“Ejecutar de verdad las medidas que se ofrecieron en algún momento, que es poner en práctica los proyectos de inversión de con recursos públicos, que tienen que ver con la incapacidad de poner en marcha los proyectos de viviendas sociales, de obras públicas que generen empleos de buena calidad”, dijo la experta.
La iniciativa también fue calificada como un nuevo intento por impulsar la flexibilidad laboral, idea largamente resistida por el mundo sindical y que el miércoles fue firmada por el propio presidente de la CUT, Arturo Martínez, en La Moneda.
Al respecto, Carmen Espinoza explicó que en nuestra economía ya existe la flexibilización en el sistema de trabajo, pero agregó que donde no hay capacidad de innovación es en los contratos colectivos.
“Los contratos de trabajo que hay en Chile son bastante flexibles, sobre todo los contratos individuales de trabajo, donde no hay flexibilidad son en los contratos colectivos, ahí tanto el procedimiento como las normas son inflexibles, nuestra legislación no permite equivocarse, tiene plazos rígidos y ahí no hay ninguna disposición a cambiar y a permitir que exista una negociación colectiva real”, explicó.
Según informó el Ministerio de Hacienda, el monto global de recursos involucrados en las seis medidas para la capacitación y protección del empleo -de los cuales el Fondo de Seguro de Cesantía, que será el aporte principal- asciende a US$ 237 millones. También se aseguró que la iniciativa tendrá un efecto mitigador de 1,5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo.