El gobierno de Bachelet inició su tiempo social con una formidable demostración de fuerza de los estudiantes secundarios y al enfilarse a su etapa final arriesga quedar marcado por otro movimiento: el de los empleados de servicios públicos. Si antes tuvo una nula previsión de la marea estudiantil que emergió de las profundidades de la capa educacional, ahora parece que no aprendió nada: el tsunami que se desató ayer en Valparaíso convocó multitudinariamente a los funcionarios fiscales, tal como venía ocurriendo en los días previos en Santiago y otras ciudades del país.
La concentración de las fuerzas gremiales en el puerto se debió a que el Ejecutivo decidió pasar la pelota al Congreso, pero las bancadas se desentendieron del proyecto gubernamental de reajuste diferenciado, primero dilatando su tramitación, para luego anunciar su rechazo los diputados del PPD y diversos parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición.
Llamó la atención no sólo la mísera oferta inicial de menos de la mitad de lo que piden los trabajadores, esto es, un 14,5%, sino también que apenas producido el esperado rechazo, el gobierno propusiera nuevas reuniones, para mejorar la oferta. Este regateo no se condice con la deplorable situación de los miles de usuarios desatendidos del sistema público, lo que disuelve el argumento de que los huelguistas tienen a sus conciudadanos como rehenes. Fue el gobierno, con su juego declarado de cerrarse para después ceder, el que demostró insensibilidad por la desatención social. En las cortantes negociaciones el ministro del Trabajo no tuvo un rol notorio, si es que tuvo alguno. Una vez más, varios parlamentarios concertacionistas mostraron su irritación por el frío protagonismo tecnocrático del ministro de Hacienda. De este modo, La Moneda añadió un nuevo conflicto político al interior las filas propias. Frente a las demandas de un importante sector laboral se improvisó un modelo de reajuste escalonado que los empleados de la Administración – unidos como están- rechazan sin atenuantes, porque produce discriminación entre ellos. Aquí se podría argumentar que la diferenciación ya existe, por el solo hecho de tener unos pocos rentas más altas que la mayoría. Pero, ¿en qué queda el anunciado propósito del Estado de atraer a sus servicios y empresas a profesionales de alta calificación, con sueldos competitivos con los del sector privado? Obviamente, los ingresos atractivos que se ofrezcan a médicos, ingenieros, abogados y otros deben contemplar un reajuste que compense a ellos también por la inflación. No hay que olvidar que del porcentaje exigido por la Anef sólo un 4,5% corresponde a un reajuste real, ya que el IPC anualizado bordea el 10%. Pese -o gracias- a que se ha iniciado un proceso electoral decisivo, el oficialismo aprieta la mano, cediendo a las razones tecnocráticas, pero también al chantaje de las fuerzas empresariales que se expresan, en estos casos, no tanto a través de los partidos de derecha, sino principalmente de los grandes medios de comunicación. La disyuntiva es hacerles caso a éstos o contribuir a que la Concertación reelija y gane parlamentarios y pueda mantenerse en el gobierno por un cada vez más ilusorio quinto período.
Llamó la atención no sólo la mísera oferta inicial de menos de la mitad de lo que piden los trabajadores, esto es, un 14,5%, sino también que apenas producido el esperado rechazo, el gobierno propusiera nuevas reuniones, para mejorar la oferta. Este regateo no se condice con la deplorable situación de los miles de usuarios desatendidos del sistema público, lo que disuelve el argumento de que los huelguistas tienen a sus conciudadanos como rehenes. Fue el gobierno, con su juego declarado de cerrarse para después ceder, el que demostró insensibilidad por la desatención social. En las cortantes negociaciones el ministro del Trabajo no tuvo un rol notorio, si es que tuvo alguno. Una vez más, varios parlamentarios concertacionistas mostraron su irritación por el frío protagonismo tecnocrático del ministro de Hacienda. De este modo, La Moneda añadió un nuevo conflicto político al interior las filas propias. Frente a las demandas de un importante sector laboral se improvisó un modelo de reajuste escalonado que los empleados de la Administración – unidos como están- rechazan sin atenuantes, porque produce discriminación entre ellos. Aquí se podría argumentar que la diferenciación ya existe, por el solo hecho de tener unos pocos rentas más altas que la mayoría. Pero, ¿en qué queda el anunciado propósito del Estado de atraer a sus servicios y empresas a profesionales de alta calificación, con sueldos competitivos con los del sector privado? Obviamente, los ingresos atractivos que se ofrezcan a médicos, ingenieros, abogados y otros deben contemplar un reajuste que compense a ellos también por la inflación. No hay que olvidar que del porcentaje exigido por la Anef sólo un 4,5% corresponde a un reajuste real, ya que el IPC anualizado bordea el 10%. Pese -o gracias- a que se ha iniciado un proceso electoral decisivo, el oficialismo aprieta la mano, cediendo a las razones tecnocráticas, pero también al chantaje de las fuerzas empresariales que se expresan, en estos casos, no tanto a través de los partidos de derecha, sino principalmente de los grandes medios de comunicación. La disyuntiva es hacerles caso a éstos o contribuir a que la Concertación reelija y gane parlamentarios y pueda mantenerse en el gobierno por un cada vez más ilusorio quinto período.
Comentario transmitido en Radio Universidad de Chile