Enero 2, 2025

Despachado, con cambios, el proyecto de Sernac financiero

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falabe1“En Chile es más fácil divorciarse que cerrar una cuenta corriente”, aseguró diputado Lorenzini. En tanto, el diputado Fuad Chahín agregó que “el proyecto se mejoró sustancialmente; logramos aprobar indicaciones que avanzan notablemente en beneficio de usuarios”.

Entre enero y mayo de 2010 se registraron 13.636 reclamos contra el mercado financiero (22% del total), 65 por ciento de ellos referidos a tarjetas de crédito del retail, 26 por ciento a bancos y 9 por ciento a otras materias.


Facilitar el cierre de una cuenta corriente o la revocación de los conocidos sistemas de pagos automáticos de cuentas, conocidos como PAC; evitar los cambios arbitrarios en cobros y comisiones de tarjetas de crédito y otros productos, disminuyendo al máximo los efectos de las ventas atadas, son sólo algunas de las indicaciones que finalmente lograron incluirse en el proyecto, aprobado ayer por la Cámara y que establece nuevas atribuciones para el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor).

Así lo informaron al término de la votación los diputados DC Pablo Lorenzini y Fuad Chahín, autores de varias de las modificaciones que se agregaron al proyecto original enviado por el Gobierno al Congreso.

Según explicó el diputado Chahín, “además de crearse un verdadero catálogo de cláusulas abusivas, se avanza sustancialmente en disminuir al máximo los efectos de las polémicas ventas atadas. Por ejemplo, si una persona decide cerrar su cuenta corriente o tarjeta de crédito, no le podrán modificar por esta razón la tasa que obtuvo en el crédito hipotecario o de consumo, por el tiempo que se haya pactado para dichos compromisos”.

El diputado Lorenzini, en tanto, enfatizó el impacto de este tipo de leyes en los ciudadanos señalando que “estamos hablando de millones de personas que son usuarios de los diferentes tipos de productos que ofrecen los bancos e instituciones financieras, todos los cambios que aprobemos para evitar que sigan ocurriendo cambios y decisiones arbitrarias que afectan directamente al consumidor, son favorables. De hecho, a miles de chilenos les ha tocado tratar de cerrar alguna vez una cuenta corriente y sabrán todo lo engorroso que resulta, es más fácil divorciarse que cerrar una cuenta; lo mismo ocurre con los famosos PAC”.

La iniciativa legal busca perfeccionar la normativa vigente en el ámbito de la industria financiera con el fin de que los consumidores puedan evaluar los productos y servicios disponibles en el mercado con mayor información y logren proteger de mejor manera sus derechos, reforzando además el rol del Servicio Nacional del Consumidor reforzando los mecanismos de orientación y control de la entidad.

En sus contenidos sustanciales, el proyecto aprobado por la Cámara crea al interior del SERNAC una división especializada en la supervisión de los derechos del consumidor en materia financiera, de telecomunicaciones y transportes; precisa la información mínima que han de contener los contratos de adhesión de servicios financieros, crea el Sello SERNAC, mediante el cual se certifica el cumplimiento de la ley en la redacción de los respectivos contratos (básicamente, la inclusión en ellos de la información mínima exigida); faculta al Gobierno para dictar los reglamentos que faciliten la ejecución de la ley así modificada y, tratándose de materias financieras, establece qué reglamentos específicos deben dictarse; confiere el carácter de ministros de fe a determinados funcionarios del SERNAC, para que puedan certificar las infracciones a la Ley del Consumidor y sus atestados sirvan como prueba en tribunales; amplía las atribuciones del SERNAC para que pueda pedir información y entregarla a los consumidores para que tomen decisiones informadas, y promueve la publicación de los precios de los productos que se ofrezcan en páginas Web.

Según la propuesta legal, el rol del SERNAC será informar a los consumidores y, en caso de detectar infracciones, promover la conciliación entre éstos y los proveedores, pudiendo, en caso que ello no ocurra, derivar los casos a los reguladores sectoriales o a los tribunales, e incluso hacerse parte en las acciones colectivas que se ejerzan.

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