Así lo entendieron varios senadores apenas se consumó la derrota del oficialismo en la primera de las cinco votaciones del libelo contra la titular de Educación. Algunos, muchos o demasiados no quisieron llevar las cosas más lejos de sentar una seria advertencia al Gobierno para que se cuide del desorden, las irregularidades y la corrupción, pese a que se hizo tanta alharaca, por ejemplo, con la negativa de Provoste de exonerar al seremi Traverso.
Pero – como si los dioses quisieran favorecer a los ganadores o tal vez cegarlos- estalló simultáneamente la revelación de que la puesta en marcha del hospital de Curepto había sido un montaje con camas y enfermos prestados, mediante el cual se engañó a una comunidad, al país y a la Presidenta de la República. De inmediato se estableció una verdadera guerra mediática encabezada por la “mujer símbolo” de la contraofensiva concertacionista y los dos Larraines. Estos aprovecharon la oportunidad de un episodio que caló hondo en la gente para denunciar lo que llamaron “la crisis hospitalaria”, como si éste fuese un término nuevo, que los usuarios del sistema público no conocieran desde los tiempos menos compasivos e informados –y, como se ve, igualmente ineficaces- de la dictadura.
Pese a que celebraron la drástica destitución del intendente del Maule, que siguió al despido del director de salud regional, algunos dirigentes duros empezaron a apuntar a la ministra María Soledad Barría -“amiga de la Mandataria”, recordaron algunos medios- y a la avanzada presidencial dirigida por María Angélica Alvarez -”otra amiga”-. Los más enfriados hicieron ver a sus colegas que las exoneraciones eran un efecto saludable del proceso político a Provoste, al igual que la designación de Mónica Jiménez como la sucesora de aquélla y hasta el despido de la plana mayor del Registro Civil, cuando ya se venía la acusación. Claro que el arribo de la prestigiada educadora está en la misma línea del golpe de timón que había llevado a Interior a Edmundo Pérez Yoma.
Lo que resulta nítido, después de los amargos últimos episodios, es que el oficialismo seguirá una doble estrategia: por un lado, tender puentes a la oposición reforzada para proseguir los entendimientos que posibilitaron la reforma previsional y los acuerdos para reemplazar la ley de educación dejada por el régimen militar y reforzar la seguridad pública, y que tal vez puedan traducirse en las reformas del Estado (aunque la Presidenta no ha dado luces sobre esto) y de las leyes electorales e isapres. En el frente de combate, la tarea estará a cargo de los partidos de la Concertación –sin que el ministro vocero no resista a veces la tentación de intervenir-, los que le darán duro a la derecha por practicar la estrategia del desalojo a través de una mayoría espuria y ocasional en la Cámara Alta, que no responde a una decisión de los electores.
La Alianza tiene igualmente ante sí dos líneas de acción: la del combate sin tregua para lograr la ansiada alternancia, y que según el senador Pablo Longueira corresponde a ese 35 % que conforma la derecha tradicional, o la de la acción propositiva y razonable que persuada a ese sector que va del 40 al 50 por ciento de votar por la centroderecha, lo que puede lograrse si ésta, de acuerdo al mismo senador, abandona la tesis equivocada del desalojo. Por de pronto, Longueira visualiza un nuevo triunfo del oficialismo en las próximas elecciones municipales, gracias al sistema que las rige, olvidando que si bien antes del cambio de esa ley electoral la Concertación perdió muchas alcaldías, en realidad ha ganado todos los comicios desde 1988.
Los dos Larraines, el senador y el concejal, visualizando in situ “la crisis hospitalaria”, mientras los funcionarios de Salud hacían un paro por la prohibición de distribuir la píldora del día después en el sistema público, expone la falta de credibilidad de la derecha en la materia. La llegada de las dos coaliciones predominantes a no más del 25 por ciento de los ciudadanos cada una expresa una “crisis estructural” que excede a la que algunos analistas han adjudicado al gobierno. La solidaridad presidencial mal entendida con una ministra –y luego, tal vez, con otra, y acaso con su jefa de programación- puede ser percibida de distintas maneras, hasta desde una perspectiva de género.