Noviembre 9, 2024

Un año sin recoger los escombros

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altorioLas normas sísmicas comenzaron a imponerse en Chile a raíz del terremoto de Talca en 1928. Se complementaron con posterioridad al terremoto de Chillán en 1939, más tarde a raíz del cataclismo de Valdivia en Mayo de 1960, y se perfeccionaron después del sismo de  Valparaíso en 1971.

 

 

 

 

Cada movimiento telúrico nos permitió extraer enseñanzas y Chile pudo enorgullecerse de ser un territorio donde no había colapsado ningún edificio construido en conformidad con las Normas antisísmicas vigentes. El año 1972 entró en vigencia la Norma NCH 433, resumiendo todas las experiencias nacionales e internacionales en este campo, cuyos merecimientos quedaron demostrados con ocasión del terremoto ocurrido en Marzo de 1985.

 

Como consecuencia del terremoto de Febrero pasado, por primera vez en la historia de nuestra ingeniería antisísmica, se desplomó un edificio de 15 pisos: el edificio Alto Río  en Concepción,  originando la muerte de 8 compatriotas: Otras 30 estructuras similares levantadas en Concepción, Valparaíso y Santiago, durante los últimos 10 años, sufrieron graves daños estructurales siendo declaradas inhabitables.

 

Las investigaciones para determinar las causas que originaron semejante desastre se han mantenido en un riguroso secreto. Cierros herméticos intentan ocultar los daños originados. El hotel Radisson, levantado en la exclusiva ciudad empresarial de Huechuraba, continua hasta hoy día con sus cuatro fachadas cubiertas por una malla de kiwi.

 

El análisis técnico para determinar las causas que motivaron semejante debacle se mantiene fuera del ámbito académico o profesional. El debate está radicado entre abogados y se transfiere al terreno judicial.

 

En el pasado, las estructuras afectadas por los sismos fueron verdaderas escuelas de enseñanza. Auténticos laboratorios donde generaciones de estudiantes y profesionales del ámbito de la construcción, pudieron constatar en terreno los errores cometidos, ya sea debido a  cálculos estructurales incorrectos, o por deficiencias en el proceso constructivo. Numerosas publicaciones de los Institutos universitarios así lo atestiguan. ([1])

 

Nada de eso ocurre ahora. Ningún estamento universitario nos ha convocado para reflexionar al respecto. Ningún Colegio profesional ha propiciado un intercambio serio de experiencias. Tampoco los Tribunales de Ética profesionales han enjuiciado por esta causa a  alguno de sus pares.

La última Bienal de Arquitectura organizada por el Colegio de Arquitectos en Noviembre pasado se reorientó a la reconstrucción justamente a raíz del terremoto del 27F , pero ese propósito se limitó a ser una mera vitrina de los planes oficiales. La única instancia crítica: un panel propiciado por los Comités de Vivienda y Desarrollo Urbano de dicho Colegio, fue saboteada por la organización del evento, radicándose en una sala maloliente,  bulliciosa y desprovista de equipos adecuados para captar las imágenes proyectadas en la pantalla.

 

En Julio pasado, la recién  confirmada intendenta de Concepción: Van Rysselberghe, comunicó públicamente que el gobierno había destinado la suma de doce mil millones de pesos para la demolición de las diez torres declaradas inhabitables en la zona. Añadió que “a fines del año concluiría un estudio de expertos contratados por el MOP por 700 millones de pesos, para determinar el origen de los daños y la metodología de demolición para cada caso.”  ([2])

 

A raíz de esta información, envié una Carta abierta al presidente Piñera, donde manifesté mi estupor por el hecho de haberse resuelto iniciar dichos estudios transcurridos más de cinco meses desde el desastre.

Añadí que la suma de dinero prevista para ejecutar dicha tarea carecía de todo fundamento sosteniendo que: “no hay técnico capaz de presupuestar el valor de estas obras, porque carecemos de experiencia en una especialidad a la que hemos sido empujados por primera vez en nuestra historia, gracias a la acción de empresarios inescrupulosos o negligentes. Fuimos educados como constructores y no como demoledores.  Nadie puede asegurarle montos ni plazos de una faena tan singular como imprevisible.“  Terminé manifestando “la conveniencia de crear a la brevedad una Empresa Nacional de Construcciones, encargada de asumir todas las situaciones emanadas de las emergencias”. ([3])

 

Pues bien, la intendenta Van Rysselberghe, dio a conocer públicamente el día 3 de Febrero recién pasado,  que había firmado junto con el alcalde de Concepción los documentos autorizando la iniciación de los trabajos de demolición del colapsado edificio Alto Rio. La intención, según la intendenta, era que “las obras se inicien el próximo Lunes, agregando que esperamos estar terminados antes del 27 de Febrero.”  ([4])

 

Nunca lo hubiera dicho. La incorregible intendenta debió haber aprendido que por la boca muere el pez, tal como le ocurrió en su controvertido encuentro con los pobladores de “Aurora de Chile”.

 

Al día siguiente de publicarse esta noticia, el Centro de Investigaciones Periodística CIPER denunció en un extenso y documentado informe, que la firma JCE S.A. a la cual se le adjudicaron los trabajos de estabilización de los edificios dañados en la región del Bio Bio por la suma de 726 millones de pesos, es la empresa constructora que registra el mayor número de inmuebles dañados por el terremoto pasado. Se trata de 15 propiedades que la investigación de CIPER detalla con toda exactitud. Este estudio añade que la licitación fue por trato directo y no pasó por el sistema ChileCompra, y el contrato incluye las obras a ejecutar en la torre Centro Mayor, edificada por la misma empresa.  En la trayectoria de la constructora figuran dos juicios por incumplimiento de contrato en licitaciones públicas. ([5]).

 

La investigación de CIPER alcanzó las características de  una auténtica réplica del terremoto, obligando  al gobierno regional de Concepción a comunicar que “no había ningún acuerdo con empresas constructoras para ejecutar las obras, debido a que faltaban convenios por afinar. En consecuencia, aún no se ha determinado la firma que realizará la demolición”. ([6])

 

Está claro que las ceremonias oficiales programadas en conmemoración del terremoto del 27 de Febrero tendrán que coexistir  con las ruinas  del edificio Alto Río . Afectarán el exitista balance anunciado por el gobierno, pero por sobre todo, las ruinas son una dramática expresión de las consecuencias derivadas de un modelo de ejecución  de obras llevado al límite, con el objetivo de lograr la máxima rentabilidad.

El sueño de la vivienda propia, quimera mayor para toda familia chilena,  es hoy una mercancía en manos del capital financiero, que opera con escasas normas de  regulación y liberado de una adecuada fiscalización.

 

Los escombros del Alto Rio se han transformado en una atracción de la capital penquista. Cualquier  turista concurre al lugar y se retrata teniendo como fondo el espectáculo del inmueble que yace echado de bruces cual bestia herida.

Para los familiares de las víctimas es un agravio  la frivolidad con la cual se asume semejante tragedia. El lugar debe cautelarse como un memorial adonde se accede para  rendir reverencia

 

Es injustificable e imperdonable que el estado no haya intervenido poniendo fin hace largo rato  a este show de esqueletos desarticulados y a la prolongada incertidumbre de las familias que han visto esfumarse sus ahorros de toda la vida.

Nadie habría reprochado a Piñera que hubiera acudido al rescate de estas familias damnificadas, tal como procedió con los 33 mineros atrapados en la profundidad de la Mina San José.

Concluida la operación, llega el momento de saldar cuentas sentando a la mesa a todos los actores envueltos en el desastre: empresas constructoras e inmobiliarias, direcciones de obras municipales, bancos, compañías de seguro y  -por cierto- los damnificados.  

 

PIñera y sus voceros invocan a la unidad en todas sus declaraciones públicas. Califican de obstruccionistas las críticas a su labor, que proliferan por doquier.

Mejor sería rectificar rumbos, escuchar de verdad a los damnificados y a los municipios y hacerlos partícipes de todos su planes y programas.  

 

 

 

 


 


   Ver en especial,:

 

MISION DEL ARQUITECTO EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL SUR. Arquitecto Héctor

   Mardones  Restat. y

– NATURALEZA Y CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL SUR, PERSPECTIVAS

  DE LA RECONSTRUCION Y LABOR DE LOS INSTITUTOS DE LA FACULTAD A CORTO

  Y  LARGO PLAZO. Prof. Arquitecta Anamaría Barrenechea y Ayudante arquitecto Pedro García M.

  INFORME AL X CONGRESO PANAMERICANO DE ARQUITECTOS. Instituto de Vivienda,

  Urbanismo y Planeación de la Facultad de Arquitectura. U. de Chile. Buenos Aires 1960.

EL SISMO DE MARZO 1985. CHILE. Texto fruto de las extensas investigaciones efectuadas por

   profesores de los Departamentos de Ingeniería Civil, IDIEM, Geología y Geofísica de la Facultad de

   Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile.

[1]

   El Mercurio. 28.07.2010– Hay diez torres con orden de derrumbe por el terremoto. Afectados viven donde

 

  familiares o arriendan otras viviendas.

[2]

   Miguel Lawner. “Carta Abierta al Presidente Piñera”. Documento de circulación en Internet. 19.08.2010.

 

[3]

   La Tercera. Viernes 4.02.2010. “Demolición definitiva de edificio Alto Rio comenzaría el Lunes”

 

[4]

   Ciper. Por Tabatha Guerra. 9.02.2011. DEMOLICION DE TORRES EN CONCEPCION:

 

   CONSTRUCTORA CON MAS EDIFICIOS DAÑADOS GANA LICITACION

[5]

   La Tercera. 11.02.2011– TRAS POLEMICA, EL MOP  LICITARA TRABAJOS DE

 

  DEMOILICION DE ALTO RIO.

[6]

 

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