Hasta que la economía chilena sintió los golpes de la crisis mundial y el terrible terremoto, se decía que era el niño “decente” del barrio latinoamericano, al que envidiaban sus vecinos y él los menospreciaba cordialmente.
El “barrio” cambió como todo y surgieron nuevas casas, aún más confortables, como Brasil y en edificación Argentina, México y otros. Pero Chile no se resintió, más bien vio la oportunidad de integrarse sin mayores diferencias.
Educados como son, los chilenos entreabrieron las puertas de su casa para el vecino pobre al que había despojado de territorios con grandes riquezas marítimas y minerales, para ofrecerle compensaciones comerciales que, en el fondo los beneficiaba más a ellos: a su norte desértico y pobre fluye el agua gratuita de los manantiales bolivianos del Silala y en “sus” puertos el tráfago de mercaderías que van y vienen de Bolivia avivan la economía.
Pasan los años y la candidez (no parece haber un sinónimo mejor) de los bolivianos seguía intacta. El último acto de esta puesta en escena de la política de la zanahoria en la que Bolivia creyó, fue una misteriosa agenda de trece puntos en la que figuraba el crucial punto de la demanda del puerto con soberanía.
Después de “avances” publicitados, reuniones entre los presidentes y comisiones permanentes de “alto nivel”, las negociaciones cayeron como balde de agua fría sobre las cabezas bolivianas; la ex presidenta Bachelet y su sucesor Sebastián Piñera declararon sin ambajes, que nunca se consideró siquiera la soberanía de una costa para Bolivia.
Ahora, que el presidente boliviano, Evo Morales, decidió llevar el diferendo a una Corte Internacional, Chile endurece su postura, o más bien, la desvela y se aferra a un tratado de principios del siglo pasado firmado al calor de la invasión, al poder bélico chileno y a la debilidad boliviana. Ignorando además que en este tiempo ya no tienen validez los paradigmas nacionales que han sido sustituidos por el de la integración y de la tendencia de eliminar las rígidas fronteras de aquél tiempo.
Aunque parezca un chantaje, el planteamiento del Gobernador de Potosí de cortar el suministro de agua gratuita del Silala a Chile, tiene que estudiarse de manera pragmática e incluirla, como un elemento principal, en la demanda anunciada por el Gobierno boliviano.
Editorial del diario La Opinión, de Cochabamba, Bolivia.