí en algún diario chileno una opinión de un personaje de gobierno que decía que con “el asunto de La Polar les llovía sobre mojado” y pienso que tiene razón: son demasiados los conflictos de interés de este gobierno empresarial, al fin y al cabo, los directores del La Polar pertenecen al mismo grupo social que hoy gobierna – es como si le hubiera ocurrido un accidente automovilístico a un pariente muy querido.
Pienso que con esta confabulación de intereses, con ministros de hacienda neoliberales – tanto en la Concertación, como en la Coalición- y con partidos políticos absolutamente lejanos de la sociedad, no terminaremos, a corto plazo, con esta repugnante desigualdad, y tendremos que conformarnos con la estupidez aquella de que en pocos años más Chile será igual a Portugal, como si este país estuviera en Jauja.
Rafael Luis Gumucio Rivas
19/06/2011