El respaldo cerrado de Renovación Nacional a la diputada de su colectividad Karla Rubilar, luego de la denuncia que realizó por tres supuestos casos de falsos detenidos desaparecidos, no logró llegar a toda la Alianza por Chile. A la solicitud de censura que hicieron parlamentarios concertacionistas para sacarla de su cargo de presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja se le unió la Unión Demócrata Independiente que también pidió la renuncia de la parlamentaria.
El diputado y vicepresidente de la tienda política, Felipe Salaberry, cuestionó el accionar de Rubilar afirmando que “en un tema que todavía separa a los chilenos hay que actuar con prudencia y rigor”.
Con esto, las alternativas de Rubilar se limitan a renunciar a su cargo en la comisión de Derechos Humanos o esperar el resultado de la censura que se votará el miércoles. Sin embargo, el diputado del partido socialista Sergio Aguiló indicó que cuentan con los votos favorables a destiturila de la presidencia de la comisión.
Pero RN no quiere dar su brazo a torcer. A través de una declaración pública, la colectividad continuó con su férreo apoyo a la legisladora de sus filas afirmado que “no le solicitará la renuncia a la presidencia de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara”, y agrega que “los parlamentarios deben considerar al resolver sobre la materia, que un exceso de celo no la descalifica para ejercer su papel y que no debe actuarse con criterios políticos”.
Pese a que reconoció algunos problemas de forma en la denuncia de Rubilar el presidente de la tienda política, Carlos Larraín expresó que “yo no soy partidario de que renuncie a la comisión porque ella ha procedido en todo momento de buena fe, quizás debió haber usado un énfasis distinto, se embaló un poco, pero su obligación es investigar y debía poner los antecedentes ante el juez Gajardo, y lo hizo, entonces porque le vamos a dar el gusto al gobierno si ellos no nos dan el gusto en nada”.
Y en el documento los dardos fueron lanzados directamente al Ejecutivo, señalando que “no ha ejercido sus obligaciones y está desarrollando, como es habitual, una campaña destemplada que busca sacar ventajas políticas de una realidad que toca al fondo del alma nacional”.
Respecto a las acusaciones por parte de familiares de detenidos desaparecidos, quienes denunciaron una “maniobra de inteligencia” del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras en los casos de falsas denuncias, en la que habría utilizado a Rubilar, el comunicado señala que “la realidad de los detenidos desaparecidos es de tal gravedad que no debe ser utilizada, por nadie, como un instrumento político”.
Además, acusa al subsecretario del Interior, Patricio Rosende de entregar “información inexacta, seguramente por un error” a la comisión de Derechos Humanos que recibió datos que apuntaban a que en la lista de detenidos desaparecidos “figuraba una sola persona que no debía estar ahí”.
Finalmente, culpa al gobierno de no corregir ni verificar errores que existían desde hacía dos años atrás, calificando este hecho de “desidia grave en funcionarios públicos”.
La respuesta de La Moneda no se hizo esperar. El vocero Francisco Vidal, dijo que para el Ejecutivo el tema “está cerrado, porque la verdad se impuso”.
Según Vidal “lo único que queda pendiente son las disculpas de Sebastián Piñera al país, ya que él apoyo a su diputada Rubilar…no lo hemos escuchado todavía”.