Como hasta ahora las viviendas nuevas que se ofrecen en el mercado no pagan IVA, todos aquellos que pertenecen al 5% más poderoso del país se dan el lujo de comprar viviendas subsidiadas en la nieve, en el lago, en la playa y en las zonas agrícolas para ir los fines de semana a sus parcelas de agrado y también las compran en las ciudades para arrendarlas, ya que estos rentistas, si los inmuebles son “viviendas económicas” DFL2, cuentan con la garantía de no considerar los ingresos monetarios que ellas les generan en la declaración anual de sus impuestos.
Enterados de esta inequidad, que también es conocida por los parlamentarios, por quienes se desempeñan en el aparato público y por todos aquellos que se desenvuelven en el mundo de los negocios, en la Comisión de Hacienda propusimos una modificación tributaria de fondo para que así el Estado, cumpliendo su rol, ayude sólo a los más vulnerables y a quienes lo requieran. Expresamos a los senadores que era indispensable focalizar el subsidio a la demanda, vía bono, cuyo monto debe relacionarse con el precio de la vivienda y por una vez a cada receptor, solo para las personas naturales que adquieran viviendas para ser ocupadas por ellas mismas. La idea es que todas las viviendas estén afectas a IVA, entre otras cosas, para evitar utilizaciones engañosas con la emisión de facturas.
En Chile se construyen anualmente unas 125.000 viviendas y hasta ahora la recuperación del IVA correspondiente a una vivienda social de UF 500 alcanza a UF 47, en circunstancias que para una vivienda de UF 10.000 alcanza a UF 645. Luego, el Estado ayuda en casi 14 veces más a quienes no necesitan el subsidio (sic). Esta abismante diferencia desmiente la oportunista aseveración “ayudar a la clase medida” propalada por los promotores del mantenimiento de la exención tributaria.
En todo caso y para que se adopten las decisiones que correspondan, informamos que los decisorios políticos cuentan con un estudio en donde se concluye que del total de la exención tributaria del IVA aplicada a las empresas constructoras, un 19,4% de ese monto benefició a los compradores de viviendas sociales, un 34,7% a sectores de ingresos medios y el 45,9% restante a los adquirentes de viviendas que podríamos llamar de lujo.
Así las cosas, esperamos que el gobierno y la oposición, en función de mejorar y hacer más justa la tributación, acuerden las modificaciones legales para terminar con el enriquecimiento ilegítimo de la industria, centrando el subsidio -vía bono- a los demandantes de viviendas, incluso manteniendo el beneficio adicional que tienen todos los compradores que se acogen a créditos hipotecarios, con lo cual descuentan de sus declaraciones anuales de impuestos una parte de los 12 dividendos mensuales por todo el período del servicio de la deuda.
Veremos si Andrés Velasco, ministro de Hacienda, toma la decisión correcta y modifica la estructura tributaria en este sector para que los beneficiados por el Estado sean sólo los sin casa.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”