Santiago.- Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno que no reprima las manifestaciones pacíficas después de que, según denuncian, la policía agrediera a varias activistas que protestaban contra la prohibición de dispensar la “píldora del día después” en el sistema de salud pública. Según informó en un comunicado, la organización envió una carta “de enérgica protesta” al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, en la que denuncian que los Carabineros apelan “cada vez con más frecuencia a la fuerza desproporcionada” para reprimir las manifestaciones.
En esa carta, AI solicita al ministro que emita las órdenes necesarias para que la policía evite el empleo de la fuerza durante las manifestaciones pacíficas, estén o no autorizadas, y para que en el caso de concentraciones violentas empleen medidas disuasorias que impliquen el menor grado de fuerza posible.
Asimismo, exige que se informe a la población de las atribuciones de los Carabineros en este tipo de actuaciones y que los responsables de posibles abusos reciban la sanción correspondiente.
AI se refirió al enfrentamiento entre Carabineros y activistas que el pasado 3 de abril se concentraron frente al Tribunal Constitucional, en Santiago de Chile, para protestar por la decisión de ese órgano de prohibir la entrega gratuita de la “píldora del día después” en los consultorios.
El TC publicará el 22 de abril el fallo sobre esa resolución, aunque la semana pasada emitió un comunicado en el que adelantaba esa decisión después de que la prensa filtrara parte de su contenido, lo que desató indignación y protestas entre amplios sectores del país.
La decisión de prohibir la píldora, que la Iglesia Católica y sectores conservadores consideran abortiva, supone un revés para el Gobierno de Michelle Bachelet, quien impulsó esta medida en septiembre de 2006 como parte de una política para reducir las elevadas tasas de embarazos entre las jóvenes del país.
Según AI, varias activistas de esa organización participaron en la protesta del día 3, que acabó con la detención de veinte personas después de que la policía interviniera para mantener el flujo del tránsito y porque la manifestación no estaba autorizada, según indicó entonces el comandante de Carabineros de la Prefectura Central, Sergio Uribe.
El director ejecutivo de AI en Chile, Sergio Laurenti, indicó que la reiteración de estas actuaciones policiales “podría hacer pensar que dicha práctica está sostenida en la autorización política para reprimir la libertad de reunión y expresión”.
Asimismo, exige que se informe a la población de las atribuciones de los Carabineros en este tipo de actuaciones y que los responsables de posibles abusos reciban la sanción correspondiente.
AI se refirió al enfrentamiento entre Carabineros y activistas que el pasado 3 de abril se concentraron frente al Tribunal Constitucional, en Santiago de Chile, para protestar por la decisión de ese órgano de prohibir la entrega gratuita de la “píldora del día después” en los consultorios.
El TC publicará el 22 de abril el fallo sobre esa resolución, aunque la semana pasada emitió un comunicado en el que adelantaba esa decisión después de que la prensa filtrara parte de su contenido, lo que desató indignación y protestas entre amplios sectores del país.
La decisión de prohibir la píldora, que la Iglesia Católica y sectores conservadores consideran abortiva, supone un revés para el Gobierno de Michelle Bachelet, quien impulsó esta medida en septiembre de 2006 como parte de una política para reducir las elevadas tasas de embarazos entre las jóvenes del país.
Según AI, varias activistas de esa organización participaron en la protesta del día 3, que acabó con la detención de veinte personas después de que la policía interviniera para mantener el flujo del tránsito y porque la manifestación no estaba autorizada, según indicó entonces el comandante de Carabineros de la Prefectura Central, Sergio Uribe.
El director ejecutivo de AI en Chile, Sergio Laurenti, indicó que la reiteración de estas actuaciones policiales “podría hacer pensar que dicha práctica está sostenida en la autorización política para reprimir la libertad de reunión y expresión”.
Asimismo, incidió en que tanto la administración del Gobierno como las fuerzas de Carabineros “son sostenidas por el erario público para garantizar los derechos y no para reprimir su ejercicio”.