La obra se inició en Marzo de 2006 con un permiso del año 2001 y con gran despliegue publicitario, en circunstancias que la vigencia de estos actos administrativos es de 3 años y el 30 de Marzo de 2007 se otorgó un nuevo permiso que adolece de varias fallas y por ello, en base a la ley de transparencia y probidad administrativa, le solicitamos al director de obras de Providencia que nos entregara ciertos documentos para analizarlos. Recordemos que en Chile los ciudadanos -en teoría- tenemos libre acceso a la documentación de carácter pública que manejan los diferentes servicios del Estado. Aquél funcionario no nos entregó la información solicitada.
Como respuesta al secretismo municipal, el pasado miércoles 1º de Octubre, dimos una Conferencia de Prensa en nuestra sede con el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de esa comuna, el presidente de la junta de Vecinos de la zona en donde se está edificando ese complejo mercantil, con un concejal de la municipalidad, con el ingeniero que conoce en detalle el caos vial que se acerca y con un arquitecto especialista en planificación urbana. Todos, con distintos matices, criticamos la ausencia de fiscalización por parte de las autoridades, tanto locales como centrales, y le hicimos un llamado a la ministra de Vivienda y Urbanismo como al ministro de Obras Públicas, para que asumieran sus roles conductores con la idea de resolver el impasse que se está viviendo en ese sector.
En el permiso de marras se asegura que existe un Estudio de Impacto Ambiental del año 2001, lo que es inexacto, porque el titular del negocio, para hacer más fácil la tramitación burocrática, tomó la decisión de ingresar al Sistema de Evaluación a través de una simple y modesta Declaración de Impacto Ambiental, la que, como sabemos, es un saludo a la bandera. Como era de esperar, fue calificada favorablemente por los solícitos integrantes de la Corema, personas del aparato público que no se complican la vida exigiendo el cumplimiento de la ley.
Dado que las obras viales que se tendrán que materializar pronto son de cierta envergadura, aprovechamos esta tribuna para reiterar que sería francamente grotesco que el Estado vaya en ayuda de los privados que libremente tomaron sus decisiones de invertir. Hemos escuchado por ahí que el titular de Cencosud está en conversaciones con el Metro para hacer posible la extensión de la línea 4 al Mall, lo cual nos parece muy bien, porque se privilegia el transporte colectivo, pero en ningún caso la inversión de 70 millones de dólares con aportes compartidos. La libre empresa debe asumir los riesgos del mercado y, tal como nos alegramos cuando obtienen ganancias, rechazamos de plano que el erario público los ayude económicamente en sus emprendimientos.
En cuanto a la saturación ad portas, el ingeniero Samuel Tupper dijo :”El proyecto del túnel San Cristóbal privilegiaba el eje El Salto-Vespucio. Sin embargo, con posterioridad, la autoridad cambió radicalmente su objetivo desplazándolo hacia el eje El Salto-Tobalaba, sin medir las consecuencias. Según la propia Unidad Operativa de Control de Tráfico (UOCT) lo más grave será el caos vial que esto provocará en el cruce Andrés Bello con Tajamar y sus áreas circundantes. Todavía existen algunas soluciones, pero las autoridades se niegan a discutirlas” (sic)
El arquitecto y sociólogo, Daniel Jadue, manifestó que existía un notable abandono de deberes de las autoridades políticas de esa comuna y del director de obras, lo que compartimos en plenitud, pero recientemente apareció Patricia Poblete, ministra de Vivienda y “Urbanismo”, afirmado que con recursos públicos se debían ejecutar las obras de mitigación vial de esos megaproyectos inmobiliarios privados, lo cual retrata de cuerpo entero al gobierno actual.
Fundación “Defendamos la Ciudad”