Noviembre 14, 2024

Ex oficiales de Ejército condenados a diez años de cárcel

El Ministro en Visita, Jorge Zepeda sentenció a diez años de presidio sin beneficios a los ex oficiales de Ejército, Gerardo Urrich González, René Cardemil Figueroa y Juan Ramón Fernández Barardi. El 17 de septiembre de 1973 – a un mes del golpe militar- el trío ametralló a seis personas en las inmediaciones del Túnel Lo Prado.

 

 

 

Las víctimas son: Ricardo Montecinos Slaughter (27 años), funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); Carlos Adler Zulueta (25 años), turista argentino; Beatriz Elena Díaz Agüero (26 años), turista argentina; Víctor Garretón Romero (60 años), importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi (25 años) estudiante universitario y Julio Saa Pizarro (35 años) cirujano dentista.

 

La investigación judicial estableció que el 16 de septiembre de 1973, mientras las víctimas dormían en sus respectivos departamentos ubicados en la Torre12 de la Remodelación San Borja, fueron detenidas por efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejercito.

 

El grupo fue llevado a la Casa de la Cultura de Barrancas, Pudahuel, habilitada – a la fecha- como recinto de prisioneros.

 

Al día siguiente, los detenidos son sacados del lugar y trasladados a los alrededores del Tunel Lo Prado. Allí se les ordenó huir con el fin de simular una fuga. “No obstante los ruegos de clemencia, son asesinadas por ráfagas de ametralladora”, consigna la información entregada por el Poder Judicial

 

Debido a que a una de las víctimas era funcionario del Fondo Monetario Internacional, la  Organización de Naciones Unidas requirió antecedentes  sobre los homicidios. El 2 de octubre de 1976 recomendó a la dictadura militar establecer la autoría y sancionar a los responsables.

 

En ese entonces, el Ministro del Interior, general de Ejército Raúl Cesar Benavides; ordenó investigar el caso y designó para ello al fiscal militar Rolando Melo Silva, pero éste no obtuvo resultados.

 

Benavides, quien falleció el pasado mes de marzo, fue incluido por el juez Baltasar Garzón en la lista de de los criminales de lesa humanidad.

 

En tanto, a Melo Silva se le “perdió” un expediente  con información clave  sobre las verdaderas causas de la muerte del ex Ministro del Interior  del gobierno de Allende, José Tohá González

 

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