¿Mala calidad de los abogados?

Las declaraciones del presidente de la Excelentísima Corte Suprema en relación a la deficiente calidad en la formación de los abogados, es una verdad que no es posible ocultar. Aunque algunos se sientan ofendidos con una opinión así de radical, es tiempo de evitar los eufemismos y decir las cosas como son.

 

 

 Junto con admitir las falencias que exhiben algunos abogados en el ejercicio práctico de la profesión, hay que terminar con el problema de fondo e introducir cambios que permitan contar con profesionales bien formados, integrales, que tengan como principios de vida, la honestidad, la integridad, la moral y la justicia.

 

Tanto en Chile como en otros países existe un amplio número de estudios de Derecho y, algunos piensan que las ofertas laborales no están en la misma proporción y que el escenario para los estudiantes es nefasto y su futuro más certero será engrosar las listas de cesantía. Pensar de esa manera es un error y lo es, porque esta profesión ofrece un amplio espectro de posibilidades. Esto, porque el ejercicio del Derecho no sólo implica litigar, sino que los profesionales se pueden dedicar, por ejemplo, a la docencia, a la investigación y a trabajar como asesores en la empresa pública y privada.

 

Una de las propuestas que se ha vuelto a plantear para garantizar la formación de los nuevos abogados, es el establecimiento de un examen nacional al que se tendrían que someter los licenciados. No soy partidaria de que se aplique un examen al final de la carrera, porque ¿de qué sirve que después de cinco años a un egresado se le diga que no está en condiciones de ejercer? Lo ideal, a mi juicio, es que desde los primeros años de estudio se evalúe a los estudiantes y se vayan adoptando medidas remediales que permitan ir superando falencias y, así, lleguen a quinto año los que verdaderamente cuentan con la formación y las herramientas necesarias para insertarse óptimamente en el mercado  y sean idóneos para la representación de personas y de sus intereses.

 

Tampoco soy partidaria de que la Excelentísima Corte Suprema evalúe los conocimientos y ética de los abogados en ejercicio, puesto que sería una recarga de trabajo y no sería más que una solución de parche.

 

En la enseñanza del Derecho,  se requiere una exigente formación de pregrado que contenga aspectos doctrinarios y prácticos. Y aquí cabe preguntarse, ¿qué formación tienen los docentes que imparten clases en las distintas Escuelas de Derecho?

 

Si bien, las pruebas de evaluación desde los primeros años serían un paso significativo, otra vía para mejorar la enseñanza y asegurar que los programas de estudio que se imparten en las distintas universidades, pese a sus diferencias, entregan los conocimientos imprescindibles, es el proceso de acreditación que certifica la calidad de la educación y la eficiencia institucional.

 

La acreditación debiera ser un requisito para las Escuelas de Derecho. La acreditación, como se sabe, forma parte de un propósito más alto como es el aseguramiento de la calidad de la carrera de Derecho. Por aseguramiento de la calidad, como lo explica la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), se entiende un conjunto de acciones destinadas a evaluar el desempeño de una carrera profesional, a identificar las medidas necesarias para corregir las deficiencias detectadas, a organizarse para implementar dichas medidas y a dar cuenta pública del grado en que se cumplen los criterios de calidad previamente concordados y los propósitos definidos por la propia institución.

 

La discusión en torno a la formación y calidad de quienes serán los nuevos abogados del país debiera centrarse en estos dos aspectos que abordan el tema de fondo y no quedarnos en una discusión estéril y sólo de forma.

 

 

 

Por: Ángela Cattan Atala. Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile.