En términos de probidad administrativa, ética pública y responsabilidad política, en cambio, la actitud del partido de dilatar un desenlace se presenta de otra manera: una donde prevalece la conveniencia electoral y la lealtad mal entendida con una carta que se manchó.
Todas las explicaciones esgrimidas por el perjudicado, los alegatos de que no se desvió ni robó plata y que los servicios contratados son “espectaculares” se disuelven ante una figura reprobable: la de la “negociación incompatible”.
Lo que agrava la situación de Gonzalo Cornejo es que no sólo se envolvió en la trenza del grupo Gestión Municipal Avanzada (GMA) con varios gobiernos comunales regidos por la UDI, sino que su propia jefa de gabinete, Jenny Acevedo, llegó a ser gerente de esa firma, amén de formar la sociedad Rush con ella. Todo esto sin contar con que la socia y funcionaria administrativa participara también en la gestión de la campaña electoral de la diputada Claudia Nogueira, cónyuge del alcalde.
Inútil resulta, por tanto, el testimonio de la senadora Evelyn Matthei de que los productos instalados por GMA son útiles y eficaces –el informe de Contraloría dice que no lo son-, ya que lo principal, al margen de las fechas invocadas, es el conflicto de intereses con la firma a la que se adjudicaron los trabajos, en dudosas condiciones.
El presidente de la UDI tiene razón al decir que la justicia deberá determinar si estas irregularidades constituyen delito, pero implícitamente está reconociendo que la tarea de su directiva es marcar la responsabilidad política del edil afectado. Es lo que no ha hecho, al trasladar los antecedentes al Tribunal Supremo. La directiva selló con Cornejo el compromiso de que lo llevaría como candidato a todo evento, cuando estaba por vencer el plazo para que éste renunciase al partido y pudiera correr como independiente. El 48,75 por ciento que sacó el edil en 2004 es demasiado apetitoso para desdeñarlo. Al estirar la cuerda, la UDI no se ha diferenciado de ninguna otra formación política.
En este escenario, algunos actores no resistieron otras tentaciones. Una, acudir a una poblada vociferante para inhibir el trabajo fiscalizador de los concejales de Recoleta –el alcalde llegó a aludir a “la voz del pueblo”-. Otra, deslegitimar el trabajo de los fiscales por sus simpatías políticas. Las instituciones las forman hombres integrales que como funcionarios tienen el deber de actuar con amplitud e imparcialidad y nadie, en un Estado democrático, y transparente puede extraer del factor humano una invalidez institucional.
(Comentario transmitido por Universidad de Chile Noticias, radio 102.5 FM).