La Aduana argentina allanó ayer en la tarde las oficinas del supermercado VEA, de la cadena Cencosud, ubicadas en el barrio Unimev de Guaymallén, Argentina. La medida fue dispuesta por el juez federal Walter Bento en el marco de la investigación que se realiza por la supuesta venta de mercadería que habría sido enviada a Chile como donaciones y luego vendida, informa el diario Los Andes.
Desde la empresa Cencosud, dueña de la cadena de supermercados, negaron de plano las acusaciones por evasión y contrabando documentado de mercadería destinada a ayuda humanitaria para los chilenos afectados por el terremoto de 2010. Ante el curso de los hechos, que incluyeron también allanamientos de sus oficinas en Buenos Aires, la compañía emitió un comunicado dando su versión.
“Cencosud no obtuvo ni ha obtenido ningún beneficio económico del envío de mercadería destinada a los damnificados por el terremoto ocurrido en Chile en febrero de 2010. La empresa actuó siempre de buena fe, siguiendo la petición realizada por el Gobierno de Chile con el objetivo de ayudar a los más afectados por el terremoto y el tsunami”, señala.
En cuanto a la situación en el paso fronterizo, de acuerdo a Cencosud, ” el Ministerio del Interior dispuso que la mercadería fuera revisada sólo en Los Libertadores por los funcionarios de Aduanas en ese lugar y se estableció que se clasificaría la mercadería, bajo el código aduanero argentino 581 (“régimen de asistencia y salvamento”).
Respecto de los 200 camiones que transportaron la mercadería y que son el centro de la polémica, añade que ” fueron, por tanto, autorizados a ingresar con la glosa de “ayuda humanitaria” en exclusiva consideración al hecho que el Gobierno de Chile las entregaría en forma gratuita a los damnificados por el terremoto, siendo la participación de Cencosud y su filial argentina Jumbo Retail, justificada por el hecho de actuar en calidad de mandatarios del Gobierno chileno”.
Los Andes intentó contactar, sin éxito, al director regional de Aduanas. Sin embargo, desde la sede Mendoza de Afip, explicaron que “si tiene implicancias impositivas hay que revisar los balances de 2010 que están cerrándose, para determinar si hubo créditos fiscales, entre otros aspectos”.
Cabe señalar que, de acuerdo a la legislación vigente, un agravante para una eventual pena económica es el dolo, en cuyo caso puede multiplicarse por 10 el equivalente a pagar en concepto de derecho de exportación (las mercaderías salientes no pagan IVA).