Cerca de cien mil manifestantes, entre profesores, estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores del cobre y otros, coparon la Alameda. Hace mucho tiempo, en esta larga e invernal transacción, que no se veía una rebelión estudiantil de tal poder de convocatoria.
Los chilenos se aburrieron de mantenerse como borregos frente a una educación que se ha convertido en un objeto del mercado – más desregulado que La Polar -: los dueños de universidades venden y compran edificios con alumnos incluidos; la enseñanza y la educación se transa como en la Bolsa; el ministro de Educación es – o fue – dueño de una universidad. Tienen razón los alumnos de no considerarlo un interlocutor válido, pues habría un conflicto de intereses, y no es raro, pues incluso el presidente de la república tardó bastante en dejar sus empresas, también algunos de los ministros y parlamentarios tienen intereses comprometidos.
Los alumnos de la escuela secundaria se hartaron de ser engañados por una casta de políticos, incapaces de enfrentar el tema de la calidad de la educación. Desde 2006, comienzo de la revolución de los “ pingüinos” el Congreso ha aprobado sólo legislaciones de parche, que no tiene nada que ver con las aspiraciones de los estudiantes.
La famosa Ley General de Educación no tiene, ni tendrá, ninguna incidencia en el aula, que es donde verdaderamente ocurren los procesos de enseñanza-aprendizaje. El Duopolio, en materia de educación, no da pie en bola: en veinte años seguimos con una pésima calidad y, además, con un crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, entre escuelas municipales y particulares, entre los “Infantes y los Machucas”.
El ministro Joaquín Lavín, que aspira a la presidencia de la república para el próximo período, se ha dedicado a hacer reformas de parche, sin responder a ningún relato, como dicen los siúticos, ni muchos menos a un proyecto educativo y de país. Son salto y pedos inventados para evadir los problemas centrales, es decir, una educación universitaria estatal de calidad, el traspaso de las escuelas desde la municipalidad al ministerio de Educación, un aumento sustantivo de la subvención escolar, una reforma radical de la carrera pedagógica y remuneraciones docentes equivalentes a las de cualquier profesional – médico, ingeniero…-.
Chile, en la actualidad, está en manos de los mercachifles, aun cuando esta modalidad no es nueva, pues así nos ha ocurrido en diferentes períodos de nuestra historia. No en vano el héroe de los pelucones, don Diego Portales, era un comerciante que estafó al gobierno en el estanco del tabaco, y de ahí para adelante, suma y sigue: siempre, unos cuantos empresarios, dueños del mercado, que entusiastamente forman monopolios o duopolios, para aparentar que compiten entre ellos, recurren al engaño respecto al que podemos llamar “el chileno de a pie”.
En el caso de La Polar, nada más errado que el argumento del ministro de Economía, quien dice que “este fue un accidente de automóvil”, cuando corresponde a un mercado completamente desregulado, donde el empresario – como antiguamente el señor feudal – hace lo que quiere con sus siervos; el -derecho a pernada equivaldría a poder repactar las deudas con intereses rayando en la usura, por ejemplo, de $100.000 de deuda, terminan cobrando más de dos millones; incluso, con acciones como asustar a los deudores con el embargo, en base a documentos sin validez jurídica .
En esta casta de empresarios carentes de todo escrúpulo y con ilimitados afanes de lucro, nadie se hace responsable de nada. En el caso de La Polar, el director argumenta no haber sabido sobre las actuaciones de los ejecutivos – considere que han sido directores la mayoría de los prohombres del mundo empresarial -. Ahora se supo que se vendieron millones de pesos en acciones durante el año.
Las auditorías contables y las calificadoras de riesgos, cuyos informes engañaron no sólo a los inversionistas privados, sino también a las AFP, que juegan a la Bolsa con el dinero de los trabajadores, también rehuyen la responsabilidad. Por su parte, los directorios de las AFP tampoco están dispuestos a darlos a los trabajadores.
Las tres Superintendencias – De Valores, de Bancos y la de Previsión – no cumplieron sus funciones y mas bien se presentan como estafados: un mínimo de ética los debiera llevarlos a presentar la renuncia a sus cargos.
Para colmo de la desfachatez, los diputados de derecha proponen una comisión investigadora – como si no supiéramos que esta instancia no sirve para nada – para lavarse las manos. Los diputados de la oposición proponen una tontería similar a las famosas interpelaciones.
Tanto abuso contra los ciudadanos y los consumidores nos está conduciendo, desde una crisis de representación, a una de completa incredulidad respecto a las élites chilenas.
Rafael Luis Gumucio Rivas
16/06/2011