Si el caso del “aparecido” Germán Cofré causó preocupación y revuelo, ahora el tema se convirtió en algo mucho complejo que un hecho aislado. Y es que a él se le suman tres nuevas personas, lo que tiene en alerta máxima al gobierno y a parlamentarios de la oposición respecto a las medidas que se deben tomar para esclarecer este confuso panorama.
El primero de los involucrados es Carlos Rojas Campos, quien salió en forma clandestina desde Calama hacia Argentina. Desde 2005 su familia intentó ingresarlo en una lista de detenidos desaparecidos, pero ese mismo año fue detectado en Buenos Aires, donde había formado otra familia. Lo más grave es que el gobierno, pese a conocer estos antecedentes, siguió entregando dinero a la familia.
El otro caso corresponde a Emperatriz del Tránsito Villagra. Fue calificada como una de las primeras detenidas desaparecidas, pero en 1955 murió durante un parto en el hospital Barros Luco. Sus familiares no recibieron nunca ningún tipo de beneficio económico.
Finalmente está el dirigente socialista, Edgardo Iván Palacios, quien está registrado como detenido desaparecido en 1974, pero no fue hasta el 2006 que se supo de su muerte en una pelea callejera como indigente.
Todos estos casos impulsaron al gobierno a estudiar la reapertura de las comisiones Rettig y Valech, en las que se calificó a mil 183 personas como víctimas de la dictadura militar.
La decisión fue informada a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quienes aprobaron la idea porque a su juicio “las comisiones deben estar permanentemente abiertas e inspeccionadas”.
Incluso, la iniciativa pretende revisar nuevamente todos los casos involucrados en ambas instancias, además de estudiar los procesos judiciales relacionados.
La diputada de Renovación Nacional y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Karla Rubilar, señaló que se deben analizar minuciosamente caso por caso tanto en las comisiones como en tribunales, por si existieran militares acusados en casos de falsos detenidos desaparecidos.
Al respecto, la asesora presidencial en materia de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, señaló que “no hay procedimiento regular ni para poder descalificar los casos ‘descalificados’ de víctimas ni para revisar casos que en un época fueron rechazados, que tenemos varios, y que hoy los antecedentes que han dado a Tribunales ameritan que esos casos sean calificados”.
En este sentido, agregó que “se habían hecho algunas indagaciones y la situación conocida este año de Germán Cofré nos obligó a revisar nuevamente aquellos casos en los que en alguna época existía información contradictoria”.
Planteamiento que reforzó el vocero de gobierno, Francisco Vidal, quien además descartó por el momento surjan más errores. Pero luego, corrigió señalando que “si la información cambia pueden existir más”.
Pero la afirmación inicial de Vidal tiene una clara razón. En La Moneda apuestan a que la reapertura de las comisiones Rettig y Valech descartaría definitivamente la aparición de otros casos y permitiría calificar a víctimas de la dictadura que no figuran hoy en las listas oficiales, que según el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, “son muchos más que los errores detectados”.
Si bien esta iniciativa tiene el respaldo de las organizaciones de derechos humanos, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, rechazó la revisión de los casos en tribunales, pues a su juicio los asesinatos son muchos más de los que aparecen en las comisiones.
“Esto que está pasando debe tener un efecto contrario, porque hay que investigar con mayor fuerza y rigor lo que pasó. Esta situación, lo que ha generado es la histeria de la derecha y de las Fuerzas Armadas que una vez más están tratando de salir impunes”, afirmó.
La reapertura por seis meses de las comisiones Rettig y Valech está contemplada en el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, propuesta que constituyó una de las promesas de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en comisión mixta en el Congreso, aunque el Ejecutivo decidió postergar la discusión del proyecto debido al rechazo de la AFDD. Aunque, según el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo “la decisión de la Presidenta es que ese proyecto sea despachado”.
Se espera que este lunes el Ejecutivo envíe los antecedentes de los nuevos casos de falsos detenidos aparecidos al Consejo de Defensa del Estado, para que evalúe si se hará parte en un eventual proceso judicial.