Aseveramos que el proyecto está elaborado por un grupo cerrado de gente inteligente que propicia el crecimiento económico a como dé lugar, por lo tanto, depredador, irrespetuoso de los equilibrios medioambientales y en definitiva entregando la casi totalidad del suelo del país para las actividades mercantiles inmobiliarias, sector de la economía que, desde hace muchos años, dispone de las más grandes franquicias tributarias por parte del Estado. Y como los redactores de la modificación oficial son muy hábiles, introducen por ahí vagos conceptos de participación ciudadana y otras expresiones “políticamente correctas” para dorar la píldora.
Y aunque parezca surrealista, un alto porcentaje de los senadores que votaron, no conocían tal proyecto vestido de modernización, palabrita de moda que entrega credibilidad a los ingenuos. Afortunadamente el ministro Viera Gallo, antes de la votación del 3 de Junio, recibió en su despacho a los dirigentes sociales que más se han destacado en demostrar las inequidades y verdaderas intenciones del proyecto de ley. Creemos que este ministro entendió el mensaje que le habían transmitido los anteriores, lo que habría influido para postergar, por lo menos en un mes, la votación en la Sala.
En todo caso y a pesar de que votaron favorablemente la idea de legislar, los senadores Horvath (RN), Navarro (PS), Gazmuri (S) y Cantero (I) expusieron con lujo de detalles que esta ley debía tener un amplísimo proceso de intercambio de opiniones, profundizando el debate en todos los frentes, debido a que la materia es demasiado compleja, lo que no ha sucedido hasta ahora.
Por ello, esperamos que en el transcurso de estos 30 días, el máximo de organizaciones de la sociedad civil de todo el país, ojalá bien asesoradas por profesionales competentes, le hagan llegar al senador Naranjo, presidente de la Comisión de Vivienda, sus observaciones al proyecto para que éste finalmente, después de la debida discusión, sea beneficioso para la nación. No está demás decir que la Ley en comento tiene que estar ligada a la Ley de Medio Ambiente, tampoco consensuada con los actores sociales, que está ingresando en estos días al Congreso Nacional, después de haber sido anunciada el 4 de Junio pasado en La Moneda por la presidenta Bachelet.
Está claro que si el proyecto, significativamente pro-inmobiliario, se aprueba en los términos concebidos por el Minvu, permitirá dar paso a una desenfrenada especulación con el uso del suelo, dejando indefensa a la gran masa ciudadana y postergando los vitales intereses silvoagropecuarios, lo que en definitiva estimamos que no sucederá. Por el contrario, tenemos la confianza que el proyecto se transformará con las legítimas voces de las organizaciones civiles y de los académicos y como este proceso toma su tiempo, el Senado tendrá que ampliar el breve período de 30 días previsto, ya que en el “gobierno ciudadano” se debe escuchar a todos los referentes que bregan por perfeccionar las políticas públicas en el ámbito urbano-ambiental.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”