Tras fiscalización a la Municipalidad de Pirque, la Contraloría constató irregularidades en el uso e inversión de los recursos fiscales destinados a programas de emergencia derivados del terremoto del 27 de febrero del 2010. Entre otras, figura una cuenta por 8 millones de pesos para solventar una consultoría de ingeniería estructural con la Empresa DICON UC, “no obstante esa entidad comunal no contrató a la empresa señalada”, asevera el organismo contralor en “Informe Final Nº71”, evacuado el 2 de febrero de este año.
El documento explica que el Municipio debe aclarar y regularizar la situación con la empresa DICON UC, “toda vez que no consta la contratación de la misma, sin embargo en la rendición al Ministerio del Interior se incluyeron gastos correspondientes a pagos en su favor”.
Durante la revisión, la Contraloría comprobó que “bienes no distribuidos a la población están almacenados en un predio particular denominado “Fundo Los Maitenes”, sector Santa Rita, cuyo administrador no es funcionario municipal, sin embargo, está a cargo de las llaves”.
Vecinos del lugar aseguraron a elclarin.cl que en ese terreno reside el propio Alcalde y familiares de él.
La situación – calificada por el organismo fiscalizador como “improcedente”- fue ratificada por la jefa de personal y la secretaria municipal. “No existen convenios con particulares para almacenar bienes municipales”, declararon ambas funcionarias.
En conocimiento del hecho, el alcalde, Cristián Balmaceda Undurraga (RN), dio cuenta a la entidad fiscalizadora del traslado de los bienes a una bodega municipal ubicada en la calle Hernán Prieto, sector La Católica.
La Contraloría en terreno
La inspección en terreno, con el fin de efectuar un recuento de los enseres guardados, dejó al descubierto deficiencias en el ordenamiento de las especies. Esto impidió obtener, con precisión, la cantidad de productos destinados a los damnificados.
Ante la situación detectada, la Contraloría solicitó a la directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) “un informe separado de los bienes que corresponden a la emergencia derivada del terremoto”. Al término de la auditoría- 30 de junio 2010- la funcionaria no había entregado la documentación.
Más tarde, el Alcalde Balmaceda hizo llegar – con fecha 16 de noviembre del 2010- el inventario requerido. No obstante,“las validaciones efectuadas sobre el particular comprobaron que la distribución dentro del recinto habilitado como bodega, nuevamente, no permite realizar el recuento físico”, puntualiza el Informe.
Subraya, además, que el Municipio no tiene sistema de control para el ingreso, salida y mermas de los bienes almacenados.
La entrega de materiales a las familias afectadas, a cargo de DIDECO y la Dirección de Obras, a través de la Unidad de Emergencia, se llevó a cabo sin ningún control efectivo, lo que induce a poner en duda la correcta y confiable distribución de la ayuda.
En este punto, la entidad fiscalizadora objetó el proceder de la Unidad de Emergencia quien le proporcionó “hojas sueltas con materiales entregados, sin que ello quedara registrado en el control de stock- ya implementado por DIDECO”- o en su propio inventario.
En posteriores inspecciones, el organismo contralor cuestionó a la entidad comunal por no haber “implementado medidas correctivas” en esta área.
Ayuda de la ONEMI
Al igual que otros municipios, el de Pirque recibió desde la Oficina Nacional de Emergencia alimentos, frazadas, colchones, catres y camarotes para socorrer, en forma rápida, a las familias más afectadas por el sismo; la gran mayoría de ellas pertenecientes a los sectores socioeconómicos más pobres.
Sin embargo, en este punto, la Contraloría verificó que la distribución del aporte estatal no se realizó con la celeridad necesaria. Al respecto, constató diferencias entre el registro mantenido por Dideco y la cantidad de “materiales existentes en la bodega utilizada por el Municipio”. Dicho de otro modo: aun faltaba distribuir bienes a las víctimas de la tragedia.
“La Dirección de Desarrollo Comunitario deberá implementar un procedimiento de control de bodegas, que garantice el debido resguardo de los bienes y proporcione información confiable sobre el saldo de las existencias, debiendo, además, distribuir las especies pendientes a las familias afectadas”, ordena la Contraloría.
Incumplimiento de la ley
La investigación revela que la Municipalidad no cumplió con la Ley 19.886 al contratar servicios externos de arriendo de retroexcavadora, retiro de escombros, demolición, transporte de mediaguas, instalación eléctrica en viviendas de emergencia,
Los gastos involucrados en este ítem ascienden a 11 millones 441.778 mil pesos.
Entre otras contrataciones fuera de la Ley se cuentan: servicios por concepto de reparación de estructuras metálicas en medialuna municipal, casetas, casino, galería y cierres perimetrales, generador eléctrico en posta médica, 49 horas de máquina retroexcavadora y 26 viajes para retiro de escombros de Iglesia Santa Rita, situada al interior de una propiedad particular.
El monto pagado a distintos proveedores, alcanza a 2 millones 389. 202 pesos.
Se trata de una falta grave porque el cuerpo legal obliga a las instituciones fiscales a publicar este tipo de adquisiciones en el sistema de información del Estado, www.mercadopublico.cl
La LEY 19.886 establece la institucionalidad necesaria para velar por la transparencia y la eficiencia de las compras y contrataciones públicas, preservar la igualdad de competencia y no discriminación, como asimismo considerar el debido proceso.
Informe Final 71: http://www.contraloria.cl/
Ir a Informes de Auditoría. Click en Municipalidades y buscar : INFORME FINAL N° 71-10 MUNICIPALIDAD DE PIRQUE, SOBRE AUDITORÍA A LOS MACROPROCESOS DE GENERACIÓN DE RECURSOS, DESARROLLO COMUNITARIO Y REC. EN ADM. – FEBRERO 2011