Eduardo Vilo es artista visual y lonko de la primera organización indígena de la IV Región, la Agrupación Mapu Ta Nüyün (tierra de temblores). En la región hay una Oficina de Asuntos Indígenas y en 2008 se formó la Mesa Indígena Regional. Asistieron autoridades y se invitó a los indígenas de las asociaciones Mapu Ta Nüyün, Choyün Mapu, Diaguita Tequirque, Diaguitas Elquinos Llastay, Apachita, y Wetikana. Según el Censo 2002, en la IV Región había 5.194 indígenas reconocidos por la ley, pues los de origen diaguita no fueron contabilizados. Tras la encuesta Casen 2006, el número aumentó a 11.137. “Mapu Ta Nüyün nació el 2002. Hoy en día hay 7 agrupaciones: 4 en Coquimbo, y las otras en La Serena, Vicuña y Ovalle. La mayoría mapuche, una diaguita, otra aymara y una multiétnica”, dice Vilo. El lonko Eduardo Vilo vive en la población San Juan de Coquimbo, un sector de autoconstrucción: “A fines de los años 60 en Coquimbo no había espacio para construir más viviendas, hubo aluviones en los cerros y mucha gente se trasladó a San Juan. Así nació la población”.
Con el tiempo, San Juan ha ido creciendo -allí viven unas 30 mil personas- y también sus problemas: la cesantía y la droga. Es una población grande y relativamente nueva, pero con cultura propia. “Cuando nació era un sector aislado, con mala conectividad vial, poco acceso a la salud. Hoy tenemos una posta, aunque las casas se han deteriorado. A la mayoría se les ha caído el techo”, dice. Uno de los problemas del sector es la escasa participación vecinal: “Aunque hay drogadicción y narcotráfico, San Juan aún no es estigmatizada por ese problema”, dice. San Juan es una población dormitorio, con pequeño comercio y almacenes de barrio: “No hay sectores productivos y se notan carencias. En las ferias de las pulgas y de abastos, se observa que el poder adquisitivo ha bajado. Algo fuerte está pasando, no hay dinero para las compras más mínimas, es notorio. Se oculta la cesantía. Vemos jóvenes deambulando, marcados por la droga, la falta de estudios y la delincuencia. En las ferias muchos están vendiendo enseres, ropas, etc.”, agrega. Señala que aumentó el número de coleros, sobrepasando los límites de las ferias. “Gente que antes tenía trabajo hoy busca un lugar para vender lo que sea con tal de conseguir dinero. Las autoridades han optado por la represión. Sábados y miércoles se producen redadas”, dice.
San Juan y el sector alto de Coquimbo concentran a la mayoría de las personas de origen indígena. “Acá no hay comunidades indígenas ligadas a la tierra. Somos indígenas urbanos. La constante discriminación ha permitido una relación más cercana entre nosotros. Tenemos los mismos temas, vivimos por igual la discriminación, y nos preocupa recuperar nuestra identidad cultural. Se habla de mapuches al sur y aymaras al norte, y la Región de Coquimbo queda en el aire. Nos dicen que aquí vivieron diaguitas y changos, y nada más. En Coquimbo la mayor cantidad de indígenas son mapuches. Hay poblados y personas de origen diaguita, y también aymaras. Todos tratamos de hacernos visibles”.
Señala que persiste el desconocimiento de que muchos mapuches viven en la zona no por emigración: “Existíamos acá antes de la llegada de los españoles”, dice. “Los diaguitas fueron prácticamente diezmados -añade- y en la región calculamos hay unos 20.000 indígenas. Muchos no se reconocen como indígenas pues persiste el temor a transmitir su cultura por miedo a que ser discriminados y marginados. Nosotros queremos recuperar y retransmitir nuestra cultura y acabar con la discriminación. Pero, habiendo organizaciones y siendo habitantes originarios o inmigrantes no tenemos en la región ninguna sede o sitio ceremonial. No contamos con ningún lugar para reunirnos, practicar nuestros ritos o instalar una biblioteca. Un despropósito cuando se construyó en la ciudad una inmensa mezquita y una enorme cruz cristiana. Además, lo poco que se hace dirigido al mundo indígena o se hace a medias o sin consultar con los pueblos”.
Discriminación y cesantía van de la mano. “Se piensa en los mapuches como panaderos, obreros de la construcción, y también hay artistas o profesores. Muchos mapuches que emigraron a Coquimbo buscan empleo y están cesantes. No encuentran ni siquiera la ‘labor’ que la que la sociedad nos designa. No les preocupa a las autoridades. Desconocen nuestro sentir. Nos invitan para intervenciones ‘folclóricas’, para que los actos ‘se vean bonitos’, pero no hay respeto ni tolerancia. Nos llaman ‘para la foto’. Cuando se conformó la Mesa Indígena Regional se hizo con mucho bombo y platillo, vino la prensa y el asesor presidencial. Habló de trabajo mancomunado y apoyo mutuo, de proponer e impulsar la construcción de una política regional indígena, de la ejecución coordinada de políticas públicas participativas con los pueblos indígenas, de canalizar iniciativas públicas y privadas que permitieran instalar un diálogo intercultural… Pero al final fue una gran decepción. Los temas de trabajo, vivienda, salud, educación, etc., quedaron en nada. ¿Qué pasó? Se sigue engañando al indígena. El gobierno no destina fondos importantes a la región. Existe una oficina PIDI, de Promoción de Derechos Indígenas, que está en La Serena, pero no cuenta con recursos. Es una ‘oficina ventanilla’ para dejar o ir a buscar documentos que van o vienen de Santiago”, dice. Según Vilo el problema no es en Coquimbo haya más o menos indígenas: “No es un tema de números. Somos pueblos con derechos y cultura. En la III o la VI Región existe el mismo porcentaje de indígenas, pero hay más recursos instalados y más organizaciones”, agrega.
Detrás de la cruz de Coquimbo se esconde otra realidad A principios de julio, decenas de allegados ocuparon terrenos en La Pampilla. Según el alcalde, Oscar Pereira, esos terrenos fueron hipotecados cuando se inició la construcción del colegio Santa Cecilia. La realidad es que hay una urgente necesidad de viviendas para familias jóvenes que no están inscritas en los sistemas de postulación. Para el Concejo Municipal la única solución fue el desalojo. Por unanimidad los concejales lo acordaron. Según el municipio unos 900 pobladores “han seguido el camino correcto” postulando a créditos bancarios y subsidios. Antes del desalojo, la Dirección de Obras señaló que en los terrenos ocupados no había factibilidad de alcantarillado. Algunas de las precarias viviendas se emplazaban en una quebrada natural.
No hay machas
Mario Navea, secretario del Sindicato de Macheros de Coquimbo, dice que este año las machas “no se han vendido a buen precio”. En la región hay más de 5.000 pescadores y buzos artesanales. Es una de las principales actividades productivas, hoy en franco retroceso. “Explotamos áreas de manejo al noreste de la bahía. Está mala la actividad. No hay machas grandes… Se podría sacar machas más pequeñas pero a la gente le gustan grandes y amarillas; a la verde no le dan bola. El año pasado ganamos el triple… Si hay menos machas hay más cesantía”, dice. Explica que el tranque Puclaro los perjudica: “El agua dulce ayuda a la macha a crecer y a cambiar de color. Ahora está el tranque Puclaro y los derrames tóxicos de las mineras. Cuando hay temporales abren compuertas y provocan que mueran las machas y se enfangue la playa. También tenemos cerca emisarios de Aguas del Valle y otros. No podemos exportar nuestros productos por la contaminación. Un emisario está a pocos metros del área de manejo”, agrega. El origen de la contaminación que afecta a la bahía se explica por los emisarios de Coquimbo y La Serena, las descargas de los drenes de canales de regadío y por la desembocadura del río Elqui. “Los emisarios contaminan en un 85% más que otras fuentes. El problema se agrava porque Coquimbo es una bahía cerrada. Sigue catalogada como bahía B. Como no se mejora el sistema de tratamiento de aguas servidas perdemos anualmente unos 5 millones de dólares pues no es posible exportar nuestros productos y recursos marinos por no contar con una bahía clase A”, dice Clorindo Bernal, presidente del gremio.
“Si mi hijo no puede estudiar y lo llevo a la mar, ya son dos botes en vez de uno. Los recursos son sobreexplotados. No se respeta la talla de la merluza y capturan cada vez más pequeñas. Grandes empresas extraen recursos con pesca de arrastre y dañan irremediablemente los recursos. El asesino más grande que hay en el mar es el arrastre, depreda todo, destruye el fondo marino. Acá en Coquimbo hay un gran impacto social. La gente no tiene trabajo. Somos más de 5.000 pescadores registrados. Y hay descontento, pocos recursos y nada de trabajo. La situación económica es mala. Nuestra área de manejo la trabajamos 12 días en el mes. Los demás hay que ver qué hacer. Algunos salen a pescar, a sacar jibia, buscan una alternativa, pero casi no hay recursos”, dice Mario Navea. “Hay pocos recursos y al gobierno pareciera no preocuparle -agrega Clorindo Bernal-. Privilegian acuerdos con los grandes empresarios pesqueros; para ellos hay manga ancha y hacen lo que quieren. Nosotros, sobrevivimos con recursos escasos”. Otro dirigente, Luis Aguirre, dice: “¿Qué sacamos con tener gran infraestructura acá en el puerto si los recursos escasean a vista y paciencia de la autoridad? No hay una política pesquera pensada para revertir esto”.
Huelga desde el 1º de mayo
Los mineros de Minera Tambillos -de propiedad del ex senador Francisco Javier Errázuriz- cumplieron tres meses en huelga legal sin una solución. Tambillos es una pequeña localidad entre La Serena y Ovalle. Habitan allí casi mil personas. Dependen de la pequeña y mediana minería. Desde que se inició la huelga, el 1º de mayo, creció dramáticamente la cesantía en el pueblo. En las afueras de la empresa los huelguistas instalaron un campamento. Habían presentado una propuesta de contrato colectivo que fue respondida negativamente por la minera el 31 de marzo. Según Errázuriz “la mina le había resultado, en veinte años, más cara que una amante”. Al conocer un fallo desfavorable, anunció su cierre. 150 mineros quedarán sin trabajo. Representan el 21% de la fuerza laboral de la localidad de Tambillos. El juicio en el Juzgado de Letras del Trabajo se inició este 15 de julio.
El presidente del Sindicato de Minera Tambillos, Mauricio Aldunate, dice: “La propuesta de contrato colectivo significaba un aumento mensual en la planilla de 1,25 millones de pesos, los que se sumarían a los 36 millones de pesos actuales. Pero la respuesta fue no a todo. Eso dio origen a la huelga”. A pesar de la intercesión de monseñor Manuel Donoso el conflicto no se ha solucionado y el litigio está hoy en los tribunales del trabajo y civiles. La empresa se encuentra clausurada. La Seremi de Salud fiscalizó la mina y habría detectado irregularidades. “En uno de los relaves existía riesgo para la salud de las personas y el medioambiente. A pesar que se levantó de forma temporal la clausura, en una nueva inspección se determinó que los riesgos seguían”, dice Mauricio Aldunate. Las negociaciones están hoy en punto muerto, esperando el fallo judicial o el auto despido, que podrían invocar los trabajadores.
Nueve días duró la huelga de hambre de cuatro mineros y dos estudiantes de trabajo social -militantes del Puño de Abya Yala y el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT)- a favor de las 103 familias afectadas. “Hemos soportado la explotación y los malos tratos de capataces y administradores y hemos vivido una represión brutal. Carabineros destrozó nuestro campamento, incluso los alimentos, enseres y loza”, dice Mauricio Aldunate. Según los trabajadores, uno de los “segundones” de Francisco Javier Errázuriz es Mauricio Fuentes, conocido como “el maliche” por sus malos tratos y constantes humillaciones. Dicen que Minera Tambillos se ha apropiado de las riquezas de la pequeña comunidad de Tambillos, dejando tras de sí cesantía, discriminación y daño ambiental. “A Tambillo no le ha significado nada, sólo un precario trabajo que ya no está. Cuando se instalaron dijeron que iban a desarrollar la zona, que habría escuelas, todo era una vil mentira”, dice el minero Cristian Rojas.
El 1º de mayo se votó la huelga prácticamente por unanimidad. La minera pretendía rebajar los sueldos de los trabajadores en un 50 por ciento o más. A los pocos días de iniciado el movimiento, el empleador retuvo el pago de los sueldos del mes de abril, que fue trabajado íntegramente por los trabajadores. “Las condiciones de trabajo son menores a las básicas, prácticamente nulas, la empresa se escuda en el concepto de pequeña minería, siendo que se extraen mas de 800 toneladas de concentrado de cobre de buena ley, evaluadas en 700 millones mensuales aproximadamente. Además estas empresas reciben subvención del Estado, según el precio del cobre, por lo que nunca generan pérdidas”, señalaban un comunicado del sindicato. Según los trabajadores en Minera Tambillos hay un sin fin de irregularidades: “el Comité Paritario no funcionaba; la empresa no daba espacios ni recursos para funcionar. No había capacitación de seguridad. Por circulares se amenazó que cada deterioro de las máquinas sería descontando del sueldo. No se pagó el bono de producción y se pagaba con boletas que no pertenecían a la minera. Cada trabajador debía comprar sus implementos de seguridad”.
Cuando en julio viajaron a Santiago recibieron la solidaridad de diversos dirigentes sindicales de todo el arco político, pero la solidaridad no se ha traducido aún en hechos concretos. Se entrevistaron con el secretario del ministro Viera-Gallo, concurrieron al Congreso e, incluso, tuvieron un impasse con el dirigente comunista y ex alcalde de San Fernando, José Figueroa. La jueza Nancy Bluck, del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, aún no dicta sentencia. Una de las pruebas más importantes a favor de los trabajadores sería el que la minera usaba boletas de servicios pertenecientes a Publicidad y Promociones Ltda. y Negocios y Servicios Generales S.A., empresa que no posee giro minero.
La empresa no sólo los privó de sus sueldos, también implementó reemplazos ilegales. Los trabajadores presentaron una tutela laboral. El marido de Fresia Rivera falleció antes de la huelga. Trabajó más de veinte años en la mina junto con sus yernos: “Ojalá esto se resuelva pronto y las autoridades hagan algo por nosotros”, dice. Faustino Sarria, padre de 7 hijos, dice: “No puedo vivir con la mitad del sueldo. No me alcanza. Nos sentimos pisoteados. Si la minera deja de recibir 80 millones de pesos diarios y no le importa… nosotros vivíamos con lo mínimo. No hemos sido despedidos ni hemos recibido indemnizaciones o seguro de cesantía”.
Hay casos dramáticos como el del minero Cristian Rojas. Hoy es su esposa la que lleva el sustento al hogar: “Ella gana 80.000 pesos trabajando en una fotocopiadora. Nuestra hija necesita ir a la escuela y debo tenerle sus útiles, su colación y su ropita”, dice. El camionero Luis Robles tiene cinco hijos, la mayor en una universidad: “La gente entiende que estemos luchando. Cuando se me quemó la casa en el colegio de mis hijos me supieron entender. Pero ahora debo responderle a mi niña más grande, no puedo jugar con su futuro”, dice.
“No daremos nuestro brazo a torcer. En Santiago nos entrevistamos con la ministra del Trabajo. Ella tuvo una buena disposición, pero la piedra de tope es Francisco Javier Errázuriz”, dice Mauricio Aldunate. Errázuriz señaló a la prensa: “Hemos despedido a todos los trabajadores que no han ido a huelga. Había que hacerlo, ya no hay faena”, agregando: “No pienso reactivar las operaciones, ni vender la mina”. El presidente del Sindicato señala: “Poco importa su decisión. Nunca hizo nada por el pueblo, no pintó la escuela o arregló caminos. Queremos que se vaya. Lo que haga con sus empresas nos tiene sin cuidado. La justicia debe obligarlo a indemnizar a los trabajadores como corresponde”.
ARNALDO PEREZ GUERRA
En Coquimbo.