Las aparentemente “banales” declaraciones acerca del Holocausto judío de A. Pfeiffer a El Mercurio el 17 de abril de 1994 lo inhabilitaban para desempeñarse como juez en una sociedad con ganas de ser una democracia plena y alerta. Pero ahí se mantuvo durante años gracias a esas redes de complicidades nostálgicas tejidas en la dictadura. Los dichos de Alfredo Pfeiffer, que reflejaban una incapacidad personal para adaptarse a los imperativos y a las mutaciones del Derecho, también lo incapacitan para ser juez de la Corte Suprema.
El judeicidio es un referente moral de tal magnitud que no puede ser banalizado (*). Aunque los exterminadores nazis representaron aquello que Hannah Arendt llamó en 1963, en su célebre informe sobre el juicio a Adolf Eichman en Jerusalem, “la banalidad del mal”. No eran demonios todopoderosos. Eran seres comunes y ordinarios como Eichman y los represores militares chilenos, argentinos y uruguayos que “obedecían órdenes” porque en sus respectivas escuelas e institutos militares se les había extirpado la consciencia moral que les permitía “pensar por sí mismo”.
El Gobierno de M. Bachelet ha ido demasiado lejos en su política de acuerdos y consensos con una derecha que otra vez muestra la hilacha autoritaria. El equipo político presidencial demuestra una vez más una falta de tacto rayana en la impericia. En estos casos la Razón de Estado y el Estado de Derecho entran en flagrante contradicción. Es cuando la Realpolitik rebaja la política a un juego de prosaicos intereses de la politiquería binominal.
El que un juez se permita afirmar que la Humanidad ha exagerado ante el genocidio nazi y que al mismo tiempo defienda la ley de amnistía, que otorga inmunidad jurídica a militares chilenos autores de crímenes y desapariciones, evidencia una coherencia de pensamiento antidemocrático imposible de ignorar por un gobierno que se dice respetuoso de la filosofía de los Derechos Humanos.
Fue de la atroz realidad de Auschwitz-Birkenau, Dachau y Buchenwald; del horror de esos campos de concentración salidos de la ideología de los nazis que la Humanidad retuvo el “Nunca Más”. Allí fueron enviados a la muerte socialistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, artistas modernos, homosexuales, gitanos, republicanos españoles y librepensadores. De allí viene el Deber Ético de Memoria.
En términos de parámetros internacionales es desconcertante la actitud de la mandataria y la incompetencia de su equipo. Es lo menos que puede decirse. Siendo quiénes son, conociendo su historia y representando a quiénes representan. Se esperaba de ella una sensibilidad casi epidérmica ante decisiones y temas donde están en juego los más altos valores de la convivencia humana.
Con mayor razón, el Holocausto no puede ser banalizado por quienes deben probar sus méritos e idoneidad. A los jueces se les exige un conocimiento profundo de las bases del Derecho: las normas para mantener el derecho a la vida y las condiciones para vivirla dignamente.
El nazismo violó todo lo humano y ultrajó lo de divino y sublime que hay en la persona humana. Todo juez tendría que verbalizarlo con claridad en un ejercicio de oratoria que revele sus convicciones profundas: el rechazo de la barbarie, la defensa del perseguido, la inhumanidad del racismo y las derivas de la intolerancia.
Especialmente hoy cuando vemos el retorno de la persecución de los indocumentados y gitanos en Europa y, particularmente en Italia, donde el Gobierno ultraderechista de Berlusconi está, como Uribe en Latinoamérica, militarizando la sociedad italiana.
Los nazis en un comienzo, antes de la “Solución Final”, hicieron lo mismo con los judíos europeos. Los declararon seres infrahumanos. Violando el Derecho los segregaron y encarcelaron como lo hacen hoy las autoridades italianas con la etnia Rom. El procedimiento es el mismo que fue utilizado en Chile durante la dictadura pinochetista apoyándose en la experiencia nazi: los “humanoides” de Toribio Merino, los “extremistas” y los “ratones exterminados” del cobarde titular de La Segunda.
El Mercurio expresó a su manera la decadencia de la política. El portavoz incondicional de la dictadura pinochetista y cómplice de sus campañas de desinformación, consecuente con su concepción autoritaria de la justicia editorializó acerca de la necesidad de respetar los acuerdos para que todas las “sensibilidades” binominales (concertacionista y aliancista) estuvieran representadas en la Corte Suprema. Poco importaban los principios ético-jurídicos de los magistrados. Esta vez El Mercurio y la derecha avalaban el cuoteo político.
En ese mismo marco de preferencias derechistas y concertacionistas por magistrados contaminados por ideologías totalitarias se inscriben las alabanzas piñeristas al régimen autoritario del colombiano Uribe y a la militarización de Colombia. Además, la Alianza se opone al Tribunal Penal Internacional. No son liberales, son autoritarios de doctrina.
Así vemos como la Concertación le crea condiciones a Piñera para que éste desarrolle su visión autoritaria del orden social. Los reflejos autoritarios del Estado Chileno y de sus instituciones ayudan a que el empresario se empine con 34% de preferencias del electorado dejando atrás a Lagos, Insulza y Alvear. Así la Concertación le pavimenta el camino a la derecha liberal-autoritaria. El 2009, la misma Concertación, llamará a la izquierda no concertacionista a votar por su abanderado para detener a Piñera y a la derecha liberal-autoritaria.
Es hoy cuando el Partido Comunista, los Humanistas y la IC deben separar aguas prístinas con las pulsiones derrotistas de la Concertación.
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(*) Lo que no debe impedirnos criticar y denunciar las aberrantes políticas del Estado de Israel en contra del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Es sabido que el calificativo de “antisemita” es utilizado por la Derecha y los ortodoxos judíos para inhibir a quienes se solidarizan con la lucha del pueblo palestino en contra del expansionismo del Estado teocrático israelita.
Profesor, Département de philosophie, Collège de Limoilou, Québec, Canadá