Extorsionar al ex ministro de Defensa del gobierno de Eduardo Frei, y actual ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, junto a su subsecretario de guerra de ese entonces, hoy integrante del Tribunal Constitucional, Mario Fernández. Ese sería el objetivo, según el abogado Luciano Foullioux, del militante socialista, Pedro del Fierro, empresario y comerciante de armas vinculado al caso Leopard que investiga la justicia.
“La dictación de unos decretos en favor de una y más personas, por 500 mil dólares, para no entregar una versión que supuestamente es comprometedora para autoridades políticas pasadas. Esto me pareció un hecho gravísimo y en mi condición de abogado y receptor de esta solicitud, di cuenta al ministro instructor de la causa”, señaló el abogado Luciano Foullioux.
En la conversación que sostuvo con Foullioux y Salazar, Del Fierro habría manifestado su decepción y enojo porque, en una primera instancia, él iba a ser el mediador entre la empresa que vendió los tanques y Chile, pero luego se decidió hacer la transacción directamente con RDM Technology, dejándolo fuera del negocio. De esta compra es de la que surgen las sospechas de irregularidades que ahora involucran en la investigación judicial a las altas autoridades chilenas.
Mientras, Salazar afirma que sólo actuó como nexo entre ambos, el que se gestionó a través de una clienta suya, ya que no es abogado del comerciante de armas, aunque reconoce el encuentro. “Efectivamente hubo una reunión aquí en mi oficina, en la que estuvo el señor Del Fierro y Luciano Foullioux, y el suscrito. Respecto al contenido de esa reunión yo estoy bajo reserva profesional y no lo puedo divulgar”, explicó.
Pero no deja de extrañar que Héctor Salazar, un avezado abogado de derechos humanos, apele al secreto profesional, si tal como lo manifestó, sólo sirvió de nexo entre estas dos personas y no existe un mandato de representación legal de por medio.
El ministro Valderrama ya interrogó durante esta semana a Del Fierro, quien le entregó una copia de la información que incriminaría al titular de Interior por el pago de coimas por la compra de los tanques Leopard realizado por el Ejército bajo el mando de Augusto Pinochet.