Santiago.- El Consejo de Defensa del Estado accedió a una indemnización para los familiares de los cuatro opositores al régimen militar quienes la madrugada del 8 de septiembre fueron ultimados a manos de agentes de la CNI, como consecuencia del fallido atentado contra Augusto Pinochet. El presidente del organismo, Carlos Mackenney, señaló que es una medida que si bien no los deja conformes, está en el camino de la reparación para quienes fueron víctimas de la violencia política de la época. “Creemos que esto cubre más allá de los alegatos concretos que hizo el Consejo de Defensa durante el juicio. Pero las transacciones y las conciliaciones responden a una reciproca de las posiciones, con lo que se ha logrado arribar a este acuerdo”, expresó.
Aunque no son parte de las indemnizaciones, el abogado que representa al Colegio de Periodistas en la causa por la muerte de José Carrasco Tapia, Luis Eduardo Thayer, señaló que se trata de un cambio positivo de actitud del CDE respecto a reparar a los familiares de las víctimas de estos crímenes, ya que “el Estado al principio se opuso a pagar las indemnizaciones, no porque no sean los asesinos los que resultaron culpables, sino que existe un criterio de que el Estado no hacerlo, pero finalmente lo hizo y eso es lo importante”.
Por su parte, Alicia Lira, mujer de Felipe Rivera, otro de los militantes de izquierda asesinados luego del atentado a Pinochet en el Melocotón, afirmó que es una situación compleja la que se abre frente a esta decisión del Consejo de Defensa.
Esto porque la indemnización se logra luego de largos 22 años de denuncia y demanda por justicia, donde incluso los representantes de la instancia estatal rechazaban la entrega de una medida reparatoria a los familiares.
“No ha sido un día fácil porque hablan de indemnización millonaria, pero durante todo este tiempo he estado sola, sin ningún recurso y esperando año a año porque llegará la justicia, y viendo como el año pasado las condenas eran realmente ínfimas para crímenes contra la humanidad”.
Felipe Rivera, obrero, Gastón Vidaurrázaga, profesor, Abraham Muskatblit, publicista, y José Carrasco Tapia, periodista y editor internacional de revista Análisis, fueron sacados de sus hogares bajo el Estado de Sitio decretado luego del intento de atentado contra Augusto Pinochet en septiembre de 1986 y asesinados por ordenes directas de la junta militar.
El acuerdo fue alcanzado ante el ministro de la Segunda Sala de la corte Suprema, Nibaldo Segura, donde también pactaron que los familiares desistirán de todas las acciones civiles que existan en este tema.
En total, el monto que deberá cancelar el Fisco asciende a los 780 millones de pesos que deberá autorizar en las próximas semanas el ministerio de Hacienda.