Es paradójico y hasta incoherente que la derecha en Chile aspiré a colocar en la presidencia a un hombre de sus filas, ya que su visión sobre el Estado es minimizar cada vez más sus funciones, descentralizando la educación, la salud, una posible privatización del cobre y otras empresas que forman parte del patrimonio nacional, asignándole un rol subsidiario que a todas luces resulta insuficiente, dada la enorme brecha social que ha provocado el modelo económico del cual se muestran partidarios, sin importarle los niveles de pobreza y marginalidad social que ha provocado durante estos últimos años.
Mientras el presidente Pedro Aguirre Cerda acuñaba la consigna “Gobernar es educar”, y Salvador Allende en la década del setenta evidenciaba una clara preocupación por disminuir los índices de pobreza, abriéndole oportunidades a los hijos de los trabajadores para ingresar a la universidad, la derecha esbozaba un discurso economicista desarraigado de toda relación con un crecimiento social.
Han pasado más de treinta años y el país se enfrenta a la eventual ascensión al poder de un candidato presidencial de la derecha. Las causas son principalmente un desgaste de la coalición de gobierno después de cuatro períodos en el ejecutivo, con los vaivenes propios de toda gestión, porqué el aporte hecho a un proceso de desarrollo pleno de la derecha en estos últimos años ha sido prácticamente nulo.
Desde la oposición, han puesto por sobre los intereses del país la defensa corporativa de sus partidos y la representación intransigente en la defensa del patrimonio de los empresarios, buscando facilitarle sin equilibrio alguno sus escenarios comerciales, sin importarle la situación paupérrima en que sobreviven los trabajadores al interior de las empresas.
Hablan y argumentan en beneficio de un nuevo “proyecto” de país, y el fundamento principal es reducir lo que llaman “la carga del Estado”, y la necesidad de continuar flexibilizando la política tributaria para estimular la inversión en el sector privado.
Mientras en algunos países europeos el neoliberalismo empieza a ser cuestionado por su incapacidad para resolver los problemas sociales y económicos de sus respectivas sociedades, devolviéndole al Estado un rol preponderante en diversas áreas del acontecer gubernamental, en Chile, la derecha continúa sosteniendo el modelo con una carga ideológica destemplada.
Señalan que devolverle ciertas funciones al Estado sería un retroceso en materia de “doctrina”, y que el crecimiento estaría dado por un rol preponderante del sector privado, sin pensar en la necesidad de mantener ciertos equilibrios básicos que el modelo económico no puede garantizar, pues su lógica esta dada por una multiplicación de la riqueza, pero al mismo tiempo por una concentración de la misma.
Frente al fracaso de la educación municipalizada y particular subvencionada, a la deficiente administración del transporte administrado por empresas privadas que requiere de subsidios permanentes, a la lucha constante por disminuir los impuestos, sin que esta medida redunde en algún beneficio para los más pobres, no sugieren una rectificación dialéctica que signifique potenciar las funciones del Estado, sino que por el contrario se propone una radicalización del neoliberalismo, en él supuesto que a mayores privatizaciones, mayor crecimiento y mejores empleos.
La experiencia indica lo contrario; entonces es razonable preguntarse para que quiere la derecha asumir una futura presidencia, porque si se trata de profundizar lo que ya conocemos, el resultado será más imposiciones de lo mismo, legislaciones al margen de la voluntad y los intereses de quienes son afectados por las normas, y como consecuencia una mayor reacción social de los trabajadores, y aparejado, un despliegue represivo más amplio y contundente que pondrá en tensión a la sociedad, provocando una inestabilidad social que podría traer consecuencias lamentables para el país.
El objetivo de un próximo gobierno debe ser la profundización de la democracia, vale decir, ampliar los espacios de participación y toma de decisiones por parte de la sociedad civil, convenir acuerdos, pactos, entre el Estado y los estamentos sociales involucrados en el funcionamiento del país, democratizar la economía redistribuyendo el ingreso con una mayor preocupación social.
Sin embargo, la lógica de la derecha nos puede arrastrar a un país donde se reduzcan los espacios de la democracia y se impongan sus visiones totalitarias en materias tan sensibles como la libertad de expresión, el derecho a huelga, los derechos individuales, y el aplastamiento de las organizaciones sociales emergentes, estás últimas, necesarias e indispensables para garantizar los derechos ciudadanos.
El país requiere de alternancia entre fuerzas democráticas con un sentido de país en que se trasciendan los intereses corporativos de las fuerzas políticas existentes, desgraciadamente la derecha chilena es heredera de la anacrónica cultura autoritaria legada por Pinochet, por tanto desde su esencia está deslegitimada para asumir funciones de gobierno, sin que esto signifique reinstalar constitucionalmente en un estilo despótico y con formas dictatoriales que revaliden una forma de ejercicio del poder hegemónico y dogmático que termine por generar una crisis social que solía podría ser detenida con la represión y la fuerza, y en esto último la derecha tiene mucha probidad y experiencia.