La ministra en el ruedo, los frescos en el bar

En medio del veraneo, una onda salpicó repentinamente la playa de la política. Una auditoría del organismo contralor de la República había detectado 262 mil millones de pesos no aclarados,  por atrasos y errores, en las cuentas de subvenciones del Seremi metropolitano de Educación. ¿Un nuevo foco de corrupción gubernamental? Los voceros de turno de la oposición así lo dejaron creer y el de La Moneda – uno de los pocos ministros que quedó en funciones- optó por tratar de sacar el problema de palacio y radicarlo en el ministerio correspondiente.

Pero la titular de éste había iniciado sus vacaciones y pese a los llamados a que las suspendiese –incluso de algunos correligionarios DC- tardó en “dar la cara”.  Cuando ella intentó situar el problema en sus justos términos, la ola ya estaba lo suficientemente crecida como para que los dirigentes opositores vieran ante sí un regalo del mar, susceptible de freir  en la sartén constitucional, a través de una acusación a la ministra.

Si los funcionarios metieron también las manos y no sólo los pies es una distinción que a estas alturas no tiene mucho efecto político. Porque la percepción pública predominante es que el gobierno muestra debilidad frente al problema de la corrupción: así lo estima el 71, 3 por ciento de los consultados en febrero por Adimark, situando el ítem como la segunda fuente de preocupación pública de los chilenos, después de la delincuencia y antes que el Transantiago.

Esto facilita el trabajo de la Alianza, empeñada en una guerra sin cuartel contra la Concertación, con vistas a los tres comicios electorales que se avecinan. Los parlamentarios opositores no tienen que demostrar nada, sólo exhibir a la ministra a la defensiva, someterla a exhaustivas sesiones y sacar partido  tanto al sentido común -“quien se excusa se acusa”- como al implacable aserto criminológico: las explicaciones largas sólo complican a los imputados.

Algo similar puede ocurrir en las entrevistas periodísticas, donde las precisiones administrativas y legales no sirven: si las preguntas van al hueso, las respuestas deben ser precisas, ágiles e imaginativas.

En el caso de las subvenciones, ciertos gestos de la autoridad resultaron, además, difíciles de digerir, como la suspensión impuesta al seremi Alejandro Traverso, en circunstancias de que éste renunció, después de que la Contraloría recomendara su destitución y ciertos dirigentes concertacionistas le quitaran piso partidario al técnico experimentado, pero también reconocido operador político.

Todavía más: si quienes metieron las manos son ciertos sostenedores educacionales, el argumento de que algunos empresarios del rubro lucran con el dinero de los chilenos se convierte en un boomerang contra los responsables públicos. Ellos faltaron a sus deberes y la falta de medios es parte de la carga del servicio administrativo, que impone sacrificios e incomprensiones que cuesta imaginar. Sobretodo  cuando el rostro que se graba en los usuarios es el del empleado displicente que, parapetado tras un mesón, los manda a comprar huevos a otra parte.

Más allá de las pasiones e intereses contaminantes, lo urgente es dotar de medios tanto a las reparticiones públicas como al ente contralor. De eso se trata justamente la modernización del Estado en que se avanza menos rápido de lo necesario. Los parlamentarios en general parecen mostrar más fruición en sus labores de fiscalización y denuncia que en estudiar y legislar, achacándole todos los atrasos en la agenda pública al Ejecutivo, porque él detenta el verdadero poder de iniciativa. Ya se sabe que los “frescos” abundan en la actividad pública y privada, y hay que estar atentos a todos los focos de corrupción. Pero si la Contraloría da garantías de un trabajo riguroso, pese a que también tiene déficit de medios, el Congreso no las da tanto: sus miembros se mueven también por intereses electorales y partidarios.

En esa lógica, la acusación constitucional a la ministra Yasna Provoste ya estaba decidida antes de que ella compareciese a la comisión educacional de la Cámara. No abona la justeza de la movida opositora el que se sumen miembros que pertenecieron o pertenecen al partido de aquella: eso termina por añadirle aún más ingredientes extra al pastel.

Mientras tanto, los aprovechados de siempre siguen cobrando (¿y desviando?) cheques, amparados en el  desorden y la falta de controles. Por ejemplo, el sistema permite que un niño se matricule en varios colegios, antes de que se decida en cuál quedará. Aunque estudie en uno solo, los otros también pueden cobrar por él.

Lo verdaderamente importante es que situaciones tales no se produzcan más. Si el largo proceso de reforma educacional lo seguirá encabezando o no la actual ministra es de una importancia que tiende a diluirse en el juego que se desató: entre una Presidenta que quiere conservarla y una oposición que busca que su cabeza ruede, como una demostración de poderío ante un electorado que no se decide aún por la alternancia.