Una intensa crítica realizó la fuerza de izquierda frente a las altas condenas que otorgó el Tribunal de Cañete a los cuatro comuneros procesados por robo con intimidación y el atentado al Fiscal Mario Elgueta, hechos que ocurrieron entre el año 2005 y 2009.
Este juicio fue sumamente esperado, ya que transcurrió luego de los acuerdos de los comuneros mapuche con el Gobierno al finalizar una extensa huelga de hambre y que consistieron en la recalificación de los delitos de terroristas a delitos comunes. Un compromiso que cumplió el gobierno. Sin embargo, el Ministerio Público mantuvo la calificación y aplicó la Ley Antiterrorista como base de todo el proceso.
Sobre esto se refirió el ex candidato presidencial, Jorge Arrate, quien señaló que “la sentencia es un acto jurídico aberrante. Es el corolario de un proceso irregular que en la práctica expresa un hecho de terrorismo jurídico. Aquí se trata de disciplinar al pueblo mapuche y sus líderes con condenas máximas a quienes estaban siendo acusados en este juicio”.
Cabe señalar que existe una serie de irregularidades que se registraron en el proceso que se extendió por más de 3 meses y donde los comuneros superaron el año de prisión preventiva, además del fuerte cuestionamiento sobre la credibilidad de los testigos que presentó la Fiscalía.
“Estamos en presencia de una justicia que genera violencia social, es exactamente la escena inversa del rol de la justicia. Esto genera una crisis en Araucanía y otras acciones de solidaridad que puedan convulsionar la paz social, las cuales son respuesta a un juicio del Estado llamado a crear paz y no violencia” indicó el parlamentario.
Aguiló expresó su temor porque la Araucanía vuelva a caer en una fuerte militarización ante la acción de las fuerzas policiales frente a actos de repudio que son inevitables ante una sentencia como esta, generando así un retroceso en la relación del pueblo Mapuche y el Estado y mencionó las movilizaciones que ya se están realizando, los cortes de caminos y la toma de la iglesia de la santísima Concepción en Cañete como las primeras acciones.
Por su parte, la fotógrafa Kena Lorenzini puso en evidencia la diferencia en el trato judicial que reciben los comuneros y los militares, recordando que el uniformado que asesinó a Matías Catrileo recibió una pena de tan sólo 3 años y llamó también a la Concertación a reconocer su responsabilidad.
Lorenzini declaró que “lamentablemente hay que comparar y entender que los mapuche no han matado a nadie. En el caso de carabineros que dieron muerte a un mapuche no se utilizaron testigos encubiertos para juzgarlos. Es necesario un juicio justo sin Ley Antiterrorista, la Concertación debe hacer un mea culpa y entablar acciones concretas”.
Finalmente, Jorge Arrate indicó que si el Gobierno se comprometió a no aplicar la Ley Antiterrorista debe cumplir su compromiso, lo que implica realizar un nuevo proceso judicial a través de la ley común. El ex abanderado emplazó al gobierno a “hacerse cargo” y no permitir que el conflicto con nuestros pueblos originarios siga en escalada.