La falta de resguardo sobre sus territorios y recursos naturales, hoy amenazados por diversos proyectos de inversión extractivos y de explotación de carácter mineros, forestales e hidroeléctricos, entre otros, que proliferan a manos de empresas nacionales y transnacionales, es otra de las preocupaciones del organismo, “lo que ha llevado a que sus dirigentes, así como los miembros de las comunidades afectadas, sean perseguidos políticamente y criminalizadas sus legítimas demandas”, aseguraron.
Lo que se observa en la práctica, “es que frente a estos conflictos, que atentan contra la subsistencia ya no solo de poblaciones indígenas, sino de sectores cada vez más amplios de la población, es que el estado ha privilegiado su protección al desarrollo de estas empresas por sobre el bien común y desarrollo humano, flexibilizando y en ocasiones incluso vulnerando lo que la ley prescribe”, aclaró Nancy Yáñez. El argumento central tras esta postura del gobierno sería el progreso económico del país, sin embargo, de acuerdo a la abogada “es este modelo económico imperante el que genera las graves situaciones de conflicto que permanentemente son denunciadas, modelo que además de no resolver las necesidades de desarrollo de estas bastas poblaciones, no se traduce a la larga en beneficios para el país, como ocurre en el caso de las mineras que ni siquiera hacen pago de impuesto, ni tampoco en mayor empleo. Por ende, el aporte real de estos proyectos al PIB es casi insignificante, y su beneficio para la población no guarda relación alguna con los severos impactos ambientales, sociales y culturales que estos conllevan”, concluyó.
Por lo mismo reiteraron el llamado al gobierno para que ratifique el Convenio 169 de la OIT sin ningún tipo de reserva, como la pretendida mediante una declaración interpretativa a su aplicación solo a los tratados ratificados y vigencia en Chile. En este sentido, se refirieron también a la consulta realizada al Tribunal Constitucional sobre el carácter vinculante de los tratados evacuados y aún no ratificados en Chile, que de acuerdo a lo sostenido por la OIT son desde el momento de la adopción obligatorios para el estado, algo que contradice dicho tribunal. Al respecto, y frente a otras resoluciones del organismo, como es el fallo en el caso de la distribución de la píldora del día después en los servicios de salud públicos, Aylwin sostuvo que “esta suerte de tuición de la moral y visión restrictiva de los derechos humanos, es necesario que planteemos la revisión de instancias como estas, que ejercen restricciones a los estándares mínimos a ser implementados al interior de los estados”.
En cuanto a la políticas de tierras, José Aylwin aclaró que “la mayoría tierras que han sido transferidas a los pueblos indígenas corresponden a tierras fiscales, por lo tanto lo que el estado está haciendo es lo que siempre debió haber hecho, y no esfuerzos adicionales para acelerar la titulación de las tierras antiguas a nombre de sus legítimos propietarios”, como le fue recomendado en marzo de 2007 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, quien dio plazo de un año al estado chileno para informar acerca de los avances en estas materias, lo que hasta ahora no ha hecho.
Por el contrario, esta defectuosa política de tierras implementada por CONADI, cuya crisis fue reconocida por el propio gobierno, “ha provocado el trasladado de comunidades mapuche de sus territorios ancestrales a los pertenecientes a otros comunidades, generando conflictos intercomunitarios e intrapueblos que son tremendamente complejos”, agregó. Mientras que las tierras en manos de particulares son adquiridas a precios de hasta cinco veces su valor real, por tanto lo que el estado está comprando aquí no es tierra, sino los costos de un conflicto mal abordado”, finalizó.