Así no ha resultado extraño en estos días que sea su propio partido el que presione, con las delicadezas del caso, por una renuncia de la ministra antes de que se pronuncie el Senado. En este enfoque no hay mayor consideración por la prerrogativa presidencial de nombrar, mantener y exonerar a los ministros por sobre la atribución del Congreso de destituirlos, la que varios cientistas políticos consideran un injerto en un régimen no parlamentario. (Un “impeachment” que se da en situaciones excepcionales en otros sistemas presidencialistas como el estadounidense y que, preexistiendo en la historia chilena, se usó excesivamente con malos resultados).
En el episodio en curso, no han faltado quienes señalan a Yasna Provoste como única víctima de una situación en que se salvó el futuro del seremi metropolitano, Alejandro Traverso, sindicado como un operador protegido por la directiva socialista. También se apunta a la ventaja con que queda el senador del PS Ricardo Núñez para intentar un cuarto período consecutivo en representación de Atacama, de donde es oriunda la ministra acusada.
Pero no son ni el Gobierno ni la Concertación los que pueden resolver esta ecuación político-electoral, sino la nueva mayoría del Senado. Una renuncia de Provoste antes del voto de la cámara alta pasaría por el compromiso de un par de padres conscriptos de no apoyar la acusación. Pero, ¿qué puede ofrecer el oficialismo a cambio? “Sólo” una gran revolución del aparato estatal, para mejorar su gestión, incluida la educacional, como lo propuso ayer el ministro Edmundo Pérez Yoma en Icare. El empresariado acogió de inmediato la iniciativa, atrasada como está en la agenda nacional, aunque es difícil que en esta pasada se pueda sacar a la Alianza y los parlamentarios descolgados de las dos coaliciones del “engolosinamiento” en que se hallan, con la conquista de una mayoría que no se consiguió en las últimas elecciones.
Como nunca, le pesa al actual Gobierno su período de apenas cuatro años, en los que algunas de sus iniciativas importantes fueron hasta ahora más bien reactivas. Espacios para acuerdos va a haber, pero ellos estarán inexorablemente supeditados al interés electoral de los partidos. Lo prueba la prisa con que RN reaccionó frente al alza de los planes en la salud privada, lo que indujo a la UDI se declararse dispuesta a estudiar con el oficialismo una enmienda a la ley de Isapres.
Es en otra iniciativa legal -la sustitución de la Loce del régimen militar por una nueva Ley General de Educación- en que parecen calzar el proyecto “colectivo” de la clase política y el “personal” de la ministra Provoste. Ella pidió a los diputados oficialistas de la Comisión de Educación que no supediten el trámite parlamentario al libelo en su contra. Que su salida del ministerio deje la estela de la nueva ley, como testigo de la injusticia de la operación opositora.
La permanente exposición mediática de cada uno de los últimos días de la ministra –fin de semana incluido- no ha hecho sino esforzar su condición de víctima. No sólo porque ella quiera victimizarse. De hecho lo está y los medios no pierden oportunidad de mostrarla montada a caballo como cuasimodista, orando y recibiendo a conspicuos visitantes en un recinto religioso, transportando allí en silla de ruedas a un niño impedido, y dirigiéndose en taxi al ministerio y La Moneda. Todo lo cual se agrega a sus pasadas invocaciones a su condición de mujer diaguita e hija del esfuerzo.
Que esto la convierta en carta política, con puesto público o no, no debiera hacer perder de vista lo más importante: la capacidad para dirigir un ministerio complejo y gravitante en la vida de los gobernados. Si la suspendida titular de Educación mostró suficiente manejo político ello no debiera bastar, ya que también se necesitan dotes ejecutivas y administrativas y talento para aprehender materias técnicas y de alta especialización. En “la calle” se escuchan muestras de simpatía a la ministra perseguida y, al mismo tiempo, referencias a su calidad de profesora de Educación Física, aludiéndose a las competencias que debe exhibir una alta autoridad.
Esto revela la existencia de prejuicios que pueden entreabrir las puertas de la discriminación, pero expresa también una exigencia ciudadana que coincide con las propuestas del ministro Pérez de construir un mejor Estado. Porque, al fin y al cabo, son la incompetencia y el desorden los que hacen propicia la ocasión para que se cometan actos corruptos y de faltas a la probidad. Y eso implica una responsabilidad política que en esta coyuntura la oposición ha querido exacerbar por un proyecto “colectivo” propio.