 Entre las medidas anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera en su mensaje al congreso, figura la de implementar el derecho a voto de los chilenos residentes en el exterior. |
Como varias de las otras medidas anticipadas por el presidente, esta también trae aparejadas algunas condiciones – a este momento aun no explicitadas aunque sí extraoficialmente conocidas – que de aprobarse tal cual limitaría el ejercicio de ese derecho, o que, de provocar un debate de mucha intensidad e intransigencias en el legislativo, podría simplemente sepultar el proyecto como ha ocurrido ya con otras iniciativas similares.
En otras palabras, los chilenos del exterior no somos una audiencia prioritaria para los principales actores políticos chilenos, aunque por cierto hay que admitir que el tema ha sido levantado y apoyado por los sectores que ahora son oposición, básicamente los partidos de la Concertación. En un estricto sentido sin embargo, si el tema ha sido puesto en la orden del día ha sido principalmente por la movilización de los interesados mismos, más que por la iniciativa de los partidos. Por lo demás no debiera extrañar que así fuera, si bien es cierto los partidos de la Concertación indudablemente han mostrado interés en el tema, por otro lado tanto para opositores como gobierno, el voto de los chilenos del exterior es un enigma y la dirección que éste pueda tomar es materia de conjeturas. De ahí las condiciones limitantes que el proyecto del gobierno anuncia. No es un misterio para nadie que por ejemplo al fijar como una de las condiciones (una de las que se ha mencionado extraoficialmente) el que no haya pasado más de cinco años desde que el ciudadano abandonó el país, se quiere omitir del padrón a ese vasto (pero no necesariamente mayoritario, mucho menos abrumador) segmento de la población chilena que dejó el país durante los años de la dictadura militar: los exiliados, como aun se los identifica.
Sin embargo la verdad es que como no se han efectuado encuestas no puede saberse a ciencia cierta hacia donde los ciudadanos del exterior se inclinarían. La Derecha sospecha que naturalmente los exiliados de la época dictatorial van a votar por la Izquierda y la Concertación (suponiendo que el actual alineamiento de fuerzas se mantenga), por otro lado, emigraciones tradicionales como la de sureños a la Argentina puede ser más dividida en sus preferencias, aunque se estima que con tendencia centro-izquierdista también. Los grandes enigmas son las emigraciones a Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa acaecidas en los últimos años, fundamentalmente de gente joven que al abandonar el país no han tenido mayor experiencia ni interés político y que por cierto podrían eventualmente inclinarse por un lado u otro. Esa incertidumbre puede hacer que en última instancia en todos los partidos políticos predominen los deseos de ir despacito por las piedras e incluso dejar que el tema esté ahí instalado, pero que no se avance sustancialmente en su concreción. Esto último puede ser también un escenario peligroso para las aspiraciones de los chilenos del exterior por lo que si se quiere lograr algo en esta oportunidad habrá probablemente que largarse al menos en el primer escenario favorable: que la iniciativa sea aprobada en general, lo que en la jerga parlamentaria se llama “la idea de legislar”. Una vez aceptada y aprobada la idea de legislar, existiría la posibilidad, vía indicaciones, de modificar el proyecto, intentado eliminar las cláusulas limitativas que el gobierno quiere imponerle. El problema es que, dado que la iniciativa se ha presentado como una enmienda constitucional y no como una simple ley que reglamentara lo que la constitución ya establece en su definición muy amplia de quien es ciudadano, se requiere un quórum especial para su aprobación, en otras palabras, un consenso o al menos una amplia mayoría al que concurran tanto la oposición como al menos uno de los partidos de la Derecha (más probablemente Renovación Nacional ya que la UDI se ha mostrado contraria a la idea desde un comienzo y es difícil que cambie su parecer). Cabría señalar de paso que la interpretación según la cual el derecho a voto en el exterior ya está consagrado en la constitución y sólo bastaría una ley que lo implementara, aunque no carece de méritos jurídicos, no ha sido objeto de prueba judicial ni de insistencia política en el parlamento por parte de los políticos opositores. En general, como en otros casos, en esta materia se seguirá el transitado camino de los acuerdos amplios de oposición y gobierno. Naturalmente como todos sabemos, de estos acuerdos consensuados lo que surge es siempre un compromiso, con lo cual se corre el riesgo que el resultado final de este proceso no logre satisfacer a todos. Ciertamente una hipotética aprobación de un derecho a voto restringido, dejaría indignados a todos los que quedaran marginados de ejercerlo.
Hasta este momento las condiciones que el gobierno quiere imponer a los sufragantes del exterior no se han explicitado, aunque principalmente voceros de Renovación Nacional las habían planteado antes. En el documento enviado por el presidente Piñera a la Cámara de Diputados simplemente se dice en su segunda parte (Experiencia del derecho comparado) que: “Extender el derecho a voto a los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero que mantengan un vínculo y pertenencia con el país, no solo es un anhelo de nuestro gobierno sino es un modo de fortalecer nuestra democracia, de perfeccionar la institucionalidad electoral a fin de lograr una democracia más participativa”. La clave está en eso de mantener “un vínculo y pertenencia con el país”, conceptos muy vagos y generales que pueden significar cualquier cosa: ¿acaso en esta época del Internet no sería leer o a estar suscritos a medios chilenos un “vínculo” con el país? ¿o estar suscrito a la señal internacional de Televisión Nacional otra forma de “vínculo” ya que a través de ella uno se mantendría informado del acontecer chileno (especialmente sobre lo que ocurre en materia de crónica policial dada la copiosa información sobre toda clase de crímenes, actividades de pandillas y “famosos” personajes de la delincuencia criolla sobre la que TVN nos informa puntual y abundantemente)? ¿o no sería un signo de “pertenencia” cuando los chilenos de ciudades como Montreal salen a celebrar en caravanas de automóviles los triunfos de la Roja en las clasificatorias del Mundial? Y más por pertenencia: ¿cómo se catalogaría los cientos de horas que chilenos en todas partes del mundo dedicaron a montar diversas actividades para ir en ayuda del país afectado por el terremoto, organizándose a sólo horas de acaecido?
Obviamente el proyecto del gobierno busca algunos criterios más objetivos para fijar las condiciones que pondría a los ciudadanos del exterior, de ahí que los que se hayan mencionados son los de haberse ausentado del país no más de cinco años al momento de la votación, o en el caso de los que estuvieran residiendo por un tiempo mayor a ese, que al menos hubieran viajado a Chile en un lapso de los últimos cinco años, incluso se dice que ese viaje tendría que haber tenido una duración mínima también (¿un mes? ¿tres meses?) El problema es que aunque el viajar es un criterio objetivo (mensurable, comprobable) no es necesariamente un criterio justo o más bien dicho, es al final tan arbitrario como exigir que cada cinco años uno se tuviera que comprar una camiseta de la selección chilena, ponérsela y andar luciéndola por la ciudad con comprobación hecha por su respectiva embajada o consulado, donde uno tuviera que tomarse una foto la que sería firmada y timbrada por sus respectivos funcionarios…
En definitiva aspectos conductuales y de actitud como “vínculo” y “pertenencia” con Chile o con cualquier otro país son muy difíciles o casi imposible de definir, aunque como señalo uno sí puede intentar medirlos con acciones concretas como el viaje a Chile. Sin embargo, en intentar traducir ese vínculo o pertenencia a términos cuantitativos, se corre el riesgo de cometer grandes injusticias al hacer del requisito algo oneroso e impráctico: viajar a Chile es siempre algo que probablemente todo chileno del exterior quiere hacer de vez en cuando, pero dependiendo del lugar donde esté, de sus responsabilidades de trabajo o familiares, no siempre puede hacer, pero ello no tiene correlación ni con el vínculo ni la pertenencia que tal persona sienta por Chile. A esto se suma el hecho que viajar a Chile no es barato, especialmente para los que residen en países geográficamente más alejados, lo cual agrega un factor de discriminación financiera al requisito. Asimismo la idea extraoficialmente mencionada de que tal viaje debiera ser por cierto período de tiempo es también intrínsecamente injusta: la mayoría de los chilenos que viajan están aun laboralmente activos en los países donde residen por lo que sus viajes son generalmente de vacaciones, máximo tres semanas, si el requisito fuera de más tiempo que ese se estaría descartando a otro amplio sector de chilenos.
Todo lo cual finalmente hace a uno preguntarse qué se avanza con este proyecto. La verdad es que muy poco y todo puede ser un simple volador de luces. Por otro lado, el hecho que el proyecto viene del ejecutivo significa que al menos cuenta en principio con un apoyo político más allá del que pudieran tener proyectos anteriores respaldados por la Concertación (ahora oposición, como todos deben saber, pero algo que no está de más recordar), desde un punto de vista pragmático entonces importaría que la idea de legislar – esto es el proyecto en general – fuera aprobado. Qué resulte a partir de allí ya es harina de otro costal como se dice. En el mejor escenario posible, el gobierno debería entender que el imponer restricciones sólo hace más engorroso el proceso de inscripción y voto de los chilenos del exterior, forzando a los ciudadanos que residen fuera y a quienes quiera sean los funcionarios que inscriban a los votantes del extranjero a un papeleo complicado y que consumirá bastante tiempo (fotocopiar visación de entrada en pasaportes, billetes de avión o de agencia de viajes, ¿será necesario hacer declaración jurada ante notario?). El peor escenario sin duda sería el que llevara a tal distanciamiento de posiciones entre fuerzas de oposición que el proyecto siguiera la misma suerte de otros anteriores y pasara a dormir el “sueño de los justos” y para 2013 todavía los chilenos del exterior estuvieran esperando que “algo salga”. Entre medio de esos dos escenarios están las diversas posibilidades de compromiso que como digo anteriormente es lo más probable de ocurrir si es que alguna forma de voto en el exterior ha de concretarse.
Aunque cuantificar las probabilidades de que esta iniciativa arroje algún resultado es riesgoso, me atrevería a señalar que a este momento las probabilidades de que se otorgue el derecho a voto sin restricciones, es decir como lo quiere la oposición y no el gobierno, enfrentan grandes obstáculos, fuera de no contar con los votos necesarios: tomaría un profundo proceso de convencimiento o – más probablemente – un acuerdo en que la oposición a su vez negociara el apoyo a alguna otra iniciativa que fuera de importancia para el gobierno, como para que este se sintiera inclinado a variar su posición en esto del “vinculo y pertenencia con Chile”. El peor escenario sería el que no hubiera ley alguna y el proyecto muriera simplemente por imposibilidad de acuerdo entre las fuerzas de oposición y gobierno. Ello puede ocurrir si los partidos perciben que no sufrirán daño político por abandonar la idea (como en este momento los perjudicados con eso serían quienes no tienen derecho a voto, aparentemente estos no tendrían como “castigar” al o los partidos que fueran responsables por el fracaso de la idea, algo a no perder de vista). Lo que deja solamente la probabilidad de una salida de compromiso como la más plausible, aunque no sea de ningún modo la más deseable. Por cierto habría que analizar ese compromiso una vez que se concretara. Algunos ya han opinado en diversos foros en el Internet, que un derecho a voto con limitantes sería mejor que no tener derecho a voto en absoluto, otros de modo principista sostienen que tal cosa sería inaceptable, aunque no hay manera de elaborar como pudiera expresarse de un modo concreto esa “inaceptabilidad”. Con algún pragmatismo otros sostienen que al menos teniendo el derecho a voto reconocido legalmente aunque limitado, ya se habría puesto “un pie en la puerta”, para impulsar un derecho a voto sin restricciones en una segunda etapa. Naturalmente todo dependería de cómo quedara el texto legal definitivo.
Lo malo es que en el supuesto que se produzcan los peores escenarios: que el proyecto muera sin mayor pena ni gloria (el peor de todos los escenarios), o que sea aprobado pero con irritantes limitaciones (segundo más malo), es muy poco o nada lo que los principales afectados pueden hacer: los chilenos del exterior somos, por el hecho mismo de estar fuera del país, un grupo social carente de capacidad de presión y movilización efectiva, excepto por las ocasionales manifestaciones que podríamos montar frente a embajadas y consulados, pero que al final se transforman más en un problema para los países antes los cuales esas representaciones diplomáticas están acreditadas, que para quienes pudiéramos querer que sintieran nuestra reacción.
En otras palabras, los chilenos del exterior no somos una audiencia prioritaria para los principales actores políticos chilenos, aunque por cierto hay que admitir que el tema ha sido levantado y apoyado por los sectores que ahora son oposición, básicamente los partidos de la Concertación. En un estricto sentido sin embargo, si el tema ha sido puesto en la orden del día ha sido principalmente por la movilización de los interesados mismos, más que por la iniciativa de los partidos. Por lo demás no debiera extrañar que así fuera, si bien es cierto los partidos de la Concertación indudablemente han mostrado interés en el tema, por otro lado tanto para opositores como gobierno, el voto de los chilenos del exterior es un enigma y la dirección que éste pueda tomar es materia de conjeturas. De ahí las condiciones limitantes que el proyecto del gobierno anuncia. No es un misterio para nadie que por ejemplo al fijar como una de las condiciones (una de las que se ha mencionado extraoficialmente) el que no haya pasado más de cinco años desde que el ciudadano abandonó el país, se quiere omitir del padrón a ese vasto (pero no necesariamente mayoritario, mucho menos abrumador) segmento de la población chilena que dejó el país durante los años de la dictadura militar: los exiliados, como aun se los identifica.
Sin embargo la verdad es que como no se han efectuado encuestas no puede saberse a ciencia cierta hacia donde los ciudadanos del exterior se inclinarían. La Derecha sospecha que naturalmente los exiliados de la época dictatorial van a votar por la Izquierda y la Concertación (suponiendo que el actual alineamiento de fuerzas se mantenga), por otro lado, emigraciones tradicionales como la de sureños a la Argentina puede ser más dividida en sus preferencias, aunque se estima que con tendencia centro-izquierdista también. Los grandes enigmas son las emigraciones a Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa acaecidas en los últimos años, fundamentalmente de gente joven que al abandonar el país no han tenido mayor experiencia ni interés político y que por cierto podrían eventualmente inclinarse por un lado u otro. Esa incertidumbre puede hacer que en última instancia en todos los partidos políticos predominen los deseos de ir despacito por las piedras e incluso dejar que el tema esté ahí instalado, pero que no se avance sustancialmente en su concreción. Esto último puede ser también un escenario peligroso para las aspiraciones de los chilenos del exterior por lo que si se quiere lograr algo en esta oportunidad habrá probablemente que largarse al menos en el primer escenario favorable: que la iniciativa sea aprobada en general, lo que en la jerga parlamentaria se llama “la idea de legislar”. Una vez aceptada y aprobada la idea de legislar, existiría la posibilidad, vía indicaciones, de modificar el proyecto, intentado eliminar las cláusulas limitativas que el gobierno quiere imponerle. El problema es que, dado que la iniciativa se ha presentado como una enmienda constitucional y no como una simple ley que reglamentara lo que la constitución ya establece en su definición muy amplia de quien es ciudadano, se requiere un quórum especial para su aprobación, en otras palabras, un consenso o al menos una amplia mayoría al que concurran tanto la oposición como al menos uno de los partidos de la Derecha (más probablemente Renovación Nacional ya que la UDI se ha mostrado contraria a la idea desde un comienzo y es difícil que cambie su parecer). Cabría señalar de paso que la interpretación según la cual el derecho a voto en el exterior ya está consagrado en la constitución y sólo bastaría una ley que lo implementara, aunque no carece de méritos jurídicos, no ha sido objeto de prueba judicial ni de insistencia política en el parlamento por parte de los políticos opositores. En general, como en otros casos, en esta materia se seguirá el transitado camino de los acuerdos amplios de oposición y gobierno. Naturalmente como todos sabemos, de estos acuerdos consensuados lo que surge es siempre un compromiso, con lo cual se corre el riesgo que el resultado final de este proceso no logre satisfacer a todos. Ciertamente una hipotética aprobación de un derecho a voto restringido, dejaría indignados a todos los que quedaran marginados de ejercerlo.
Hasta este momento las condiciones que el gobierno quiere imponer a los sufragantes del exterior no se han explicitado, aunque principalmente voceros de Renovación Nacional las habían planteado antes. En el documento enviado por el presidente Piñera a la Cámara de Diputados simplemente se dice en su segunda parte (Experiencia del derecho comparado) que: “Extender el derecho a voto a los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero que mantengan un vínculo y pertenencia con el país, no solo es un anhelo de nuestro gobierno sino es un modo de fortalecer nuestra democracia, de perfeccionar la institucionalidad electoral a fin de lograr una democracia más participativa”. La clave está en eso de mantener “un vínculo y pertenencia con el país”, conceptos muy vagos y generales que pueden significar cualquier cosa: ¿acaso en esta época del Internet no sería leer o a estar suscritos a medios chilenos un “vínculo” con el país? ¿o estar suscrito a la señal internacional de Televisión Nacional otra forma de “vínculo” ya que a través de ella uno se mantendría informado del acontecer chileno (especialmente sobre lo que ocurre en materia de crónica policial dada la copiosa información sobre toda clase de crímenes, actividades de pandillas y “famosos” personajes de la delincuencia criolla sobre la que TVN nos informa puntual y abundantemente)? ¿o no sería un signo de “pertenencia” cuando los chilenos de ciudades como Montreal salen a celebrar en caravanas de automóviles los triunfos de la Roja en las clasificatorias del Mundial? Y más por pertenencia: ¿cómo se catalogaría los cientos de horas que chilenos en todas partes del mundo dedicaron a montar diversas actividades para ir en ayuda del país afectado por el terremoto, organizándose a sólo horas de acaecido?
Obviamente el proyecto del gobierno busca algunos criterios más objetivos para fijar las condiciones que pondría a los ciudadanos del exterior, de ahí que los que se hayan mencionados son los de haberse ausentado del país no más de cinco años al momento de la votación, o en el caso de los que estuvieran residiendo por un tiempo mayor a ese, que al menos hubieran viajado a Chile en un lapso de los últimos cinco años, incluso se dice que ese viaje tendría que haber tenido una duración mínima también (¿un mes? ¿tres meses?) El problema es que aunque el viajar es un criterio objetivo (mensurable, comprobable) no es necesariamente un criterio justo o más bien dicho, es al final tan arbitrario como exigir que cada cinco años uno se tuviera que comprar una camiseta de la selección chilena, ponérsela y andar luciéndola por la ciudad con comprobación hecha por su respectiva embajada o consulado, donde uno tuviera que tomarse una foto la que sería firmada y timbrada por sus respectivos funcionarios…
En definitiva aspectos conductuales y de actitud como “vínculo” y “pertenencia” con Chile o con cualquier otro país son muy difíciles o casi imposible de definir, aunque como señalo uno sí puede intentar medirlos con acciones concretas como el viaje a Chile. Sin embargo, en intentar traducir ese vínculo o pertenencia a términos cuantitativos, se corre el riesgo de cometer grandes injusticias al hacer del requisito algo oneroso e impráctico: viajar a Chile es siempre algo que probablemente todo chileno del exterior quiere hacer de vez en cuando, pero dependiendo del lugar donde esté, de sus responsabilidades de trabajo o familiares, no siempre puede hacer, pero ello no tiene correlación ni con el vínculo ni la pertenencia que tal persona sienta por Chile. A esto se suma el hecho que viajar a Chile no es barato, especialmente para los que residen en países geográficamente más alejados, lo cual agrega un factor de discriminación financiera al requisito. Asimismo la idea extraoficialmente mencionada de que tal viaje debiera ser por cierto período de tiempo es también intrínsecamente injusta: la mayoría de los chilenos que viajan están aun laboralmente activos en los países donde residen por lo que sus viajes son generalmente de vacaciones, máximo tres semanas, si el requisito fuera de más tiempo que ese se estaría descartando a otro amplio sector de chilenos.
Todo lo cual finalmente hace a uno preguntarse qué se avanza con este proyecto. La verdad es que muy poco y todo puede ser un simple volador de luces. Por otro lado, el hecho que el proyecto viene del ejecutivo significa que al menos cuenta en principio con un apoyo político más allá del que pudieran tener proyectos anteriores respaldados por la Concertación (ahora oposición, como todos deben saber, pero algo que no está de más recordar), desde un punto de vista pragmático entonces importaría que la idea de legislar – esto es el proyecto en general – fuera aprobado. Qué resulte a partir de allí ya es harina de otro costal como se dice. En el mejor escenario posible, el gobierno debería entender que el imponer restricciones sólo hace más engorroso el proceso de inscripción y voto de los chilenos del exterior, forzando a los ciudadanos que residen fuera y a quienes quiera sean los funcionarios que inscriban a los votantes del extranjero a un papeleo complicado y que consumirá bastante tiempo (fotocopiar visación de entrada en pasaportes, billetes de avión o de agencia de viajes, ¿será necesario hacer declaración jurada ante notario?). El peor escenario sin duda sería el que llevara a tal distanciamiento de posiciones entre fuerzas de oposición que el proyecto siguiera la misma suerte de otros anteriores y pasara a dormir el “sueño de los justos” y para 2013 todavía los chilenos del exterior estuvieran esperando que “algo salga”. Entre medio de esos dos escenarios están las diversas posibilidades de compromiso que como digo anteriormente es lo más probable de ocurrir si es que alguna forma de voto en el exterior ha de concretarse.
Aunque cuantificar las probabilidades de que esta iniciativa arroje algún resultado es riesgoso, me atrevería a señalar que a este momento las probabilidades de que se otorgue el derecho a voto sin restricciones, es decir como lo quiere la oposición y no el gobierno, enfrentan grandes obstáculos, fuera de no contar con los votos necesarios: tomaría un profundo proceso de convencimiento o – más probablemente – un acuerdo en que la oposición a su vez negociara el apoyo a alguna otra iniciativa que fuera de importancia para el gobierno, como para que este se sintiera inclinado a variar su posición en esto del “vinculo y pertenencia con Chile”. El peor escenario sería el que no hubiera ley alguna y el proyecto muriera simplemente por imposibilidad de acuerdo entre las fuerzas de oposición y gobierno. Ello puede ocurrir si los partidos perciben que no sufrirán daño político por abandonar la idea (como en este momento los perjudicados con eso serían quienes no tienen derecho a voto, aparentemente estos no tendrían como “castigar” al o los partidos que fueran responsables por el fracaso de la idea, algo a no perder de vista). Lo que deja solamente la probabilidad de una salida de compromiso como la más plausible, aunque no sea de ningún modo la más deseable. Por cierto habría que analizar ese compromiso una vez que se concretara. Algunos ya han opinado en diversos foros en el Internet, que un derecho a voto con limitantes sería mejor que no tener derecho a voto en absoluto, otros de modo principista sostienen que tal cosa sería inaceptable, aunque no hay manera de elaborar como pudiera expresarse de un modo concreto esa “inaceptabilidad”. Con algún pragmatismo otros sostienen que al menos teniendo el derecho a voto reconocido legalmente aunque limitado, ya se habría puesto “un pie en la puerta”, para impulsar un derecho a voto sin restricciones en una segunda etapa. Naturalmente todo dependería de cómo quedara el texto legal definitivo.
Por otro lado si bien es cierto que otros países fijan ciertas condiciones para el voto exterior, ellas siempre son más bien demandando una acción de parte de esos ciudadanos (inscribirse) si no lo hacen se entiende que no tienen interés en votar y eso es también respetable, algunos simplemente se han incorporado a su nuevo país con tal dedicación e intensidad que ya no se consideran miembros de la comunidad nacional dejada atrás. En los hechos, para el caso chileno, esa podría ser la única condición: que la gente del exterior – al revés de los residentes en Chile que ahora por el sistema de inscripción automática no tendrían que hacerlo – se tuviera que inscribir, ya fuera en su propia embajada o consulado respectivo, o por carta al Servicio Electoral en el caso de residir en un lugar donde no hubiera embajada o consulado. Obviamente se entendería que aquellos que no lo hicieran no tendrían interés en ejercer ese derecho, un principio que también es parte del proceso democrático y que en Chile hasta ahora ejerce mucha gente que no se inscribe. Pero contrariamente a lo que el presidente concluye de los ejemplos que alude en su mensaje, esto es, bajo interés de participar en casos como los de Argentina o México donde hay votación sin restricciones, infiriendo que lo mismo podría ocurrir si no se ponen condiciones en el voto de los chilenos en el exterior, lo que el voto sin restricciones supone es simplemente que todos son ciudadanos y que – siguiendo un principio básico de democracia – cada cual hará lo que quiera con ese derecho, incluyendo no ejercerlo, pero es de una lógica muy distorsionada intentar abordar un hipotético problema de baja afluencia de votantes poniendo más obstáculos a esos mismos votantes que se quiere hacer participar.