A partir del miércoles 16 de febrero, se dará inicia en el World Conference Center de Bonn, Alemania, a la segunda sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, seguida por la novena sesión de la Comisión de Revisión de la Implementación de la Convención.
Ambas reuniones globales promoverán un enfoque ‘decisivo y pragmático’ de la comunidad internacional para luchar contra la desertificación y la degradación de la tierra, y mitigar los efectos de la sequía, particularmente en el actual escenario de cambio climático.
La reunión del CCT tratará de once indicadores de impacto (un conjunto estandarizado de indicadores de rendimiento de los informes presentados) aprobados en la novena Conferencia de las Partes (COP-9) realizada en 2009,.y se centrará en las metodologías y enfoques actualmente en evaluación para su uso con los dos indicadores de impacto aprobados como obligatorios. También se deliberará sobre la llamada revisión inter pares de los nueve indicadores de impacto adoptados como opcionales.
Por otro lado, la reunión del CRIC revisará el desempeño colectivo de las partes en el bienio 2008-2009 con respecto a cada uno de los cinco objetivos operacionales de la estrategia de 10 años y el plan para la aplicación de la Convención (2008-2018) adoptados durante el octavo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP-8); los flujos financieros para la aplicación de la Convención, y las mejores prácticas en materia de tecnologías sostenibles de manejo de la tierra. La importancia de ello es que esta es la primera vez en la historia de la Convención, que se llevará a cabo una evaluación cuantitativa de los resultados desde ese punto de vista global.
Para EarthAction/Acción por la Tierra, miembro de la Red Internacional de ONG sobre
Desertificación en América Latina y el Caribe (RIOD-ALC) y con una larga trayectoria de acompañamiento de este tratado (1995 en adelante), los esfuerzos de la Convención por realizar evaluaciones cuantitativas utilizando indicadores compartidos por los 194 países parte, representan un importante avance con respecto a la situación anterior a 2007. No obstante, vemos con cierta reserva la forma en que los países partes (entiéndase para estos efectos, los gobiernos) recopilan la información con que elaboran los informes mediante los que reportan sus avances en la lucha contra la desertificación.
En el caso de Chile –con 63% de su territorio afectado por diversos grados de desertificación- no existe, por ejemplo, ningún proceso de información ni consulta a las numerosas comunidades afectadas por este fenómeno (y por la sequía, que también es materia de la Convención), y el informe no se hace público ni se comparte con los actores interesados previo a su presentación al CRIC.
Consciente de estas dificultades, la Convención estableció el PRAIS, un sistema de examen y evaluación de la implementación, basado en una plataforma en línea. Esta es accesible a las ONG acreditadas ante la Convención, previo su registro en el sistema. Otro esfuerzo loable; sin embargo, nos parece que el sistema restringe los aportes de la sociedad civil, poniéndolos en el estrecho marco de las “buenas prácticas”, lo que no permite reflejar toda la rica gama de aportes que se podrían realizar desde nuestro sector a un análisis crítico de la implementación de la Convención en Chile.
Por otra parte, el costo de implementación del sistema PRAIS da pie para dudar de su relación costo-eficiencia, dado que -según se señala en la página web de la propia Convención- “El proyecto, aunque cuenta con el apoyo de la contribución en efectivo del FMAM, el WCMC y la Secretaría (USD 3.250 millones), las contribuciones en especie de la Secretaría y el MM (US $ 2,5 millones) y se prevé que las contribuciones en especie de países Partes (USD 2.450 illones) sigue sufriendo escasez de recursos financieros en efectivo por un monto estimado de USD 1,5 millones….Una propuesta de proyecto por valor de aproximadamente USD 700.000 ha sido desarrollada por la secretaría de la CLD y presentado a la Comisión Europea para su consideración.”
Ante estas sobrecogedoras cifras -miles de millones de dólares y un déficit de 1,5 millones- creemos que es legítimo preguntarnos por la eficacia de un sistema con semejantes costos y que finalmente sólo es accesible por unos pocos (centros de estudios, ONGs, funcionarios de gobierno) para dar cuenta de sus “buenas prácticas”, mientras que en nuestra opinión, el foco de la evaluación o del examen del avance de la implementación, para usar el lenguaje de la Convención, debiera ser, justamente, cuánto se ha avanzado en el terreno en la lucha contra la desertificación.
Los tres últimos gobiernos de la Concertación (Chile suscribió la Convención en 1995, la ratificó en 1997 y entró en vigor en 1998) optaron por reportar las inversiones realizadas en el marco de una serie de programas sectoriales de diversos servicios del Ministerio de Agricultura (INDAP, SAG) y de CONAF (entidad responsable de la aplicación de la UNCCD en nuestro país) y sus resultados, como esfuerzos de lucha contra la desertificación realizados bajo el Plan de Acción Nacional que el país se ha comprometido a ejecutar bajo la Convención. Con ello, obviaron sistemáticamente dotar al Plan de Acción Nacional coordinado por CONAF, de recursos humanos y financieros propios. Con ello amañaron, en cierta forma, la obligación que como país asumieron ante la UNCCD de diseñar y ejecutar tales planes con un enfoque “de abajo hacia arriba” y contando en todas sus etapas con la participación de las comunidades afectadas.
Considerando la actual situación de sequía que actualmente atraviesan diversas regiones y comunas de nuestro país, que en la mayor parte de los casos sólo viene a agudizar procesos de desertificación que ya estaban en marcha, es de esperar que el gobierno de Sebastián Piñera y en particular, el Ministerio de Agricultura y CONAF, revisen este enfoque y adopten una estrategia de implementación de la Convención más acorde con su letra y espíritu.
